Es que la funcionaria de Cambiemos actuó como auditora contratada por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) para controlar la compra de GNL y en esa función avaló lo actuado por De Vido y por Roberto Baratta, que también se encuentra detenido por el mismo expediente judicial.

La actuación de Inza, fue puesta en escena en la declaración del ex segundo de De Vido, que en su defensa expuso la convalidación de los contratos que realizaron los organismos de control como la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SGN) y por supuesto la auditoría que estaba a cargo de la ahora funcionaria bonaerense.

En su informe sobre esos contratos, Inza aseguró que "no se encuentran situaciones que merezcan ser señaladas como irregulares, con lo cual se refleja la razonabilidad de la operatoria desarrollada por ENARSA".  Es decir que en el mejor de los casos la contadora hizo la vista gorda o no cumplió correctamente con su tarea de revisar las cuentas para detectar irregularidades.

Si bien un error en la auditoría no constituye un delito, salvo que se compruebe que hubo una omisión deliberada, lo que podría representar una estafa a la UBA en tanto contratante de los servicios de Inza, la funcionaria debería dar explicaciones atento que ahora ocupa un área sensible del gobierno de Vidal.

Por la Secretaría de Legal y Técnica pasan todos los decretos y resoluciones de alcance provincial y la gobernadora no pone la firma en ningún acto administrativo que antes no hubiera sido controlado por esa dependencia.  Por lo que la posición de Inza podría quedar dañada por las implicancias de la causa GNL, ya que la funcionaria no podría ofrecer garantías sobre su propio trabajo.