El funcionario echado por irregularidades

David Funes pasó a ser el segundo funcionario de Jaque cesante en dos días tras una reunión con la ministra de Desarrollo Humano, Silvia Ruggeri. Empleados del ente estatal tenían una doble función.
La ministra de Desarrollo Humano, Silvia Ruggeri, le solicitó la renuncia al titular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), David Funes, quien en los últimos meses fue blanco de críticas, quejas y manifestaciones públicas hasta de un sacerdote por su desempeño en ese organismo.

La última noticia en ese sentido revelada en exclusiva por Diario UNO tiene que ver con la muerte de una pequeña de 2 años en mayo último. A pesar de las denuncias que recibieron por este caso, la niña no habría recibido la atención necesaria de la DINAF.

En esta causa estaba también implicada la jueza de familia Elsa Galera, quien, a pesar de ser advertida de lo que ocurría en la familia, la nena Andrea Ábalos, fue restituida a los padres, basándose en el consejo de una ONG designada por Funes.

Ayer la ministra negó que ésa haya sido la gota de rebalsó el vaso. La actuación de Funes había sido cuestionada por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados.

Pero Ruggeri se limitó a aclarar que "el fallecimiento de la menor aún no ha terminado de ser analizado por la Justicia y tampoco ha establecido responsabilidades", aunque sus padres han sido imputados como responsables de la muerte.

"Cuando se expida la Justicia se verán las responsabilidades y si han habido acciones incorrectas por parte de alguna persona ligada a la institución", afirmó, con mucha cautela.

Ayer, este diario publicó una nota en la que el subsecretario de Familia, Hernán Hernández, admitió irregularidades de la conducción de la DINAF en el caso de la muerte de la niña.

Incluso adelantó que les pedirá a los empleados Javier Riollo y Manuel González que se desvinculen de la ONG Tierra de Niños por su doble relación con el Estado. Por un lado son empleados de la DINAF y por el otro integran una ONG que cobra $10.000 por mes para monitorear niños en riesgo social.

Ruggeri no quiso echar más leña al fuego y corrigió a UNO cuando se hizo referencia a Funes como el funcionario "echado" . "Él dio un paso al costado después de una charla que tuvimos esta mañana junto con el subsecretario de Familia, Hernán Hernández", advirtió.

Lo cierto es que las reiteradas manifestaciones en contra de Funes por parte también de empleados de la DINAF fue el principal argumento que la funcionaria repitió desde el mediodía de ayer cada vez que atendió, por separado, personalmente o por teléfono, a radios y diarios. Lo mismo se explicó a través de un comunicado oficial.

No había que dejar dudas. "El pedido de renuncia responde a la necesidad de reducir el nivel de conflictividad que se ha producido en la institución y que atenta contra su correcto funcionamiento. Se produce luego de una serie de denuncias y reclamos referidos a aspectos pertinentes a la conducción del organismo que han sido recibidos y atendidos por la ministra", se comunicó.

Ruggeri admitió que tiene una lista con varios posibles sucesores de Funes, pero reservó nombres. También sostuvo que por ahora no habrá cambios en la DINAF.

Un aluvión de quejas

Una sucesión de hechos atentaron contra la permanencia de Funes, fundamentalmente denuncias por su presunta ineficiencia a la hora de hacer que la DINAF controlara casos ligados a la niñez, a lo que se suman maltrato al personal e incumplimiento de pago a los proveedores de la institución.

Quizás el detractor más acérrimo de Funes haya sido el sacerdote Vicente Reale, quien en agosto denunció que la DINAF no destinaba el dinero necesario para cada niño, y que el 80porciento del presupuesto se iba en sueldos. "La mitad de los empleados de la DINAF son ñoquis legalizados", dijo, lo que le valió el contraataque del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea).

Antes de esto, la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados acusó ante la Justicia a Funes de "incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona", por no haber actuado correctamente, según su interpretación, para proteger a dos hermanitos abusados sexualmente (una nena de 2 años y un varón de 4).

También, en agosto, dirigentes del gremio ATSA afirmaron públicamente que Funes "apretaba" a los empleados. Fue después de que removiera del cargo a la hoy ex secretaria de la dirección María Rosa Sáez.

Días después a las críticas se sumaron legisladores de la oposición. La diputada Mirta Díaz (Fiscal) trató a Funes de "mentiroso" y opinó que debía ser separado del cargo para poder investigar su accionar.

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