Ganadores y perdedores en el nuevo mapa de radio y TV

Ganadores y perdedores en el nuevo mapa de radio y TV
El proyecto limita con fuerza a los multimedios, ya que no podrá ser propietario de un canal de televisión abierto quien brinde cable, y viceversa. Las empresas de servicios públicos podrán ofrecer triple play.
La presidenta Cristina Kirchner presentó el miercoles el proyecto que reemplazará a la Ley de Radiodifusión. El Gobierno trabaja en el articulado desde hace más de un año, cuando estalló el conflicto del campo y comenzó a enemistarse con el Grupo Clarín. La primera mandataria afirmó que hay un plazo de 60 días para realizar un debate público sobre el tema, aunque no se especificó la metodología. Luego ingresará al Parlamento para su tratamiento. Será tras las elecciones legislativas, antes de que se renueven ambas Cámaras. El Gobierno asegura que así garantizará “polifonía de voces” en los medios. Los principales multimedios y la oposición hablan de un intento de control.

¿Cuáles son los principales cambios que propone el proyecto de ley?

A diferencia de la Ley de Radiodifusión, limita a los multimedios, ya que, entre otras cosas, impide a los dueños de canales de aire ser propietarios de cables en la misma área geográfica en la que operan.

Regula con más fuerza a los canales de televisión por suscripción (cable, etc.), impidiéndoles operar en más de 24 localidades a la vez. No les permite tener más de 35% de abonados sobre el total nacional.

Reserva un 33% del espacio radioléctrico para canales y radios de organizaciones sin fines de lucro, como sindicatos e iglesias, que hasta ahora no podían ser propietarios de licencias para operar canales de televisión y radios.

Permite a las empresas de servicios públicos, como las telefónicas, brindar servicios de televisión.

Crea una autoridad regulatoria que revisará cada dos años las condiciones en que se entregan las licencias.

¿A qué tipo de empresas regulará la nueva ley?

A los audiovisuales y de radiodifusión, es decir, a los canales de televisión de aire y pagos (como el cable) y las radios.

Las productoras que generan señales de televisión (como TN o C5N) o contenidos (como los que por ejemplo hace Ideas del Sur) deberán registrarse y tener una licencia. También las agencias de publicidad.

El proyecto del Gobierno define Comunicación Audiovisual “a la actividad cultural cuya responsabilidad editorial corresponde a un prestador de un servicio de comunicación audiovisual, o productor de señales o contenidos cuya finalidad es proporcionar programas o contenidos con el objeto de informar, entretener o educar al público en general a través de redes de comunicación electrónicas”.

La definición de Comunicación Audiovisual es muy amplia: “Comprende la radiodifusión televisiva hacia receptores fijos y móviles (...)”. Algunos especialistas, como el ex secretario de Comunicaciones Henoch Aguiar, creen que los contenidos audiovisuales de una página web pueden ser alcanzados por la normativa, de acuerdo con esta definición.

¿Quiénes podrán ser dueños de canales de televisión y de radios?

El proyecto abre a las empresas de servicios públicos, como las telefónicas o las distribuidoras de electricidad, a tener licencias para televisión y radio. También reserva un espacio para organizaciones sin fines de lucro, como cooperativas, sindicatos e iglesias. Prohíbe a los funcionarios de gobiernos de facto ser titulares de licencias de radiodifusión. Las empresas que tengan capital extranjero en más de 30% de su paquete de acciones no podrán ser dueñas de canales o radios, a menos que, como ocurre ahora, el origen de los capitales sea de países con los cuales la Argentina tiene tratados de reciprocidad que otorguen idéntico beneficio a los argentinos con el país. En todos los casos, los propietarios de medios deberán demostrar el origen de los fondos comprometidos en la inversión a realizar.

¿Qué nuevos límites tendrán los multimedios?

Además de que no podrán tener un canal de aire y compañía de cable a la vez y en el mismo lugar, a nivel nacional no podrán operar más de diez licencias para radio y televisión. La actual ley limitaba a 24 la cantidad de licencias. Como máximo, una compañía de cable podrá operar en 24 localidades y nunca podrá tener más de 35% de los abonados en todo el país.

A su vez, en una misma área geográfica, un mismo propietario podrá operar una AM y hasta dos radios FM. La actual ley lo limita a una AM y una FM.

¿Qué grupos de empresas ganan con la nueva ley?

Telefónica, Telecom y DirecTV están entre los principales ganadores. A las telefónicas se les tenía prohibido su ingreso al mercado de radiodifusión por ser las herederas de ENTEL, el monopolio estatal de telecomunicaciones. El proyecto del Gobierno deroga esas disposiciones. De esta manera, las telefónicas quedan habilitadas para sumar el servicio de televisión paga a sus redes. Para hacerlo, deben formar compañías que mantengan cuentas separadas con su negocio original, de manera de evitar subsidios cruzados. A su vez, esas compañías deberán cumplir con los condicionamientos sobre capitales extranjeros y no tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras, como Telefónica tiene en España y otros países de América latina. O como deslizaron fuentes del mercado: “La autorización quedará a la interpretación del nuevo Comfer”.

Telefónica deberá vender sus canales de aire, entre ellos Telefe, si opta por lanzarse al triple play. Telefónica y Movistar facturaron el año pasado unos $ 11.700 millones. A eso hay que sumarle unos $ 800 millones por los ingresos de los canales de televisión que posee, de acuerdo con estimaciones de mercado. En caso de decidirse a vender esos canales para ofrecer TV por suscripción, podría incrementar su facturación en $ 1.200 millones, de acuerdo con lo que se estima en el mercado. La tarea no le resultará fácil, dada la alta penetración del cable que hay en la Argentina. Para recuperar lo perdido por los canales, Telefónica deberá realizar una agresiva política comercial. Telecom, en cambio, no es propietaria de medios aunque es controlada por italianos. En el mercado se asegura que el proyecto de ley gubernamental aumenta el interés de argentinos por controlar la compañía. DirecTV es una de las principales ganadoras, porque como operador satelital quedó exceptuado de cumplir con el máximo de 24 licencias para televisión paga y, con sólo una, cubre todo el país.

¿Qué grupos de empresas son los que más pierden?

Clarín deberá optar por quedarse con Canal 13 o Cablevisión-Multicanal. De acuerdo con el último balance de la compañía, el negocio del cable representa casi la mitad de sus ingresos. Además de desprenderse de sus canales de aire en el interior, deberá desinvertir en el negocio de televisión paga, ya que tiene 47% de los abonados del país y el proyecto de la nueva ley impone un tope de 35%.

Otro afectado será el Grupo Uno, de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, que son propietarios de varios canales de aire en el interior, donde además poseen Supercanal, la tercera red de cable del país.

El Grupo Prisa, dueño de radio Continental, deberá vender nueve de sus radios para cumplir con el máximo de diez licencias en todo el país. En situación similar se encuentra Cadena 3.

¿Las cooperativas y empresas de gas y electricidad pueden dar triple play?

Sí. Cualquier empresa de servicios públicos y cooperativas de ese sector pueden dar televisión y servicios de telecomunicaciones, evitando los subsidios cruzados para evitar precios por debajo del costo. En algunas localidades, deberán pedir además autorización a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para resguardar a los pequeños operadores de cable preexistentes.

¿Quiénes controlarán a los medios de comunicación?

La nueva ley creará la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dependerá de la Secretaría de Medios de la Nación que, a su vez, ahora depende de la Jefatura de Gabinete. Este organismo reemplazará al Comfer. Deberá aplicar la ley y a su vez “elaborar y actualizar la norma”. Tendrá un directorio de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos a propuesta de una comisión bicameral que se creará especialmente.

A su vez, se creará el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que asesorará a la Autoridad.

¿Habrá mayor presión sobre los medios de comunicación por parte del Estado?

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación revisará cada dos años las reglas por las que son otorgadas las licencias, su duración, criterios para ser licenciatarios, “con el objeto de resguardar la competencia y el interés público”, afirma el proyecto. Este punto es cuestionado por la oposición porque considera que, de esta manera, los licenciatarios tenderán a mantener una línea editorial acorde con el gobierno para mantener sus licencias.

Por otra parte, se cuestiona que buena parte de los artículos del proyecto son laxos y deben sujetarse a la reglamentación de la actual Secretaría de Medios, condenada por la Justicia por discriminar en la distribución de la pauta de publicidad oficial.

¿Qué se controlará de los medios de comunicación?

Además de quiénes son los titulares de las licencias y el origen de los fondos con los que se realizan las inversiones propuestas, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación controlará que los canales de televisión abierta y radio no sobrepasen los límites para emitir publicidad, que se mantienen en 12 y 14 minutos, respectivamente, por hora de programación. También que se cumpla con las cuotas de producción local y nacional.

¿Habrá producciones nacionales en las pantallas y en las

radios?

Las radios deberán emitir un mínimo de 70% de producción nacional. La mitad de la producción deberá ser propia. Más de 30% de la música deberá ser argentina. La Autoridad Federal puede eximir a radios temáticas.

Los canales de televisión abierta o por suscripción deberán exhibir el estreno televisivo de al menos seis películas nacionales por año. Dos de ellas pueden ser telefilms.

Los operadores de televisión por suscripción deberán tener como mínimo una señal local propia en cada localidad en la que presten servicios.

El proyecto asegura que se incentivará la producción nacional, pero no establece mecanismos de financiamiento, más allá del cine.

¿Se podrán ver los principales partidos de fútbol en

televisión abierta?

No necesariamente. El proyecto habla del derecho al acceso de contenidos informativos de interés relevante, de acontecimientos futbolísticos y de otro género. Dice que la Secretaría de Medios adoptará las medidas para que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos no perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo.

Establece que la Secretaría de Medios deberá elaborar un listado anual de estos acontecimientos que considera relevantes. Ese listado luego será sometido al debate en una audiencia pública.

En el artículo 68, el proyecto insiste en que los derechos de emisión o retransmisión no pueden limitar o restringir la libertad de información.

En el caso del fútbol, los derechos de transmisión se encuentran en manos de una empresa en la que participa el Grupo Clarín.

¿Qué es y por qué es tan importante el triple play?

El triple play es la posibilidad de dar tres servicios en un mismo paquete. Los servicios aludidos son telefonía, acceso a Internet de banda ancha y televisión paga.

El proyecto oficial para regular a los medios audivisuales y las radios no habla de triple play. Pero determina que las empresas de servicios públicos, como las telefónicas, pueden ofrecer televisión o radio.

De acuerdo a la consultora Carrier y Asociados, el triple play representa un mercado de $ 5.400 millones, ya que los usuarios se muestran predispuestos a recibir los servicios de televisión paga, acceso a Internet y telefonía de un solo operador.

Hay cableoperadores que ya ofrecen este tipo de servicios, ya que la desregulación del mercado de telecomunicaciones en el 2000 rompió el monopolio de Telefónica y Telecom.

En algunos países, optaron por permitir a las telefónicas entrar en el mercado de los medios, varios años después de que a los cableoperadores les permitieron ingresar al mercado de telecomunicaciones. Eso se hizo así porque se considera que las telefónicas son empresas muy grandes que no permiten el crecimiento de compañías pequeñas.

¿Puede haber modificaciones el proyecto antes de la sanción de la ley?

Sí. El proyecto se someterá a “debate público”, según el Gobierno, por 60 días. Luego ingresará al parlamento para su tratamiento. Los legisladores consultados por PERFIL creen que podría tratarse tras las elecciones. En todas estas instancias, el proyecto puede sufrir modificaciones.

¿Qué otros puntos del proyecto son los más

criticados?

Una de las cuestiones principales es que el proyecto deja en manos de quien lo reglamente la definición geográfica de licencias para los cableoperadores. En el mercado se teme que se limite la licencia a una localidad, cuando lo acostumbrado es que se extienda a un municipio, al menos.

Por otra parte, el proyecto otorga un año para que los peradores se adecuen a la nueva ley una vez reglamentada. En el mercado se asegura que como los grandes grupos de medios deberán deshacerse de los dos principales canales de televisión, eso les bajará el precio, mientras que las telefónicas se verán beneficiadas por la posibilidad de ofrecer un servicio que antes no podían brindar.

Otro de los aspectos novedosos de la ley es que las señales de cable deberán pedir autorización para funcionar, algo que antes no era necesario

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