Ex funcionarios colacistas llegan a juicio por defraudación al Estado

Esta mañana de jueves se dará inicio en los tribunales de la ciudad de Ushuaia al juicio oral y público contra tres ex funcionarios de la gestión del destituído Jorge Colazo; por defraudación a la administración pública.
La ex Ministra de Desarrollo Social, Myriam Francisquini (foto), y el ex Secretario de Obras Públicas, Pedro Bernal; están imputados del desfalco de alrededor de 100 mil en obras para personas carenciadas que nunca se realizaron. Además cuatro titulares de empresas privadas que facilitaron facturación a tal fin, por obras que no se hicieron, también están imputados.

A las 9.00 está previsto dar inicio al juicio contra tres ex funcionarios de la gestión del destituido gobernador Colazo y cuatro contratistas del Estado, a quienes se los acusa de "defraudación a la administración pública en al menos "diez oportunidades", reza la acusación fiscal.

Los funcionarios colacistas imputados son; Pedro Bernal, ex secretario de Obras Públicas; Mónica Esther Díaz, ex directora General de Administración financiera del Ministerio de Desarrollo Social, y Miriam Francisquini, ex ministra de Desarrollo Social; todos imputados además de los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público y falsificación de instrumento privado" en concurso real con la defraudación.

La acusación por la requirió la elevación a juicio el Fiscal Mayor Guillermo Massimi, indica que la ex ministra Francisquini durante el 2004 solicitó la autorización de un anticipo con cargo a rendir por $60.000, que supuestamente sería "destinado a la adquisición de materiales para la construcción, con el objeto de brindar solución habitacional a personas carentes de recursos". Más tarde pidió la ampliación del anticipo con cargo a rendir por otros $50.000 para atender a casos sociales de familias de Tolhuin, Río Grande y Ushuaia, dinero que nunca fue utilizado a tal fin.

Según se observa el fiscal en los casos de Bernal y Díaz el delito "se ha consumado desde que ambos funcionarios, con la ayuda de otros imputados, realizaron estafas al Estado Provincial aparentando gastos tendientes a la asistencia social de personas carenciadas en diez oportunidades", mientras que la falsedad ideológica de documento público figura al "haber insertado dentro de un expediente oficial circunstancias y hechos que resultaban falsos valiéndose incluso de documentación apócrifa entregada a sabiendas por particulares".

Esos particulares son los restantes cuatro imputados de la causa, todos titulares de contratistas del Estado en ese entonces; Alicia Pinus por la empresa VAP Servicios; Manuel Alberto Sánchez, titular de la empresa MS Construcciones; Julio Esteban Ávalos, titular de la firma MECOVIAL, y Omar Alberto Calquin, titular de la empresa JEC Servicios.

Todos ellos aportaron facturación respecto a mano de obra por trabajos y refacciones, así como provisión de materiales, los cuales nunca se realizaron, según reconocieron personas carenciadas que las habían solicitado ante los funcionarios colacistas por no poder afrontar los gastos de refacción o construcción de sus viviendas.

El fiscal en su elevación a juicio entiende que los funcionarios "aparentaron gastos dentro de un expediente que mostraban falsamente la atención social a distintas personas", además "estas maniobras posibilitaron la separación del patrimonio del Estado de una suma de dinero superior a $90.000", contando para ello "con la participación necesaria de proveedores o contratistas del Estado quienes facilitaron facturas falsas en su contenido, pertenecientes a sus respectivas empresas con el objeto de que sean usadas indebidamente por los funcionarios públicos".

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