Funcionario le debe casi $ 9 mil al municipio por multas impagas

El subsecretario de Transporte acumula cinco juicios en Procuración Fiscal, originados en infracciones cometidas hace 10 años por una disco de su propiedad.
El subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Bermúdez, acumula cinco juicios en su contra iniciados por la Dirección de Procuración Fiscal de la ciudad. Se originan en otras tantas multas impagas a partir de actas de infracción que le confeccionaron inspectores de Espectáculos Públicos hace ya una década. A la fecha, esos expedientes señalan que el funcionario adeuda al fisco 8.842 pesos.

En todos los casos, las actuaciones originadas en la Justicia de Faltas datan de fines de 1998 y principios de 1999 y refieren a la actividad que por entonces desarrollaba la disco Palmira (ubicada en Costanera y Mendoza), que cerró hace ya varios años y de la cual Bermúdez era propietario.

Las actas de infracción, confeccionadas por diversos inspectores, fueron tramitadas en su momento ante el juez de Faltas Arturo García Montaño y referían a cuestiones tales como violación de clausura (tres casos), falta de habilitación del local y ruidos excesivos.

En cada causa, el capital adeudado ronda –en promedio– los 1.200 pesos, pero a eso se suman los gastos judiciales por honorarios, tasa de justicia, Colegio de Abogados y otros ítems, que conforman la cifra final de la deuda.

En cuanto a los procuradores intervinientes, María Susana Magnasco llevó tres de las causas y las restantes estuvieron a cargo de sus pares María Inés Burgos de Anquín y Javier Altamira Escuti.

Fuentes de Procuración Fiscal precisaron a este diario que si bien las deudas (sean impositivas o por multas) habitualmente prescriben a los cinco años, esa situación queda "interrumpida" cuando el municipio inicia las correspondientes demandas para intentar el cobro vía judicial, tal cual ocurre en estos cinco casos que involucran a Bermúdez. Más aún: según pudo corroborar este diario, en los registros municipales, al menos tres de las cinco causas mencionadas ya tienen su correspondiente fallo, por lo que técnicamente están listas para iniciar la "ejecución de sentencia".

Eso implica la posibilidad de designar un martillero para proceder al embargo de bienes y tramitar el recupero de la deuda en nombre de la Municipalidad. No obstante, pese a que la administración está facultada legalmente a hacerlo, la efectivización de esas medidas siempre depende de una decisión política.

"Si son montos menores o hay riesgo de incrementar los gastos movilizando un oficial de justicia sin certeza de que se podrá cobrar, por ahí la decisión de los funcionarios es dejar la cosa como está y no perseguir al deudor", graficó una procuradora que trabaja hace muchos años con el municipio.

Legalmente, con la sentencia en la mano, la administración tiene ahora 10 años para intentar cobrar la deuda. En cambio, si todavía no existe sentencia judicial (eso ocurriría en uno de los cinco casos en cuestión), el funcionario/deudor puede llegar a pedir la perención de instancia si es que la causa no se movió durante mucho tiempo. De todos modos, eso no implica que la deuda no exista ni borra el hecho de que durante 10 años el infractor eludió su pago.

La gestión municipal que debe decidir al respecto es la misma que escracha colocando stickers en sus autos a los vecinos que adeudan tasas.

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