Se trata del delegado fiscal de la Contaduría General de la provincia, Car­los Correa, quien habría ex­torsionado a un empresario proveedor del Estado para que le pagara una coima de 20 mil pesos a cambio de in­gresar en un concurso público para que su empresa lo­grara prestar un servicio en la Unidad Penitenciaria Pro­vin­cial.

Por el hecho, que fue filmado y comprobado por a­gentes del juzgado, Correa fue citado a declarar hoy fren­te al juez que investiga la causa.

El paso legal es una herramienta valiosa para el magistrado ya que luego de ello, podrá definir la situación procesal de Correa y la contadora del Ministerio de Go­bierno, Mariela Fernán­dez, quien también estaría implicada en el hecho.

Correa se encuentra detenido en la Comisaria 7º de Pocito, mien­tras que Fernández, quien podría declarar mañana, cumple detención domiciliaria porque uno de sus hijos tiene un problema de salud, según manifestó el magistrado que interviene en la causa.

Por otro lado, el magistrado también indicó que continúan con la investigación y en tal sentido, a­hora esperan el resultado de las escuchas telefónicas ya que tanto el viernes de la semana pasada como en la jornada de ayer secuestraron documentación que valdría de prueba para imputar a los funcionarios de Gobierno.