Funcionarios y ediles analizarán el lunes el pago de $ 1,5 millones a Lozano

Una reunión de presidentes de bloque reemplazará finalmente a la sesión extraordinaria solicitada por el concejal Aroldo Tonini (Frente Salteño Federal) para tratar el convenio de pago que la Municipalidad suscribió con el empresario Roque Lozano, documento en el que se le reconoce el pago de $1.500.000 en cheques diferidos por el tiempo que el empresario no pudo ocupar los inmuebles que permutó con el estado municipal, a cambio del galpón de avenida Paraguay al 1200, donde ahora funciona el Centro Cívico Municipal.
La operación de permuta, aprobada por ordenanza 12.968, fue cuestionada desde el principio y consistió en que la Municipalidad recibió el galpón de avenida Paraguay al 1200, y a cambio entregó los inmuebles de peatonal Florida 62 y 86 (que tenían restricción de carácter histórico-patrimonial) la manzana de calle San Luis 101, los inmuebles de calle Irigoyen 353 y la esquina de San Martín y Jujuy donde funcionaba el Tribunal de Faltas Municipal.

En una denuncia ante la justicia, sobre cuya evolución el Poder Judicial no informó y que hoy estaría archivada, el hoy concejal Carlos Saravia, sostuvo que la Municipalidad pagó por el predio del Centro Cívico Municipal 23 millones de pesos, cuando una valuación de la Cámara Inmobiliaria Salteña (CIS), determinó que valía 12 millones. La Municipalidad percibió 4 millones de pesos por los inmuebles d calle Florida, pero la tasación de la Cámara Inmobiliaria Salteña , fijó el valor en $10 millones; el edificio donde funcionaba el Tribunal Municipal de Faltas, San Martín y Jujuy, fue cedido por 1 millón de pesos, pero en el momento de la operación, valía 1 millón 300 mil pesos; la manzana que ocupa la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, con playón de camiones y oficinas, en las calles Catamarca , Santa Fe, Rioja y San Luis, fue cedido por 3 millones de pesos.; hace dos meses , el predio del centro Juventud Antoniana a dos cuadras del lugar fue valuado en 5 millones de dólares, es decir unos 18 millones de pesos. Concluida la operación la Municipalidad no pudo entregar a Lozano los inmuebles en el tiempo acordado el 28 de diciembre de 2007 y prorrogó hasta el 31 de agosto de 2008 la entrega de los edificios, plazo que tampoco pudo cumplir. El 4 de diciembre se firmó un nuevo convenio, en el que Lozano renuncia a las multas y penalidades por la demora, pero se acuerdo un pago de $1.500.000 en concepto de valor locativo. El jefe de Gabinete Municipal Jorge Vidal Casas aclaró a Nuevo Diario que el empresario había pedido inicialmente en concepto de multas y resarcimiento un monto de $8.900.000.

La objeción ahora es que ese monto no debe ser pagado por la ciudadanía, sino por los funcionarios responsables de la demora en entregar los locales municipales.

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