Ya son 21 los funcionarios de CFK que están bajo la lupa de la Justicia.

Según una investigación realizada por PERFIL, con la colaboración de la base de datos del Centro de Investigacion y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), los funcionarios del riñón pingüino son los más denunciados ante la Justicia. La mayoría de ellos pertenece al área del ministro de Planificación. Pocos dejaron sus funciones.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene en sus primeras y segundas líneas un total de 21 altos funcionarios con procesos judiciales abiertos, la mayoría de ellos cargan con denuncias desde la gestión anterior. Esa es parte de la herencia que le dejó su marido, Néstor Kirchner.

El puesto número uno del Top Five de los funcionarios de más alto cargo involucrados en hechos de corrupción, es para el “casi” ministro Ricardo Jaime. El intocable secretario de Transporte tiene diez denuncias, está mencionado en otras 14 causas judiciales, y es parte del pesado legado que dejó el ex presidente.

Siguen los ministros Planificación Federal, Julio De Vido (9); Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández (6); Desarrollo Social, Alicia Kirchner (3); y de Trabajo, Carlos Tomada (3). Los datos surgen de un relevamieto realizado por PERFIL y de la base de datos del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce).

Pero el kirchnerismo es tan alineado que nadie se anima a tener más denuncias que el jefe. El ex mandatario cosechó casi medio centenar de causas. La última acusación es por asociación ilícita y la anteúltima por enriquecimiento ilícito, expediente que lo comparte con su sucesora y esposa.

“La política está más judicializada. Cada vez hay más denuncias que no tienen pies ni cabeza, están hechas para los medios. Y después la culpa la tienen los jueces porque dicen que no investigamos”, se justificó un magistrado ante este diario. Otro magistrado esgrimió: “Hay muchisimas denuncias y algunas terminan teniendo conexidad con otras. Con la estructura que hay en los juzgados termina siendo imposible avanzar. Hay expedientes que en menos de dos meses terminan teniendo ocho cuerpos”.

Para el director ejecutivo del Cipce, Pedro Biscay, “en el Ministerio Público no hay lineamientos claros para perseguir las investigaciones en curso. A la falta de condenas hay que sumar que los fiscales que llevan casos contra el poder político, no impulsan las investigaciones y no recuperan nunca los fondos públicos robados al Estado”. Laura Alonso, directora ejecutiva de Poder Ciudadano, apuntó: “La falta de independencia judicial y la carencia de procedimientos ágiles afectan negativamente las investigaciones de casos de corrupción”

Imputados K. Las causas en las que aparece Jaime como imputado son de las más variadas: el juez Julián Ercolini lo investiga por asociación ilícita, lo propio Ariel Lijo por el otorgamiento de subsidios a empresas ferroviarias y Octavio Aráoz de Lamadrid por varias irregularidades durante su gestión.

Fue el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien inició una investigación contra Jaime por enriquecimiento ilícito. Y el fiscal Gerardo Pollicita lo tiene bajo la lupa en el megaexpediente por asociación ilícita que comparte junto a Kirchner, De Vido, y Uberti.

El jefe de la cartera de Planificación está mencionado hasta en la causa conocida como Valijagate, pero aún no visitó ningún juzgado, ni siquiera para prestar declaración testimonial. Garrido pidió que se investigue a De Vido por malversación de bienes del Estado y también le inició una causa por enriquecimiento ilícito.

Uno de los expedientes es por hacer uso de un automóvil Peugeot 406 que una concesionaria de peajes cedió al Occovi para que supervise las rutas, el vehículo tenía que ser utilizado por los inspectores. El ministro también está en la mira por irregularidades en la licitación del gasoducto del noroeste, la compra de locomotoras con supuestos sobreprecios, presunta cartelización de la obra pública, y asociación ilícita.

Otro de los expedientes que preocupa al Gobierno es el que involucra al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El juez Rodolfo Canicoba Corral intenta determinar si el funcionario adulteró los índices del Indec. La ministra de Desarrollo Social, hermana del ex presidente y cuñada de la Presidenta, aún no fue llamada por la Justicia para que aclare el presunto reparto de electrodomésticos a cambio de votos durante las elecciones de 2005. El expediente es el número 1277 y la carátula es “Kirchner, Néstor; Kirchner, Alicia y Fernández, Alberto sobre malversación de caudales públicos”.

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