Parte del peronismo mira con buenos ojos la posibilidad de que se modifique el sistema de sanciones a magistrados y se incluyan opciones intermedias, a diferencia de hoy que sólo se elige entre absolver o destituir.

El apoyo al pedido del gobernador, Alfredo Cornejo, se suma al del Ministerio de Seguridad y la Procuración General de la Suprema Corte.

El pedido surgió con el enojo de Cornejo por el freno al jury contra el fiscal Fabricio Sidoti, por no encarcelar al padre de Ayelén Arroyo antes de su muerte. Ante la consulta, el procurador general, Alejandro Gullé, afirmó que le parecía “absolutamente razonable” que se dispusiera de sanciones intermedias.

Ayer, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de Diputados discutía la unificación del Código Procesal Penal y apareció este tema. Justo estaban el ministro de Seguridad, Gianni Venier, y la coordinadora de la Procuración General, Teresa Day, que coincidieron con la posibilidad de incluir cambios. 

Incluso, Day comentó antecedentes en que el Jury definió que la Suprema Corte debía aplicar una sanción intermedia porque no correspondía la destitución, pero tampoco la absolución lisa y llana. Si bien ahora el procurador general puede sancionar, la funcionaria sostuvo que una cosa es el Jury y otra la sanción administrativa. Venier aportó que en una reforma incluiría “más elementos objetivos legales”, como motivos para ir al juicio.

Desde el peronismo, Claudia Segovia expresó que veía “totalmente útil” una reforma, aunque deben analizar la letra chica. La abogada entiende que las sanciones intermedias servirán como una advertencia y que no es bueno que hoy se defina entre sacarlo o dejarlo. “Hay magistrados con un trabajo excelente de toda una vida. ¿Por un error hay que destituirlo?”, se preguntó. 

Concretamente, hay un proyecto de ley que ya tiene sanción del Senado desde marzo de 2014. Sus autores son Juan Carlos Jaliff (UCR) y el ex senador del PJ Fernando Simón, hoy fiscal de Estado. Al preguntarle si se pasará del dicho al hecho, Jaliff se limitó a decir: “Supongo que sí”.

El compromiso del oficialismo es pasar el texto a los diputados para que la semana que viene lo analicen en comisión. De lograrse la reforma, podrán aplicarse sanciones como apercibimiento, inhibición para concursar cargos, suspensión temporal y multas.