Funcionarios de la dictadura, sin jubilaciones de privilegio

Este lunes se promulgó de la ley que deroga los beneficios previsionales para los ex funcionarios de la última dictadura militar. El Estado destinaba cerca de $80 mil por mes, y cada uno cobraba cerca de $3.800 y $4.700 mensuales.
El Gobierno Nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial la promulgación de la ley que deroga los beneficios correspondientes a jubilaciones y pensiones que alcanzaba a los funcionarios que desempeñaron actividades en el marco de la última dictadura militar.

Entre los alcanzados por la medida, que reglamentó la ley 26.475 – que fue aprobada en diciembre del año pasado-, se encuentran los ex ministros de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y Roberto Alemann y el ex secretario de Agricultura Jorge Zorreguieta, padre de la princesa Máxima, miembro de la familia real de Holanda.

El texto declara "extinguidos" todos los beneficios obtenidos por funcionarios que se hubieran desempeñado como "Presidente de la Nación, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado, en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la Administración Pública Nacional durante el llamado `Proceso de Reorganización Nacional´" entre 1976 y 1983.

La ley sancionada el 17 de diciembre de 2008 deroga los beneficios previsionales con los que contaban los represores del último gobierno militar, para los que el Estado destinaba cerca de 80 mil pesos por mes.

Lo cobrado por los ex ministros y secretarios de Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Bignone, oscilaban entre los 3.800 y 4.700 pesos por mes.

Martínez de Hoz fue el primer ministro de Economía de Videla, y Roberto Alemann, el titular de Hacienda de Galtieri, mientras que el padre de la princesa Máxima se desempeñó como Secretario de Agricultura.

En diciembre último, la ley que anula las jubilaciones y pensiones de beneficio fue tratada sobre tablas y aprobada de forma unánime por la Cámara de Senadores. El impulsor del proyecto, el senador Gerardo Morales, aseguró en su momento que las personas alcanzadas por la nueva norma se las considera a partir de entonces "como a cualquier ciudadano común" en los sistemas generales de previsión.

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