“Los funcionarios de Lafalla desmantelaron el IPV”

Cicero acusó al ex gobernador de realizar un despido masivo de personal y rebaja de sueldos.

Cicero piensa que detrás de las denuncias hay funcionarios de la actual gestión y le pide a la Justicia que investigue a los funcionarios del gobierno de Arturo Lafalla (1995-1999).

“En el año ’96, durante el Gobierno de Lafalla, uno de los integrantes del directorio del IPV era Jorge Tanús (actual presidente de la Cámara de Diputados). Ellos desmantelaron el IPV, dejaron sólo 100 personas y les bajaron 40% del sueldo”, comentó Cicero.

De acuerdo con lo dicho por el ex titular del IPV, “los culpables están en el ’96 y los fiscales deberían buscarlos a ellos”. En 1996, los empleados del IPV dejaron de percibir el “haber Fonavi”. Por eso, un grupo de agentes estatales fue a la Justicia y logró que le restituyera el beneficio.

Cicero aclaró que no tiene ninguna relación con los jefes que se beneficiaron con el cobro de los adicionales, “como las denuncias quieren hacer pensar”. Y puso bajo sospecha a la actual gestión de gobierno: “Tengo una excelente relación con los responsables de la actual gestión pero me parece que hay gente que no representa a nadie y que en vez de darle continuación a lo que estábamos haciendo arman todo un aparato de cosas”, lanzó.

“Todas estas denuncias son una manera de esconder que no se están haciendo casas para la gente en los 8 meses que llevan de gobierno. Se hicieron 60 mil viviendas en 6 años del IPV, nosotros hicimos en seis años de gestión, más del 20% de esas viviendas”, dijo orgulloso Cicero.

La denuncia en la que está imputado, junto a 11 personas más, es anónima. “Yo sé quién la hizo pero no lo puedo decir”, explicó el ex funcionario provincial.

Los 12 imputados son Roberto Gómez, Gustavo Reynaud, Alejandro Rezynovsky, Elsa Rufener, Mario Salinas, Alejandro Sentinelli, José Juri, Juan Carlos Fontana, Eduardo Estrada, Orlando Lucentini, Walter Carrasco y Cicero.

En la denuncia por las horas extra, están acusados Beatriz Catón, Roberto Croce, María Jiménez, Magdalena Masi, Delia Palero, Carlos Rodríguez y Enrique Rodríguez. Cobraron horas extra argumentando que habían trabajado de más durante la gestión de Luis Alberto Martín.

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