La funcionaria niega las acusaciones

Claudia Jáuregui, la funcionaria a cargo de la Dirección de Comunicaciones del Gobierno Provincial, negó las acusaciones que le imputaron algunos trabajadores de su área y la Asociación de Trabajadores del Estado. La denuncia por amenazas, maltratos laborales, casos de nepotismo e incluso falta de higiene se formuló ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

"Yo no tengo conocimiento de la información presentada en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. No tengo conocimiento formal, no me han pedido informes, pero no quiere decir que no se esté desarrollando", señaló Jáuregui.

Tal como publicó ayer El Diario, los trabajadores y el gremio advirtieron que había una situación de "vaciamiento" y que la oficina de Comunicaciones había sido convertida en "un depósito de trabajadores".

"Vaciamiento no hay, no sé a qué se refieren, no han sido claros. Lo que se ha hecho es un recambio generacional desde 2007, no de hace dos o cinco meses. El área técnica lo hacía necesario para el bienestar del Estado provincial", respondió Jáuregui públicamente.

"Conseguí condiciones"

Según la funcionaria, los empleados tienen en la actualidad "las mismas condiciones laborales que yo les conseguí desde 2004. Antes de que ingresara la Dirección era un hacinamiento, ni yo tenía oficina propia. Lo que se está haciendo desde 2007 es un recambio generacional, porque el área técnica tiene alta exigencia física. Y entonces a gente con preinfartos o gente enferma no se la puede exponer a esas exigencias".

La directora dijo al programa "Plan B Noticias" (FM Sonar 91.3): "Es un recambio normal y necesario. Se cambian las funciones. Doy el ejemplo de un técnico, sin nombre para no personalizar: tenía la función de reparación de equipamiento en servicios de VHS, eso implicaba subir a techos, torres, con riesgo laboral... Eso si como funcionaria y directora no asumo la responsabilidad de decirle ’hasta acá llegaste, estás poniendo en riesgo tu vida y al Estado’, sería irresponsable... Entonces se le dio una función administrativa: documentar planillas para ser presentadas ante el organismo de control. Cambió su función pero sigue en la Dirección con las mismas condiciones laborales que tenía antes".

Su interpretación de la protesta de los empleados fue otra: "¿Sabés qué pasa? Se quejan porque perdieron comisiones de servicio, horas extras... Y los entiendo, porque afecta su bolsillo".

Jáuregui desmintió la incorporación del marido como chofer ("no trabaja, es un desocupado más") y de la hermana como secretaria ("está colaborando conmigo, es discapacitada, trabaja cuatro horas, pero hace doce años que trabaja en la Provincia, yo tengo seis años de gestión... No ingresé a nadie").

Cuando se le preguntó si ejerce maltrato laboral, como dijeron los trabajadores, contestó: "No puedo decir nada. Mi trato siempre es respetuoso hacia todas las personas. No sé qué significa maltrato, no entiendo a qué se refieren...".

"Todos tienen tareas"

También dio su versión de las acusaciones por constantes relevos y cambios: "El Centro de Comunicaciones tiene horarios rotativos de cuatro horas, todos sus agentes rotan cuatro horas. Y hay rotación continua. Corresponde a la modalidad de trabajo, no es un capricho mío. Se busca la ecuanimidad, y si hay situaciones particulares que piden turnos fijos por ejemplo, se da en la medida de las posibilidades. Hemos conseguido horas extras en esta gestión, y fue un logro que no se daba desde hace muchos años".

"La situación de trabajo es normal -insistió-; y mi lugar de trabajo es toda la provincia, no un sillón, sino arremangarme y buscar soluciones en toda la provincia. Mi oficina está en Palacios 890, ahí tengo audiencias y reuniones, recibo a los intendentes, pero tengo una oficina donde está la central telefónica en el Centro Cívico y colaboro mucho con los técnicos...".

Según Jáuregui, "todos tienen tareas asignadas y están notificados".

Finalmente, se refirió a la falta de higiene que hicieron notar los trabajadores. "Este año se nos cayó la contratación con la empresa del servicio de limpieza, y hasta julio se contrató por directa, que fue lo que autorizó el Tribunal de Cuentas, a partir de ese momento me dijeron que entraba en una zona ilegal si seguía contratando por directa. Pedí colaboración a la gente, que me aguantara hasta que pudiera solucionar... Debido a esas quejas y la imposibilidad de solucionarlo internamente, se me autorizó a enviar gente del Centro Cívico a limpiar, se estaba tramitando la continuidad de la limpieza. Fue circunstancial por un mes y algo que la Dirección no pudo solucionar. Yo misma, de mi sueldo, pagué la última limpieza de la oficina porque entendía que era necesario", completó.

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