La decisión oficial de acortar el plazo en el que los comercios reciben el dinero de las ventas que hacen por tarjeta de crédito de 28 días corridos a 10 días hábiles, está en plena vigencia desde el mismo momento que fuera anunciado por el Ministerio de Producción y Trabajo, pero hasta hace unos pocos días, llamaba la atención el reclamo de expendedores de diferentes regiones que no habían visto el cambio en sus finanzas bancarias.

Sin embargo, salvo en algunos casos puntuales de empresas de tarjetas de crédito que intentan desconocer la norma basados en una interpretación de sus abogados con el objetivo de dilatar el cumplimiento de la Resolución, las entidades aplicaron los 10  días hábiles tal como lo marca la autoridad bancaria.

Según destaca el Licenciado Cristian Bergmann, quien se abocó al estudio de la problemática para diversas instituciones empresariales, a través de la modificación del plazo, “una Estación de Servicio que comercialice entre 300 y 350 m3, ve disminuido su capital de trabajo entre 1 y 1,5 millón de pesos, con lo cual el costo financiero se reduce aunque está lejos de lo ideal”.

En otros países de Latinoamérica “la venta de combustibles goza de aranceles y plazos de acreditación diferenciales y sensiblemente menores a los existentes en Argentina, en razón de que son uno de los pocos rubros de la economía que tienen sus variables de costos directos y precio con escaso margen de maniobra”.

Vale recordar que mientras el vendedor de nafta, tiene que abonar el producto a cola de camión en efectivo o cheque al día, las ventas con tarjeta al público, no solamente representaban casi un mes de espera para ser cobradas efectivamente por el comercio, sino que, el importe vendido, sufría el impacto de la devaluación permanente de la moneda, que desfasaba los costos y el precio mayorista del producto para reabastecer, con los aumentos casi mensuales que se dieron en estos dos años.

A pesar de ello, según se advirtió, los proyectos de ley que están presentados en la Cámara de Diputados de la Nación para reformular las condiciones de las gerenciadoras de tarjetas de crédito y débito, “deben ser sancionados porque es la única manera de brindar estabilidad y equilibrio a la actividad, sin importar el gobierno de turno, ni las coyunturas económicas que pueda afrontar el país”.

Otro tema por el cual el entrevistado insistió con la necesidad de generar una ley al respecto, pasa por que “la Resolución del Central habla de los plazos, pero aún es necesario modificar las excesivas comisiones que cobran, que son porcentajes muy perjudiciales para la escasa rentabilidad en la venta de combustible”, dijo.

EL ARANCEL DE DÉBITO UN PROBLEMA RESOLVER

Finalmente, Bergmann recalcó que en referencia a las ventas con tarjetas de débito, el arancel para estaciones de servicio es del 1 por ciento. Según el acuerdo rubricado en el 2016 entre el Gobierno Nacional, las empresas de tarjeta de crédito y CAME, la comisión que se cobra por dichas operaciones fue disminuyendo para el comercio minorista en general, pero quedó fijo para Estaciones de Servicio, con lo cual se perdieron las condiciones disminuidas del 50 por ciento que históricamente tuvo el rubro sobre el arancel general.