Funcionarios no dejan conocer su patrimonio

No hay decisión política para revelar los patrimonios personales

de los funcionarios. Desde el Ejecutivo se afirmó que no es momento, "por la ola de inseguridad". Cómo funciona el sistema.

Saber si hubo enriquecimiento ilícito o si se trata de personas especialmente ahorrativas como para incrementar sus bienes en breves períodos de tiempo y con sueldos oficiales es verdaderamente imposible y sólo se logra con una orden judicial. De esta manera, conocer el patrimonio de los funcionarios al momento de ingresar a la administración pública, para compararlo con el que logran cuando dejan sus cargos, es una posibilidad absolutamente vedada para los ciudadanos pero también para las organizaciones sociales no gubernamentales.

Tampoco se puede saber si realmente presentaron las declaraciones y hasta, incluso, hay casos de funcionarios que se retiraron "enojados" del Ejecutivo provincial y no entregaron la documentación actualizada con la que se podría comprobar si incrementaron su patrimonio mientras manejaron fondos públicos.

La imposibilidad de acceder a los datos que harían a la transparencia de la función pública se mantiene y desde varios sectores advierten que cambiar esa cuestión depende de una decisión política y que por ahora no se piensa revertir.

Al consultar la cantidad de denuncias relevadas por parte de la oficina de estadísticas del Poder Judicial local, respondieron que desde el 2005 hasta ayer no se registró ni una sola bajo la figura de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (artículo 268 de la Constitución) y malversación de caudales públicos (260 al 264). Eso sí: bajo estos dos delitos no hay causas pero sí bajo otro tipo de faltas que también atentan contra las arcas públicas. Este es el caso del titular del Instituto de Juegos y Casinos, Daniel Pereyra, quien está imputado por negociaciones incompatibles, debido a que es un funcionario público.

El caso del cobista Jorge Tieppo, ex titular del Fondo para la Trasformación y el Crecimiento (FTYC) y actual funcionario de la vicepresidencia, es llamativo. Es que si bien se lo imputó en julio del 2008 por estafa genérica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, no aparece en los datos estadísticos. Según argumentaron desde ese Tribunales, podría haberse ingresado bajo otra figura o tipo delictivo.

Otro caso que está en condiciones de ser elevado a juicio es el del ex titular de Juegos y Casinos durante las gestiones de Roberto Iglesias y Julio Cobos, Miguel Alonso, imputado por enriquecimiento ilícito por el fiscal especial Eduardo Martearena.

El vacío. La principal falencia es que Mendoza no adhiere a la Ley Nacional de Ética Pública. La norma 25.188 fue sancionada en setiembre de 1999 y establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades de la función pública en todos sus niveles. En el artículo 4 fija que todos los funcionarios deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción en sus cargos. Asimismo, fija que deberán actualizarla anualmente y presentar una última declaración dentro de los 30 días desde la fecha de cesación en el cargo. En la misma norma establece que es la Comisión de Ética Pública la encargada de facilitarla a los ciudadanos tras la firma de un documento que garantiza que no se usará para fines ilegales.

En la provincia, las declaraciones juradas de los funcionarios se remiten a la Escribanía General de Gobierno en sobres lacrados pero en esa oficina se guardan bajo llave y no se pueden abrir, salvo orden judicial (ver página 3). La obligatoriedad del mecanismo y sus detalles rigen a partir de un decreto de José Octavio Bordón.

El escribano general de Gobierno, Guillermo Amaya, no proporcionó un registro claro de quiénes la presentaron y quiénes no. Esto es porque se registran en un acta pero no se discrimina si es la declaración u otro tipo de requerimiento legal.

Sin poder. Desde el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de las cuentas del Estado, aclararon que sólo la Justicia, y a base de una investigación, puede abrir las declaraciones juradas y comparar cómo se incrementó el patrimonio de un funcionario en el período investigado.

El titular del organismo, Salvador Farrugia, detalló que el Tribunal debe fiscalizar las cuentas del Estado y no las privadas. Es por eso que no tienen acceso a estos datos.

Ese órgano sólo está encargado de sancionar a los funcionarios cuando incumplieron con requerimientos de la administración estatal. "En general, los funcionarios multados por el Tribunal pagan las sanciones sin necesidad de que se les deba reiterar la notificación". "Están especialmente interesados en pagarlas para que no trascienda un nuevo incumplimiento ante la prensa", concluyó.

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