Funcionarios al borde de la ley

La declaración jurada de fondos es obligatoria para personas que ocupan cargos públicos desde 1999. En la ciudad de Colonia Dora, sus autoridades parecieran haberlo olvidado.

Romina Allalla, intendenta.

Buscando transparentar la gestión pública y sobre todo el accionar de quienes la ejercen, mediante la divulgación de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de los funcionarios públicos, se sancionó en el Congreso de la Nación, en setiembre de 1999, la Ley 25.188, que fue consensuada entre el oficialismo y la oposición y promulgada el 26 de octubre de ese mismo año.

Según la Ley de Etica Pública, quedan comprendidos en la obligación de presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días desde la asunción de sus cargos: “Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado o controlar o fiscalizar los ingresos públicos, cualquiera fuera su naturaleza”.

A partir de ese momento no se contemplan penas para aquellas personas que divulguen la declaración jurada de funcionarios, en un intento de frenar las ambiciones desmedidas de algunos, que al llegar al poder, buscan el beneficio propio por sobre el del conjunto. Se planteó incluso la obligatoriedad de los funcionarios, de publicar en el Boletín Oficial sus declaraciones patrimoniales, en un plazo no mayor a 90 días desde su asunción.

Bienes

En Colonia Dora, el tiempo pareciera haberse detenido y la familia que gobierna la ciudad desde hace varios años parece obviar lo que dispone la ley y nadie conoce a ciencia cierta de qué manera aumentaron sus bienes en tan poco tiempo.

Romina Allalla, odontóloga, con muy poco tiempo en la profesión llegó a la intendencia de la mano de su padre, quien no podía presentarse a la reelección, y de su madre, actual secretaria de Gobierno, que maneja los resortes del poder local.

En poco menos de dos años, la jefa comunal pasó a tener un estándar de vida que incluye automóviles importados, una casa totalmente remodelada, terrenos en distintas partes de la ciudad, un laboratorio fotográfico y propiedades en distintos puntos del país, e incluso se habla de inversiones en Chile.

La ley de ética no pretendía ser una panacea contra la corrupción, pero sí un paso contundente para paliar el problema del enriquecimiento ilícito acelerado de los funcionarios, que los Allalla parecen haber burlado.

Censura a la prensa

Otro de los objetivos de esta ley era evitar la censura a la prensa, pero los Allalla, al no poder censurarla, amenazan y “aprietan” de manera alevosa a quienes se animan a publicar las atrocidades y los desmanejos que una familia comete en contra de su comunidad, burlando una vez más la ley.

Vehículos oficiales

El uso de vehículos oficiales para actividades privadas, el manejo arbitrario de los bienes y empleados del Municipio para tareas particulares, el desmedido crecimiento económico y la ostentación de los mismos, son características de esta familia que, como corolario a todas estas actividades reñidas con los nuevos tiempos de la provincia, no sólo pretende perpetuarse en el poder municipal, sino extender su influencia a otros sectores y aspira a posicionar a uno de sus miembros como candidato a diputado provincial en las próximas elecciones.

Rechazo ciudadano

Son justamente este tipo de acciones las que provocan un generalizado rechazo de la ciudadanía dorense e incluso de referentes departamentales que ven cómo quienes no tienen el mínimo respeto por las normas de la democracia y la convivencia, pretenden ser los representantes de esas mismas personas a las que en los hechos desprecian.

Hace un par de días, el ex convencional constituyente por la Unión Cívica Radical, Hugo León Oliva Smith, veterano dirigente y padre del diputado nacional Cristian Oliva, envió una carta documento a la Cámara de Diputados de la Provincia solicitando la inmediata revisión de las cuentas públicas del Municipio y reclamando una profunda investigación sobre el uso de los bienes del Municipio por parte de la familia Allalla.

Falta de límites

Ante la falta de límites por parte de estos funcionarios, quizás sean los mismos partidos políticos los que pongan frenos a estos personajes, que terminan por dañar la imagen de los propios cuerpos políticos que pretendan impulsarlos, haciendo resonar ese viejo refrán que reza: “Dime con quién andas y te diré quién eres”.

Sería conveniente que de seguir esta situación, actúe de oficio la Justicia.

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