La licitación para la administración del nuevo puerto de Santa Fe podría entrar en un cono de sombras a raíz de las investigaciones a las que son sometidas en distintos países algunas empresas y directivos que componen el único consorcio que quedó en carrera para quedarse con el negocio, y de las sospechas, aunque no confirmadas, que recaen sobre ellos. Una situación que ya está en conocimiento de las autoridades provinciales, que aseguran haber tomado cartas en el asunto.

Si bien en tema se venía ventilando, fue una carta enviada dos meses atrás al gobernador Antonio Bonfatti la que puso otra vez al puerto santafesino en el centro de miras, pero esta vez ya no por dudosa administración (que le costara el puesto al anterior titular el ente portuario desde que lo procesó la Justicia), sino por algo mucho más grave: temor a que el narcotráfico pueda inmiscuirse de modo institucional en la estación fluvial capitalina.

La carta fue enviada al mandatario en agosto pasado y hecha pública en las últimas horas por su autor, el concejal rosarino y principal referente del Partido del Progreso Social, Héctor Cavallero, quien habla de la "necesidad de ejercer los mayores controles posibles sobre el funcionamiento de la Hidrovía Paraná Paraguay ya que no sólo es un eje para el desarrollo económico y social de nuestra región, sino también porque es de carácter estratégico para acabar con el flagelo que hoy tiene preocupado tanto a nuestra sociedad como a la mayor parte del mundo: el narcotráfico".

Tal como dice el propio Cavallero, no es el primero en formular un alerta sobre el proceso de reconversión del puerto santafesino y las dudas sobre la UTE que lleva adelante el proceso. Algunos medios de prensa —principalmente virtuales— se han venido haciendo eco de la cuestión e incluso algunos legisladores provinciales de la oposición formaron una comisión investigadora donde juntan información al respecto.

"Estricto control". En su carta, Cavallero afirma que "se hace necesario un estricto control de la Hidrovía y los puertos que se hallan a su vera ante el florecimiento de los envíos fluviales de estupefacientes de todo tipo por ese medio", y pidió que las denuncias sean tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones para despejar dudas y aclarar hechos llamativos como "el retiro de un participante de fuste, como era el grupo Camargo, de la licitación".

Es que a partir de esto, el único oferente que quedó en carrera y al cual se le estaría por entregar la concesión sería una UTE integrada por varias empresas tanto de nuestro país como del extranjero conformada por las firmas Puerto Fénix; Corporación Marítima Boluda; Sociedad Comercial del Sur; y House to House S.A, cuyo vicepresidente se encuentra actualmente detenido por distribución de droga en el conurbano (ver aparte). "Y es precisamente sobre este tema en que —dice textualmente el Tigre— "me permito solicitarle que se extremen los controles y que profundicen las evaluaciones para evitar posibles fracasos sobre el tema o se repita la frágil situación de otorgamiento al primer concesionario que envolvió en su momento al puerto de Rosario".

Posible fraude. Abunda el concejal en que "el principal socio de la UTE es el Grupo Boluda Fos Corporación, a través de su filial para Sudamérica que es Naviera del Mercosur. Este grupo de capital español actualmente está siendo investigado por la Comunidad Europea por posible fraude en la obtención de subsidios de parte de ese organismo y por maniobras de posible evasión impositiva.

Sobre este punto, una integrante del bloque de eurodiputados del PSOE ha promovido la investigación en el Parlamento Europeo ya que el accionar de la empresa estaría violando importantes normas fiscales de la Unión Europea. La misma empresa ha sido denunciada a la vez por organizaciones sindicales de efectuar maniobras ilegales que dejaron a un número importante de obreros en la calle por esta causa".

Una de las empresas más importantes de este grupo es la que presta servicios de remolcadores en diversos puertos de la Unión Europea. Menciona Cavallero que está siendo "seriamente objetada por haber sido incapaz de brindar estos servicios de manera eficiente y a la vez verse involucrada en hundimientos de naves".

Puerto Fénix. Respecto de la otra empresa, la que administra Puerto Fénix en Paraguay, el concejal le dice a Bonfatti que no tiene intención de dudar de la "honorabilidad de quienes se hallan al frente" pero hace notar que la misma "posee además intereses en el puerto de Zárate en Argentina, y Nueva Palmira en Uruguay", con lo que en caso de acceder al manejo del puerto de Santa Fe "cerrarían un circuito de difícil monitoreo una vez que se hubieren vulnerado los controles en alguno de los puntos de embarque y pondría a la Hidrovía en una peligrosa situación de "dominante del tránsito de embarcaciones" al grupo en cuestión.

Pero el caso no es de menor envergadura ya que del puerto paraguayo se han efectuado algunos de los mayores embarques de droga de los últimos años, no porque la empresa se halle involucrada, sino porque los controles que se efectúan en él son sobrepasados por las circunstancias. Y enumera una serie de operativos de incautación de droga proveniente de ese puerto o a punto de ser embarcada.

    En el libro Politileaks, de Santiago O’Donnell, que revela los secretos diplomáticos mundiales norteamericanos dados conocer por Julián Assange, se menciona al actual presidente del Paraguay, Horacio Cartés, como vinculado a Puerto Fénix.

   Por otro lado, existe desde la Liga de Obreros Marítimos del Paraguay, sindicato que agrupa a los trabajadores del sector de ese país, una denuncia desde 2011 ante el Consejo Internacional de Trabajadores Portuarios por las condiciones laborales a que son sometidos los trabajadores en los puertos paraguayos, pero especialmente en el de este caso.

   Hasta hace pocos días los arcos de control para detección de drogas en el puerto Fénix habrían estado sin funcionar.    

   Al mismo tiempo, la Unidad de Investigación Sensible de la Policía del Paraguay, creada para combatir el narcotráfico, reconoció estar sobrepasada por el flujo de drogas que se intenta enviar desde los puertos del país a diversos destinos del mundo.

Manzanas Blancas. También Cavallero habla de la firma House to House, empresa que se dedica a la logística nacional e internacional de cargas, y aparentemente de capitales nacionales. Esta empresa, de acuerdo a las noticias publicadas en el Boletín Oficial de la Nación, se halla integrada por Pablo Pérez Porto (presidente), Fabián Plácido Rizzo, Sergio Orlando Codino, Bernabé Moschella y Enrique César Sosa y Leonardo Gastón Salvadore.

   “Debo advertir a usted que esta sociedad ya se ha visto involucrada en el denominado operativo «Manzanas Blancas» en donde se intentó enviar en el año 2009 un cargamento de drogas escondido en un embarque de manzanas desde Río Negro”, le dijo Cavallero a Bonfatti, y le pidió que verifique si el presidente de la compañía figura como emisor de obligaciones sin fondo por un valor de 43.665.000,29 en el registro del Banco de la Nación Argentina a través de cuentas personales y de otra empresa a su cargo.

   Además, la nota enviada a la máxima autoridad de la provincia recuerda que en 1999 Pablo Pérez Porto fue gerente comercial de Edcadassa, concesionaria de los depósitos fiscales en los principales aeropuertos del país que fue investigada en varias ocasiones por la presunción de distintos ilícitos. Y le pide que se investigue si este señor es parte de la empresa denominada International Logistics Consultants, en el estado de Florida (USA), y qué movimiento comercial registra la firma.