Garzón de Lascano, complicada en Consejo de la Magistratura.

El oficialismo impulsa acusarla por el fallo que prohibió anticonceptivos
La situación de la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano ante el Consejo de la Magistratura podría complicarse si avanza en la comisión de Disciplina un dictamen acusatorio en el que trabaja el diputado oficialista Carlos Kunkel, a raíz de la denuncia por "mal desempeño de funciones y prevaricato".

Esa denuncia fue presentada luego del fallo por el que la funcionaria prohibió la comercialización y distribución nacional de determinados anticonceptivos por considerarlos abortivos.

El caso está paralizado desde principios de año, cuando el instructor del expediente, el senador radical Ernesto Sanz, presentó ante la comisión un dictamen en el que desestimaba el pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza, impulsado en mayo de 2003 por una docena de diputados nacionales y asociaciones civiles que le imputaron "falta de independencia y parcialidad a favor de grupos fundamentalistas que pretenden arrogarse la representación de la sociedad".

Fuentes de la comisión señalaron a este diario que Kunkel pidió una postergación del tratamiento del expediente porque estaba elaborando un proyecto alternativo que, se estima, impulsaría la acusación de la magistrada. Sin embargo, la demora del legislador y las dificultades que existen en la comisión para lograr quórum vienen demorando una definición sobre Garzón de Lascano.

La polémica medida cautelar que puso a la jueza en la mira del Consejo de la Magistratura fue dictada en mayo de 2003 a raíz de un amparo presentado por la entidad católica 25 de marzo para que se prohibiera la comercialización y distribución de anticonceptivos que contuvieran drogas consideradas "abortivas" por esa ONG. Así, Garzón de Lascano ordenó al Ministerio de Salud que impidiera la fabricación y venta en todo el país de esas píldoras y también la de los Dispositivos Intrauterinos (DIU) que contuvieran cobre o progesíngeno.

La imputación ante la comisión de Acusación y Disciplina no tardó en producirse y fue presentada por el entonces diputado provincial Eduardo García, varios legisladores nacionales, entre ellos Rubén Giustiniani, Oscar González, Ariel Basteiro y Jorge Rivas, y la Asociación Civil por el Derecho a Decidir, entre otras entidades defensoras de las políticas de salud sexual y procreación responsable.

El expediente y los acumulados correspondientes a este caso, vienen encabezando el orden del día de las reuniones de la comisión desde hace varias semanas pero nunca llegan a ser tratados: "En lo que va de mayo no tuvimos ninguna reunión de comisión porque varios de los consejeros no están concurriendo" explicó una fuente, que no desestimó la posibilidad de que la ausencia de los integrantes del cuerpo se deba a la campaña.

Hasta el momento ésta es la única denuncia contra Garzón de Lascano que se instruye en el Consejo, ya que los voceros consultados rechazaron que exista una acusación concreta contra la magistrada por su supuesto pasado como secretaria de un Juzgado Federal de Córdoba durante la dictadura.

Su nombre apareció mencionado, sin embargo, en el expediente en el que se estaba investigando al ex juez Carlos Otero Álvarez, quien renunció el 1 de mayo, en momentos en que pensaba citárselo para realizar su descargo ante la comisión.

El 24 de abril, Kunkel pidió una ampliación de la investigación para que se tomen medidas de prueba contra otros funcionarios judiciales que pudieran haber ocupado cargos durante la dictadura, entre ellos Garzón de Lascano, aunque por ahora el caso no prosperó.

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