Fuertes críticas al veto a la suspensión de los remates de viviendas

Una de las entidades que reúne a los deduores lamentó la "hipocresía" que se utiliza en los fundamentos del decreto. "Un avalúo de 150.000 pesos no puede asustar a nadie", dijo la titular de Asuserfi.
Ana María González, titular de la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Asuserfi), manifestó su disconformidad con el veto del gobernador Sergio Urribarri a la prórroga de la suspensión de remates de viviendas únicas. “Es lamentable la absoluta hipocresía que se utiliza en la decisión”, dijo.

“Esta ley con esa misma redacción viene prorrogándose desde hace aproximadamente tres años en la provincia. La última vez tuvo una quita en algunos de los artículos y ya allí empezamos con algunos inconvenientes. En realidad el problema es la fundamentación que utiliza el organismo de contralor, la Secretaría Legal y Técnica, antes de pasar el informe al Poder Ejecutivo”, lamentó González.

Según dijo la abogada a la agencia APF, el titular de la Secretaría, José Gervasio Laporte, “sorpresivamente se escandaliza por el monto de avalúo que se incluye”, y agregó: “Pero los que decidimos ese monto lo hicimos teniendo en cuenta la situación absoluta de desigualdad que existía entre los deudores y las pretensiones de los bancos y de sus abogados, que llevaba a las deudas a cinco o seis veces más que las cifras pactadas en las escrituras”.

González sostuvo que lo “lamentable” es “la absoluta hipocresía que se utiliza en la decisión de vetar la ley por sugerencia de este organismo técnico del Ejecutivo provincial”.

“La Legislatura no reaccionó cuando denunciamos que el Poder Judicial, a través de una fiscal, había declarado inconstitucional esta ley. Ahora vemos que sorpresivamente todos se rasgan las vestiduras y llaman a una reunión para el lunes (de los diputados y senadores), donde pensamos estar, cuando los legisladores en realidad tienen la decisión. Un avalúo de 150.000 pesos no puede asustar a nadie después de que han sido sobrevaluadas en plaza todas las propiedades de la provincia”, completó.

“No pueden los deudores, ni ninguna persona, ser rehenes de las cuestiones internas políticas que se susciten en ningún ámbito. Debe hacerse el análisis que corresponde acerca del grado de empobrecimiento al que se llevó a la clase media argentina, lo cual le impide afrontar las obligaciones”, manifestó.

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