Presentará un amparo para que se reconozcaa las autoproclamadas nuevas autoridades.
En la conflictiva asamblea estuvieron presentes, en representación de Personas Jurídicas, José Prieto y Guillermo Ibañez, mientras que la escribana Beatriz Valdéz certificó todo lo ocurrido.
Estos elementos son lo que el sector que representa a Garayo cree que jugarán a su favor. “Ellos constataron que nosotros continuamos la asamblea con mayoría de 51 delegados”, aseguró Torrealday. A su vez, indicó que otra de las cuestiones que jugarían a favor es que él y Miguel Blok eran los encargados de validar la asamblea, donde, además de designar un nuevo presidente, se convalidó en sus cargos a los síndicos.
Desde los dos sectores se lanzaron acusaciones. Quienes todavía sostienen ser la conducción de CALF (es decir, los que responden a Lepén) aseguran que Garayo habría condonado, el 30 de abril del año pasado, 10 millones de pesos al gobierno provincial y que la intención de este sector es “privatizar las cooperativas de la provincia”. Del otro lado se señala que revisarán todo lo actuado hasta el momento, dado que sostienen que se concretaron acciones sin pasar por el Consejo de Administración y que se firmó, por ejemplo, un acuerdo con la Cooperativa de Plottier del que se desconoce su contenido.
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