Garantizan “estabilidad jurídica” a empresas que inviertan en Salta

El gobernador Juan Ma-nuel Urtubey envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley con el que pretende atraer y ampliar la inversión privada en la provincia pero que promete despertar la polémica.
Se trata de la Ley de Estabilidad Jurídica que pretende garantizarle a las empresas que inviertan en Salta que no se van a ver afectadas por eventuales modificaciones a las normas vigentes.

El proyecto establece que aquellas compañías cuya inversión genere más de 100 puestos de trabajo y firmen un contrato con el Estado, serán inmunes a las modificaciones legales tanto provinciales como municipales que consideren "determinantes" para la inversión.

“Queremos garantizarle a las empresas que no va a venir un funcionario y cambiarles la reglas de juego”, explicó a Nuevo Diario el senador provincial Fernado Yarade.

Además, opinó que “no ata de manos a la Legislatura”, que de todas formas va a tener la posibilidad de aprobar normas que afecten a las empresas en cuestión.

“Lo que pretendemos es que sea mediante un debate y no por la decisión de un funcionario”, aclaró.

Podrán adherir a la ley tanto inversores nacionales como extranjeros, siempre que realicen nuevas inversiones o amplíen las existentes. Se aceptan todo tipo de inversiones con fines productivas, excluyendo las "financieras especulativas".

Las normas "determinantes" para la inversión serán definidas de antemano y en forma taxativa por la empresa. Siempre que el inversor cumpla con los plazos de inversión, el pago al día de impuestos y el mantenimiento de las fuentes laborales, será inmune a las eventuales modificaciones que pudieran sufrir las normas "determinantes".

La autoridad de aplicación sería la Agencia de Promoción de la Provincia de Salta.

Inconstitucional

El abogado y dirigente radical, Carlos Saravia, no sólo consideró "inconstitucional por lejos" a la iniciativa, sino que la calificó de "grosera".

Saravia evaluó que su aprobación iría en contra del precepto constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley: un incremento de impuestos afectaría a toda la población, menos a los inversores que firmaron los "contratos de estabilidad jurídica".

El letrado calificó de "tremendo" que el gobierno pretenda que una empresa pueda "traspasar el marco legal".

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