Fundamentos del fallo Judicial sobre la salud

En tres aspectos principales se basa el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo para denegar el recurso de mandamiento de ejecución en contra del Poder Ejecutivo para que haga cumplir preceptos constitucionales que garanticen la prestación de salud en todo el territorio provincial.
En su parte resolutiva, el Tribunal sostiene expresamente ‘rechazar la reclamación ante el cuerpo, articulado por el Estado Provincial dada su manifiesta improcedencia. En mérito, confirmar la providencia en cuanto se le confiere traslado de la demanda’.

Luego, ‘hacer lugar a la falta excepción de falta de personería opuesta por la demandada en relación a los señores Mario Anastacio García, Francisco Oscar Casas e Isolda Calsina’ y ‘hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta en relación a los señores diputados... y en consecuencia, rechazar el mandamiento de ejecución, por ellos deducido en contra del Estado Provincial’.

En el primero de los casos, el Estado Provincial había cuestionado el corrimiento de traslado que había formulado el juez Luis Oscar Morales, quien sostuvo que dicho decreto ‘importa un simple hecho procesal que de ninguna manera implica juicio de valor ni directo ni potencial respecto de la procedencia o improcedencia de la pretensión que anima a su contricante’ y que resulta ‘fuera de toda lógica invocar lesión alguna, máxime cuando quien se dice agraviada es precisamente la parte en cuyo favor se dispone tal providencia de mero trámite’. Por ello, el recurso del Estado ‘resulta desprovisto de toda justificación en derecho y hasta de lógica’.

En segundo lugar. no hace lugar a la personería de los dirigentes Mario García, Francisco Casas e Isolda Calsina, del MID, PF y LyDER, ‘por la no presentación en juicio de los respectivos mandatos y normas estatutarias que pudieran justificar la representación que invocan al demandar...’.

En tercer lugar, en referencia a la acción de los diputados provinciales de la oposición (Roberto Bidondo, Riad Quintar, Agustín Perassi, Cristina Romano, Omar Toro, Pablo Baca, Alberto Bernis, Clara Falcone, Mario Pizarro, Jorge Rizotti, Lucio Giménez, Alejandra Mollón y Jorge Beller, el magistrado expresó ‘los actores no ocurren por sus propios derechos alegando lesión a un interés propio como ciudadanos comunes, sino que lo hacen ostentando su calidad de diputados de la Provincia. Al no verificarse los presupuestos que sintéticamente quedan señalados, carecen de legitimación activa para actuar en esta causa’.

Más adelante, el magistrado en su voto -que luego es refrendado por el otro vocal del Tribunal Contencioso Administrativo Benjamín Villafañe-, remarca que ‘no es de obviar la trascendencia del objeto perseguido en este mandamiento de ejecución que apunta a bienes esenciales de la comunidad como lo es la atención de la salud pública, tampoco puede dejarse vislumbrar los efectos dolorosos que potencialmente pudiera traer aparejada la invocada desatención de hospitales y demás centros de atención de la salud...’.

Sin embargo, ‘el ámbito en que debe realizarse los debates superadores de tales tribulaciones humanas, no depende de la resolución de los jueces’, sino son ‘de incumbencia política propia de los órganos Legislativo y Ejecutivo’.

Por todo ello, manifestó ‘sin ingresar al análisis ni valoración de los requisitos de admisibilidad ni en la cuestión de fondo propuesto en el mandamiento de ejecución, se impone hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta en contra de los nombrados y a los que invocan representación de partidos políticos, para desestimar la acción’.

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