Fuerte rechazo político por un allanamiento en la Legislatura

En un inusual operativo, una jueza secuestró la carpeta con un expediente.
Funcionarios judiciales y policías realizaron ayer al mediodía un inusual allanamiento en la Legislatura de la Ciudad. La mayor parte de los diputados reaccionó con sorpresa y disgusto y anoche el bloque del PRO estaba juntando firmas para convocar a una sesión especial, que podría ser hoy, tendiente a declarar un "conflicto de poderes", que debería ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia porteño.

El allanamiento lo ordenó la jueza del fuero Contencioso Administrativo porteño Patricia López Vergara. Ella es una de las que investiga el procedimiento que está llevando adelante la Legislatura para designar a la candidata impulsada por Mauricio Macri, Daniela Ugolini, para cubrir una vacante en el Tribunal Superior de Justicia (la Corte Suprema local).

La candidata es ex Procuradora General de la Ciudad y actual fiscal de Cámara, y su postulación desató una dura pelea política entre el macrismo y sectores de la oposición y organismos de derechos humanos

Según distintas denuncias, que investigan López Vergara y otros cuatro jueces, el Gobierno de la Ciudad no habría cumplido con los requisitos legales en cuanto a plazos de la presentación y a la difusión de los antecedentes de Ugolini, cuyo expediente fue secuestrado ayer por los funcionarios judiciales.

Varios de esos jueces ya le ordenaron a la Legislatura que detenga el proceso de designación de Ugolini, pero la Junta de Etica del cuerpo desconoció esos fallos y siguió adelante, al punto que convocó para este viernes a una audiencia pública para debatir la postulación.

La pelea incluso ya generó una denuncia penal contra cuatro diputados del PRO (Cristian Ritondo, Oscar Zago, Carlos Araujo y Victoria Morales Gorleri), a quienes se los acusó de desobedecer la orden judicial de parar el proceso de designación.

Las denuncias contra Ugolini llegaron a la Justicia desde distintos frentes. Un grupo de legisladores electores de Proyecto Sur, el espacio político que lidera Pino Solanas, son los responsables de una de las denuncias. Otras fueron presentadas por abogados particulares.

Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros organismos de derechos humanos impugnaron su candidatura ante la Legislatura al entender que "no cumple con los requisitos de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y compromiso con los derechos humanos, que son exigidos para ocupar tan importante cargo".

En ese contesto, sorprendió ayer el allanamiento al Palacio de Perú 130. En los pasillos de la Legislatura, diputados intentaban recordar otros allanamientos al edificio y decían que, en ocasiones similares, los ex vicepresidentes del cuerpo, Cristian Caram y Santiago de Estrada, no habían permitido el ingreso de la misión judicial.

Ayer, el vicepresidente primero de la Legislatura no estaba en el edificio ya que se encontraba en Uruguay, según se informó.

"El viernes pasado convoqué a una audiencia en la que tenía que comparecer el director de la Junta de Etica de la Legislatura, munido de una copia del expediente de Ugolini. Cuando vino, dijo que no había tenido tiempo de sacar las fotocopias. Como verá, solicité la documentación por las buenas y no me la dieron, así que no quedó otra que hacer el allanamiento", dijo López Vergara a este diario, al defender su actuación.

"La Legislatura está para legislar y el Poder Judicial, para controlar la constitucionalidad", agregó.

Del otro lado, el diputado del PRO y presidente de la comisión de la Justicia, Martín Borrelli, dijo que López Vergara y los demás jueces "están violando la división de poderes".

Borrelli redactó ayer un proyecto de resolución, que será sometido a votación, en el que se autoriza a Santilli a demandar en nombre de la Legislatura al Poder Judicial de la Ciudad, ante el Tribunal Superior de Justicia, que de acuerdo al artículo 113 de la Constitución local es el que debe resolver "los conflictos entre los Poderes de la Ciudad".

En el texto de Borrelli se habla de "un atentado contra la independencia de los legisladores".

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