La fuga de presos de una comisaría de Luján puso en relieve el incumplimiento por parte del Gobierno bonaerense de una resolución judicial: la prohibición de alojar allí a a detenidos, en virtud de parámetros internacionales de protección a los Derechos Humanos y sentencias judiciales al respecto.

En efecto, el juez en lo Contencioso y Administrativo Nº 1 de La Plata resolvió el 17 de septiembre de este año suspender la resolución 642/2014 firmada por Alejandro Granados, que permitió el alojamiento de personas en comisarías.

La decisión del ex intendente de Ezeiza vino a contradecir una resolución tomada por su antecesor en el cargo, Ricardo Casal, que clausuró más de 200 calabozos por el precario estado en el que se encontraban muchos de ellos.

Tras una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Arias dictó una medida cautelar para frenar la polémica medida, dispuesta en el marco de la Emergencia en Seguridad.

En los fundamentos, Arias había tenido en cuenta relevamientos efectuados por los peritos e informes producidos por las autoridades, en las que se da cuenta de que la estructura edilicia de las seccionales policiales bonaerenses “no es apta para cumplir con las detenciones ordenadas por los magistrados de la justicia penal, toda vez que no cumplen con los estándares internacionales”.

Sin embargo, la Provincia, al parecer no cumplió con la medida cautelar. Y el caso de Luján puso en evidencia la situación, a tal punto, que el propio intendente de Luján, Oscar Luciani, le pidió a Granados reducir el alojamiento de presos en comisarías.

En esta oportunidad, en diálogo con INFOCIELO, el magistrado platense sostuvo que la Provincia no respondió a la medida cautelar con ningún esquema de reducción de detenciones en esquemas o una programa parecido y, reiteró, que aunque se apele, la resolución judicial “se debe cumplir”.

“Las medidas judiciales cada vez se cumplen menos. Hay una absoluta impunidad en ese sentido porque la justicia penal no actúa y genera un estado en el que así no hay consecuencias. Es un delito no cumplir las órdenes judiciales, que está previsto en el Código Penal”, apuntó el magistrado.

El retiro de presos de las comisarías se enmarca así en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Verbitsky H. s/habeas corpus” que exigió la adecuación de las condiciones de detención a las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos.