En enero pasado, comenzó a tejerse la posibilidad de reflotar el Carnaval Cuartetero por parte del Gobierno provincial. Y fue así como, en medio del inicio de la campaña como precandidato presidencial del gobernador José Manuel de la Sota, se confirmó la fecha de la fiesta popular para el fin de semana largo de marzo (21 al 24), aún con el polémico antecedente en el verano de 2013. Ahora, con las inundaciones ocupando la agenda social y política, se confirmó que el festival no se canceló sino que se pospuso para abril o mayo, con la organización de tres empresas privadas y la presencia de la Provincia en el patrocinio. 

Con este escenario, las aguas en la oposición comenzaron a agitarse. Entre ellos, el legislador y jefe de la bancada del juecismo en la Unicameral, Ricardo Fonseca, quien en contacto con LA MAÑANA afirmó: “Rechazamos totalmente la organización del festival, no por la fiesta popular en sí, sino porque no es oportuno y es un negocio personal de distintos empresarios vinculados al Gobierno”. “No nos sorprende en lo más mínimo que lo hagan nuevamente, este es un Gobierno que se caracteriza por cauterizar, tapando una problemática como son las inundaciones con este tipo de eventos”, agregó. 

“La sociedad no está predispuesta para un Carnaval Cuartetero -dijo Fonseca-, hay gente que quedó en las ruinas con lo sucedido. No se puede entender la frivolidad que tiene este Gobierno, cuando en lugar de celebrar debería proponer un duelo por lo ocurrido, sabiendo que esta gestión, como las anteriores, son grandes responsables de lo que ocurrió con las inundaciones”. 

El antecedente. En enero de 2013 se realizó por única vez y con la excusa de que sería para incrementar el turismo en la ciudad, algo que finalmente, según la oposición, no se produjo. Además, se contrataron los tríos eléctricos que vinieron desde Brasil y se denunció un gasto cercano a los 20 millones de pesos; a pesar de que la gestión delasotista confirmó un número cercano a los ocho millones. Cabe recordar que la denuncia terminó con una causa que en diciembre pasado fue archivada por la jueza Ana Lucero Offredi, luego de hacer lugar al pedido del fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco.