Funcionarios ganan la pulseada y se quedan en el Ipesa

El gobierno provincial dio marcha atrás con los despidos de los dos funcionarios más cercanos al Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (IPESA), luego que la semana pasada, el subsecretario de Política Social, Pedro Freidemberger, les pidiera la renuncia. Se trata de la directora de Niñez y Adolescencia, Alicia Echeveste, y el director del IPESA, Carlos San Miguel.
Ayer, mientras algunas fuentes oficiales intentaron negar que el pedido de las renuncias hubiera existido, LA ARENA pudo saber que la negativa de ambos funcionarios a irse habría generado un cambio de actitud en la ministra de Bienestar Social, Cristina Regazzoli, quien los confirmó al frente de sus reparticiones.

"No quieren renunciar, están en situación de rebeldía. Quieren que los echen, porque consideran que si renuncian estarían aceptando ser los únicos responsables de las graves irregularidades", había revelado un funcionario provincial que dialogó el viernes con este diario bajo reserva de su identidad. Un día después -cuando el silencio oficial en torno a las graves denuncias llevaba diez días-, el gobernador Oscar Jorge se refirió al asunto. Afirmó al diario piquense La Reforma que no había echado a nadie de su gabinete y que todo lo relacionado con las denuncias sobre el IPESA había sido girado a la Justicia. El mandatario, que formuló esas declaraciones durante una visita a General Pico, buscó así cerrarle la puerta a las consultas periodísticas.

"Sigo en mi puesto".

Esa misma respuesta ofreció ayer, a través del director de Prensa, Bruno Cazenave, la ministra Regazzoli. LA ARENA volvió en la víspera a su derrotero de llamados telefónicos a los funcionarios que tienen relación directa con el IPESA, pero nadie respondía. Sobre las 18, un cronista se acercó hasta el Centro Cívico y recorrió las oficinas de Niñez y Adolescencia, Política Social y el MBS. En la primera, informaron que Echeveste no trabajaba por la tarde, sólo de mañana; en la segunda, que Freidemberger había salido.

Quien sí se encontraba en su despacho era la, también, diputada nacional electa, Regazzoli, pero decidió no atender a este medio. "No va a hablar porque ya habló el gobernador. No hay palabra más oficial que esa", dijo el director de Prensa.

Minutos después, LA ARENA se comunicó telefónicamente con Echeveste, quien (a dos semanas de la denuncia) respondió a la consulta en forma escueta: "Nunca dejé de trabajar, yo sigo en mi puesto como lo hago habitualmente. Cualquier decisión la debe tomar el gobernador y yo no he recibido nada".

La funcionaria -a su vez empleada de planta del MBS- llegó a ese cargo de la mano de Carlos Verna, en diciembre de 2003. Durante aquel gobierno atravesó las gestiones ministeriales de Rodolfo Gazia y Sergio Ziliotto. Jorge la confirmó en el cargo, pero trocó a Ziliotto por Gustavo Fernández Mendía, quien más tarde sería reemplazado por Regazzoli. Echeveste trabajó desde Niñez y Adolescencia en el proceso que derivó en el cierre del cuestionado Proyecto Vida y su reemplazo por el Instituto, ahora en el ojo de la tormenta.

Denuncia.

Hace dos semanas, este diario dio a conocer detalles de un extenso informe donde se remarcaban situaciones de maltrato y abuso en perjuicio de los menores internados en el IPESA y los Hogares de Tránsito que dependen del Ministerio de Bienestar Social. El escrito hablaba de violaciones y maltrato físico, entre otras situaciones. La denuncia también llegó a la jueza de la Familia y el Menor, Cristina Baladrón, y al secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, quienes se presentaron ante la Fiscalía 1 para pedir que se investigara.

El fiscal Carlos Ordas le dio entidad a la denuncia y promovió la apertura de una causa penal. El expediente recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo de Laura Armagno, quien, como primera medida, libró un oficio a la ministra Regazzoli solicitándole un listado del personal del IPESA, de los Hogares y un organigrama funcional de cada lugar, además de registros e historias clínicas de los menores allí alojados.

Sin respuesta al Concejo

La Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante, que preside la radical Sara Alonso (Frepam), cursó notas a las autoridades del IPESA y de la Secretaría de Derechos Humanos para solicitarles que se acerquen al cuerpo deliberativo para informar sobre las graves denuncias que tomaron estado público. "Aunque no nos digan qué pasó, por que no somos la Justicia, nos parecía interesante saber sobre la situación actual del IPESA, porque lo que se denunció es muy grave", explicó ayer la concejala.

Desde el Instituto todavía no llegó una respuesta, pero sí desde la Secretaría que dirige el alguna vez presidente de la comisión de DD.HH., Rubén Funes. ¿Qué contestaron? Que no tenía sentido que se acercasen al Concejo dado que el organismo había recibido la denuncia a sobre cerrado y la había girado de inmediato a la fiscalía de turno para que tomara cartas en el asunto. "Me parece que no tienen demasiado interés, pero está abierta la propuesta. Yo también quería hablar con ellos sobre el tema de la Comisaría de la Mujer, porque estamos por presentar un proyecto", dijo Alonso sobre la actitud de la Secretaría.

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