Fuerte rechazo del agro a la estatización.

Fuerte rechazo del agro a la estatización.
Los productores cuestionaron la iniciativa y advirtieron que podría haber otra crisis de consecuencias impredecibles; silencio oficial.
Al unísono, unas 25 entidades de la cadena agroindustrial cuestionaron ayer el proyecto de estatización del comercio de granos y derivados que estudia el Gobierno. Esas entidades de productores, exportadores, acopiadores, corredores de granos e industriales, además de las bolsas de comercio, publican hoy una solicitada en la que "rechazan enfáticamente la posibilidad de que se establezca un sistema estatizado y monopólico". Durante una reunión en la Bolsa de Cereales porteña, representantes del sector compartieron ayer la poca información que disponen sobre la iniciativa y redactaron la solicitada, titulada Argentina en retroceso , en la que se advierte que la estatización "pondrá a la sociedad argentina al borde de otro conflicto, innecesario y de consecuencias impredecibles".

Desde el Gobierno, donde el proyecto se analizaba anoche en el hermético entorno del matrimonio gobernante, no hubo desmentida ni confirmación. Fuentes de varios ministerios y oficinas oficiales jugaban ayer al misterio (ver aparte). Según pudo saber LA NACION, el borrador del decreto de necesidad y urgencia elaborado por el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue analizado por técnicos del Ministerio de Economía donde la iniciativa habría provocado una acalorada discusión.

La Comisión de Enlace, que el martes próximo será recibida nuevamente por la ministra de Producción, Débora Giorgi, cuestionó duramente la idea de la estatización del comercio granario. "Si se confirma esta irracionalidad, estaríamos ante un escenario de inestabilidad social más alarmante que el que desencadenó la 125", dijo el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, para quien sería como "patear el tablero y tirar todo al diablo". Para su par de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías, "es echar más leña al fuego" del conflicto agropecuario.

El presidente de Coninagro, Carlos Garetto, no fue menos contundente: "No pueden ser tan burros para cometer un error de esa magnitud. Pero si estaban pensando en la estatización del comercio de granos, hoy se entiende qué hay detrás del cambio de sistema de las cartas de porte".

Hasta el líder de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, que en varias oportunidades defendió la actuación de la antigua Junta Nacional de Granos, cerrada en los 90, dijo que el proyecto oficial "podría ser un fenomenal problema para los pequeños y medianos productores".

La difusión del proyecto hizo subir el precio de la soja en la Bolsa de Chicago, donde se descuenta que si la iniciativa se concreta, se paralizará el comercio de la oleaginosa. También hubo nerviosismo entre hombres de entidades bancarias que prefinancian exportaciones de granos.

"El efecto negativo ya lo tuvo, las prefinanciaciones de exportación están paradas por estos anuncios", dijo Llambías. Para el presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Forbes, el cambio significaría "volver a la prehistoria del comercio de granos", en referencia a los antecedentes de la medida, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), a mediados del siglo pasado, y la Junta Nacional de Granos, que operó desde los 70.

Dos cuestiones

En el encuentro de ayer en la Bolsa de Cereales, la cadena agroindustrial se detuvo en dos cuestiones. Por un lado, en la falta de reacción inicial de las extintas administradoras de fondos de jubilaciones cuando la administración Kirchner anunció la estatización del sistema de capitalización. "Pensando en eso, decidimos fijar una posición inmediatamente", dijo uno de los asistentes.

Por otro lado, se coincidió en que si se avanza en esta iniciativa, se le estaría dando al campo algo de lo que carece desde que fracasó la resolución 125 en el Congreso: un causa integradora de los múltiples reclamos ruralistas.

Además de rechazar el proyecto, los ruralistas se encargaron de aclarar las cifras del volumen de la última cosecha de soja que todavía está en manos de los productores y que el Gobierno estima en 9 millones de toneladas y que para el agro no supera los 6 millones. La no comercialización de esos granos, con la consiguiente merma en el ingreso de divisas, está afectando la recaudación por retenciones y es un factor alcista para el dólar (ver aparte).

En todo el arco opositor, desde la Coalición Cívica y el radicalismo hasta el Pro, hubo fuertes críticas al proyecto oficial, que pondría en manos del Estado un negocio de US$ 25.000 millones.

En los últimos años, marzo siempre fue un mes difícil para el agro. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner prohibió las exportaciones de carne. En 2007, se acentuó la intervención de la Secretaría de Comercio Interior en los mercados de hacienda y leche. Y el año pasado, se anunciaban las retenciones móviles que originaron la mayor protesta agropecuaria de la historia, hasta ahora.

Semana caliente

* Paro . Ante la falta de respuesta a sus reclamos, la Comisión de Enlace convocó a un cese de comercilizacion de cuatro días, que terminó el martes último.

* Reunión . El mismo martes, los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y Producción, Débora Giorgi, recibieron a los ruralistas y reanudaron el diálogo.

* Medidas . En ese encuentro, el Gobierno anunció medidas de aliento a la producción de trigo, leche, carne y productos regionales.

* Audiencia . En el Congreso, junto con la oposición, los ruralistas pronunciaron discursos muy duros contra el Gobierno el miércoles.

* Estatización . Anteayer, en la AFIP confirmaron la existencia de un proyecto para estatizar todo el comercio de granos.

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