Los funcionarios que habían sido suspendidos tras la muerte de la pequeña Luciana Rodríguez comenzaron a reincorporarse a sus puestos de trabajo, pero desde el Ministerio de Desarrollo Social aseguran que sus funciones serán reasignadas. A poco más de un mes de que la pequeña de tres años perdiera la vida como consecuencia de los golpes recibidos por su padrastro, no son muchos los avances en el sumario interno de los implicados.

Se trata del operador Rafael Vizcarra, la coordinadora del Órgano Administrativo Local de Capital, Vanesa Gianina Consina, Mónica Castro, Fabiana Lucentina y el operador de guardia Mauricio Flores. Según manifestó la directora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), Patricia Spoliansky, todos retomarán sus actividades a su debido tiempo.

La determinación responde a lo estipulado en el artículo 71 del estatuto del empleado estatal, que determina que "el personal presuntivamente incurso en falta podrá ser suspendido o trasladado, con carácter preventivo y por un término no mayor de treinta (30) días".

Por el momento, ya se han reincorporado dos trabajadores, mientras que el resto ha solicitado su licencia, por lo que comenzarán a ejercer sus nuevas funciones a cuando finalice la misma.

De esta manera, el sumario interno continuará su proceso pero con los empleados acudiendo a sus puestos de trabajo.

La suspensión de funcionarios que habían tenido algún tipo de responsabilidades en el caso de Luciana antes de su muerte, fue pedida por el propio Francisco Pérez, ante el fuerte impacto que había tenido el caso en la sociedad.

Tanto fue así, que el gobernador le aceptó la renuncia al director de Protección de Derechos, Fernando Herrera, por presunto "incumplimiento de funciones". Incluso, desde la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Claudia Ríos, se abrió una investigación de oficio para determinar la responsabilidad de funcionarios en la muerte de la pequeña Luciana.

“Por el momento se está terminando de tomar declaraciones”, señaló Spoliansky.

Contradicciones en el seno del Ministerio

El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia funciona en el quinto piso de Casa de Gobierno. La información que se manejaba en los pasillos de la dependencia acerca del futuro de los funcionarios investigados variaba según la persona a la que se consultora.

Luego de una extensa reunión en la que se diagramó el plan de ayuda para las personas afectadas por las lluvias de la última semana, el ministro de Desarrollo Social, Cristian Bassin, confesó no tener claro como proseguiría la situación del personal sumariado. “ En estos momentos hay una reunión al respecto entre los asesores legales”, manifestó a El Sol Online antes de retirarse.

Minutos más tarde, el secretario de Comunicación del Ministerio señaló que se había determinado prorrogar la suspensión durante otros 90 días, tal como lo estipula el estatuto del empleado estatal.

Sin embargo, poco tiempo después la misma persona corrigió la información antes brindada y aclaró que las personas que están bajo investigación penal y a las cuales se les está realizando un sumario interno, solamente serán reasignadas a tareas administrativas.