Fuertes críticas a que el blanqueo permita la inversión en medios

Constitucionalistas y legisladores señalaron que la reglamentación de la AFIP viola el espíritu de la Ley.
Legisladores, especialistas en derecho constitucional y expertos en la problemática del lavado de dinero se expresaron ayer en contra de la posibilidad de que la Ley que permite el blanqueo de capitales habilite la inversión de fondos no declarados ante la AFIP y de origen dudoso en la compra de medios de comunicación.

Tal posibilidad quedó explicitada en la resolución general 2609 de la AFIP, que determinó que las personas que busquen "exteriorizar" fondos podrán destinarlos a invertir en "producción televisiva, cinematográfica, editorial, publicitaria, incluyendo las realizadas por cualquier otro medio o soporte audiovisual". También podrán dedicarlos a "inversiones en la industria cultural."

Para los críticos de la resolución oficial, detrás de esa normativa aparece la intención del kirchnerismo de avanzar en el control de los medios de comunicación.

El constitucionalista Daniel Sabsay señaló: "Es un exceso reglamentario. Eso debiera salir por una ley y no por una resolución. La Constitución Nacional expresamente establece que la posibilidad de reglamentación de una ley aprobada por el Congreso por parte del Poder Ejecutivo no debe violar el espíritu de la ley, que no puede tener alcance legislativo. Acá se está expidiendo agregando algo que la ley no dice, con lo cual está legislando y es inconstitucional. No es cualquier situación, porque es abrir a esa fuente monetaria un sector o área diferente, no prevista por la ley, pero que además puede afectar seriamente la libertad de expresión y de prensa. Es una reforma por adición. Claramente inconstitucional."

El diputado Adrián Pérez (Coalición Cívica) dijo: "Presentamos un proyecto contra esto porque viola un principio que tiene que ver con controlar el origen de los fondos en la compra de medios. Los medios son un actor estratégico de la sociedad. No se puede permitir que entren capitales espurios. La resolución va más allá de la ley. En un escenario en el que aparecen actores vinculados al Gobierno, abre la posibilidad de que se quiera blanquear plata de la corrupción en medios de comunicación. Y eso es algo preocupante."

Juan Félix Marteau, ex representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), advirtió: "La nueva reglamentación hizo una trampa. En la discusión parlamentaria nadie tenía claro que cuando se hablaba de servicios se incluía a los medios de comunicación. La trampa de la reglamentación está además en el hecho de que en la misma norma hay una cláusula que permite ahora no depositar el dinero en las cuentas bancarias especiales, que era un argumento del Gobierno para defenderse de la presión internacional. Los bancos locales no quieren abrir cuentas especiales ni nadie quiere ser examinado. Entonces ¿Quién va a controlar al verdadero beneficiario, más en un tema tan sensible como la propiedad de los medios de comunicación?"

Félix Loñ, profesor de derecho constitucional de la UBA, señaló: De la reglamentación se infiere que se podrían utilizar capitales de origen dudoso para invertir en medios, y es conocida la tendencia del Gobierno de comprar, por interpósitas personas, posiciones dominantes en los medios".

La diputada Patricia Bullrich opinó: "Estamos totalmente en contra e hicimos un proyecto de ley encabezado por la diputada Silvana Giudici planteando la exclusión de la reglamentación de la compra de los medios de difusión. Es una locura tener a los blanqueadores de dinero en los medios."

El constitucionalista Gregorio Badeni concluyó: "Todo blanqueo de dinero trae aparejado un riesgo de lavado. Si no hay cierta cuota de razonabilidad para determinar de dónde proviene (no hay forma de detectarlo en forma certera, en realidad) el dinero es muy probable que provenga de operaciones ilícitas".

La diputada Norma Morandini (del bloque Memoria y Democracia) subrayó que "en nombre del blanqueo, en realidad, se sincera el desprecio a la Constitución, ya que la AFIP, de ninguna manera, puede a través de una resolución vulnerar el espíritu de una ley. Esta decisión sincera también lo que desde la Comisión de Libertad de Expresión venimos denunciando: el desprecio a la prensa como valor constitutivo de la democracia y la subestimación de la ciudadanía. Todavía se cree que controlando a los medios se controla la conciencia de los argentinos.

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