"Gasnor está obrando de manera ilegítima"

Así lo advirtió el ombudsman Jorge García Mena, quien pidió a la Justicia que exhorte a la distribuidora a cumplir con el fallo que frenó el tarifazo dispuesto por un decreto nacional.

Pese a que está en plena vigencia un fallo de la Justicia Federal con asiento en Tucumán que frenó el aumento en las boletas de gas impuesto por un decreto de la Nación, la empresa distribuidora, Gasnor S.A, mira para otro lado y se niega a acatar esa disposición.

Además de seguir emitiendo las facturas con el recargo, que ronda entre un 200 y un 300 por ciento, desde hace unos días la firma comenzó a enviar "Avisos de Deuda" a los usuarios que, amparados por la sentencia dictada el pasado 17 de abril por el juez Mario Racedo, no pagaron dicho incremento.

Frente a este atropello, el ombudsman Jorge García Mena informó que envió una nota al magistrado federal, "solicitándole que intime a la distribuidora a acatar el fallo, a dejar de intimidar a los usuarios con notas amenazantes y a desistir en una actitud que busca desnaturalizar una decisión judicial".

El defensor del pueblo fue terminante a la hora de calificar el accionar de Gasnor S.A. "La empresa está obrando de manera totalmente ilegítima, porque se niega a acatar una cautelar dispuesta por la Justicia. Pero, lo más grave, es que Gasnor, siendo simplemente un agente de percepción de ese aumento, que fue dispuesto por el decreto 2067 de la Nación y luego frenado con una cautelar de la Justicia, está intimidando a la gente con avisos de deuda", sentenció García Mena, en declaraciones a EL SIGLO.

Además, consideró que "así como la empresa informa que existe esa deuda, también debería aclarar en las boletas que hay un fallo que favorece a los usuarios y que, en caso de que hayan pagado con el aumento, se les devuelva ese dinero, además de los impuestos e intereses".

Debido a que las boletas del tercer bimestre llegaron con el aumento dispuesto por decreto a muchos hogares tucumanos, García Mena recomendó a la gente "que "concurra a pagar el servicio a Gasnor y deje bien en claro que solo está dispuesta a abonar por el consumo de gas y no el aumento de este decreto, que es totalmente inconstitucional". Por otro lado, adelantó a este matutino que la próxima semana, junto a las defensorías de Jujuy, Santiago del Estero y Salta "se hará una presentación ante el Ministerio de Planificación solicitando que los distritos del NOA sean exceptuadas de este aumento, como se hizo con otras 11 provincias, incluida Buenos Aires".

Al respecto, sostuvo que "la Nación debe ser contemplativa con los habitantes del Norte del país, que tienen salarios promedios muy inferiores a los de otras provincias y, según las estadísticas, familias más numerosas, que hacen incrementar el consumo, entre otros factores que demuestran que en la región no estamos en condiciones de afrontar este tipo de aumentos".

El aumento

En noviembre del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó el decreto 2067, mediante el cual se creó un Fondo Fiduciario con el que se atenderán las importaciones de gas natural y otras medidas necesarias "para abastecer el consumo interno y la continuidad del crecimiento del país y sus industrias".

Dicho fondo, al cual la Nación pretende integrar unos 1.400 millones de pesos, se creará aplicando recargos a aquellos usuarios que consumen más de 700 metros cúbicos anuales, medida que en Tucumán afectaría a aproximadamente 50 mil familias.

La Defensoría del Pueblo realizó una presentación reclamando que el decreto sea declarado inconstitucional, por considerar que el mismo no especifica el destino de esos recursos y, fundamentalmente, porque se genera una falta de equidad con la aplicación de los recargos, que son superiores a los del propio consumo. Además solicitó una acción cautelar, para frenar la aplicación del decreto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

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