Finalmente, trabajadores precarizados de la empresa Esur presentaron una pesada denuncia penal que involucra a los principales directivos y personal ejecutivo de la empresa de recolección de residuos. A saber: Ricardo Alberto Molina (presidente del directorio), Gabriel José Suárez (vicepresidente) y Juan Terrulli (vicepresidente suplente y gerente general). Eso no es todo, en la denuncia también se solicita que se investigue al intendente de La Plata, Julio Garro, y a la directora municipal de Cooperativas, Ileana Cid. A todos ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

La demanda lleva el número 12381/17 de Instrucción Penal Preparatoria (IPP) y ya tramita en la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 7 de La Plata, a cargo de Virginia Bravo. Según pudo saber diario Hoy, desde el Ministerio Público, en los próximos días, solicitarían una serie de informes a la compañía y al área contable y de presupuesto de la Municipalidad. Una vez que se obtengan los datos requeridos, se realizaría una serie de peritajes contables y ambientales.

La denuncia de los cooperativistas, patrocinados por el abogado Ricardo Bradley, va a al corazón del polémico acuerdo firmado el año pasado por el intendente Julio Garro y los responsables de la empresa Esur. El “arreglo” le permitió a la empresa aumentar sus ingresos mensuales un 54% (pasó de 33 a 51 millones de pesos) y se instrumentó a través de una adenda (término que se utiliza cuando las partes modifican, amplían o definen términos de las obligaciones que han contraído sin necesidad de realizar un nuevo contrato). Cabe destacar que el convenio con Esur se encuentra vencido y fue prorrogado hasta junio de este año, bajo la promesa del intendente de convocar a una licitación nacional e internacional, algo que hasta el momento no ocurrió. 

“La mentada adenda habría quedado plasmada en el decreto del Departamento Ejecutivo Nº 193/2016, que fue convalidado por Ordenanza Nº 11.461 del Concejo Deliberante, en sesión extraordinaria del 7 de diciembre de 2016, nueve meses después de la firma del decreto. Ha sido imposible acceder a la publicación de dicho decreto del Poder Ejecutivo”, se afirma en la denuncia.

La presentación de los trabajadores remarca que el “nuevo” acuerdo establecía la incorporación al servicio de recolección de 2.000 nuevas cuadras, un 15% más respecto al total previsto en el anterior contrato. Asimismo, se incorporó la recolección de residuos denominados “no habituales”. Por su parte, la Municipalidad se comprometió, según la cláusula sexta, a “designar” personal recolector, denominado “bolsero”, proveniente de cooperativas. “La em­presa se habría comprometido a incorporar herramientas, camiones y limpiadoras de calle. Sin embargo, esto no se habría verificado en los hechos, siendo la propia Municipalidad la que ha debido, por caso, adquirir camiones a través de empréstitos contraídos con la Banca Provincial”, señalaron los denunciantes.

En ese sentido, un aspecto clave del oscuro entramado sería el régimen de trabajo semiesclavo en el que se encuentran inmersos los cooperativistas. Ello le habría permitido a la empresa, según consta en la demanda, quedarse indebidamente con una plusvalía millonaria.

“Un trabajador de recolección de residuos bajo convenio colectivo de trabajo (40/89) percibe un salario básico a septiembre de 2016 de $10.500 más adicionales allí previstos. Esto da un total promedio aproximado de $18.000 de salario bruto por cada trabajador”, se agrega en la demanda. Ahora bien, los cooperativistas derivados por el Municipio perciben apenas $6.000 en negro, cifra que incluye $2.000 aportados por Esur en concepto de presentismo. Es decir, ganan apenas un tercio de lo que deberían percibir y además tanto la compañía como el Municipio incumplen con prácticamente todas las disposiciones del convenio colectivo en lo referido a horarios de trabajo, extensión de las tornas nocturnas, comida, capacitación, descanso y medidas de seguridad.

“En lo que concierne expresamente a la cuestión laboral, Esur ha tenido un ahorro ilegítimo mínimo de más de $38.000.000 en tan solo un año, sin considerar otras cargas elementales previstas en el Convenio Colectivo 40/89. Ello sin contar con el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la adenda, incorporación de camiones, maquinarias varias, como así también otros equipos, y la ausencia o ineficiencia en la prestación del servicio”, concluyeron los denunciantes.

Protesta de trabajadores despedidos

En momentos en que se formalizaba la presentación de la demanda penal, otro grupo de cooperativistas ligados a Esur se presentó en la puerta de la Municipalidad para denunciar trabajo esclavo, precarización laboral y más de 70 despidos sin junta causa.

Al no obtener respuesta por parte del intendente, los cooperativistas despedidos realizaron una manifestación pacífica en la puerta del palacio municipal, y entregaron folletos a los transeúntes para que la comunidad tome conciencia sobre las condiciones en las que estaban trabajando.

En relación al reclamo, Gabriel González, uno de los despedidos, explicó: “Pese al negocio millonario que el intendente tiene con la empresa Esur, no se quieren hacer cargo de los 70 laburantes a los que nos prometieron poner en blanco después de tres meses trabajados. Pero después de un año y pico de explotación y trabajo en negro, nos dejaron en la calle”.  

“Alzábamos alrededor de 11.000 kilos de basura por día. Nosotros no somos robots, somos humanos. Hay compañeros herniados, otros pinchados con agujas y uno que se quebró la pierna en tres partes y la obra social no lo cubre. Este trabajo es inhumano”, afirmó González. Cabe recordar que, el año pasado, ante la falta de respuesta del Municipio y de Esur, un trabajador decidió prender fuego su cuerpo, falleciendo una semana después.

Un mal servicio que se paga “dos veces”

En la demanda presentada por los cooperativistas patrocinados por Bradley se afirma que “los ciudadanos de La Plata pagan el servicio de recolección dos veces. Por un lado, abonan un canon adicional de $18.000.000, por la incorporación de supuestas 2.000 cuadras, pero a su vez, es la propia Municipalidad la que asume el pago de los salarios, de más de 400 trabajadores, y se endeuda para adquirir camiones y maquinarias, mientras Esur SA solo gerencia el servicio sin incorporar mayores equipos ni afrontar los costos laborales tal como fueron presupuestados”.