Fuerte advertencia judicial sobre la reforma política

Jueces electorales cuestionan el aumento de la injerencia del Gobierno en el sistema de votación
No sólo la oposición y organismos no gubernamentales se despacharon con críticas al proyecto de ley de reforma política del Gobierno, que se debate en el Congreso y al que la Cámara de Diputados podría darle media sanción pasado mañana. También calificados integrantes de la justicia electoral hicieron llegar a los legisladores en los últimos días duros reparos a la iniciativa: advirtieron que, de aprobarse, se extenderá la injerencia del Poder Ejecutivo en la política partidaria.

Según pudo saber La Nacion, en distintos informes con recomendaciones técnicas que remitieron a los diputados para su estudio, los jueces alertaron que la iniciativa amplía las facultades del Ministerio del Interior en el sistema electoral, lo que ?a su juicio? podría afectar la equidad y transparencia necesarias para garantizar el proceso electoral.

Advirtieron, por caso, que el proyecto deja al criterio de la cartera política la definición del tope de gastos y de montos privados que los partidos podrán captar durante sus respectivas campañas. También deja librado al Ministerio del Interior el reparto "equitativo" de las pautas publicitarias electorales entre los partidos políticos y, además, no se explicita de manera precisa cómo se efectuará ese reparto con miras a las elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias. Una instancia clave en la elección de los futuros candidatos presidenciales y legislativos que instaura la iniciativa oficial.

No sólo eso: el Ministerio del Interior tendrá la facultad de ordenar una nueva demarcación de los circuitos de cada sección electoral, como también publicar la nómina de fallecidos y los padrones provisionales. Asimismo, será el primero en recibir los resultados del escrutinio que se realice en cada una de las mesas en las elecciones primarias.

Además, los funcionarios judiciales enumeran imprecisiones que, a su juicio, contiene la iniciativa y que, de no corregirse, podrían enturbiar la transparencia electoral. Dos ejemplos: no está explícita en el texto la prohibición de las listas espejo y colectoras en las elecciones internas. También se advierte que, respecto de las autoridades de mesa, se priorizará a los que se presenten como voluntarios sin considerar si son afiliados a algún partido.

"El proyecto presenta varias inconsistencias de relevancia y contiene normas de difícil ejecución -reza uno de los informes judiciales que circuló discretamente por algunos despachos legislativos-. Es inevitable advertir que el diseño institucional que se propone profundiza inconvenientemente la injerencia del Poder Ejecutivo en espacios sensibles."

El oficialismo en la Cámara de Diputados ya anticipó que corregirá algunos de los aspectos más controvertidos de la iniciativa, al tiempo que relativiza las críticas de la Justicia, por considerarlas parte de la sempiterna disputa que mantiene con el Poder Ejecutivo por el control del proceso electoral. En esta pulseada, la oposición se inclina a favor de la Justicia, aunque hay quienes impulsan la creación de un organismo autárquico, independiente del poder político, que se ocupe de todo lo referente al acto eleccionario.

El kirchnerismo trabaja contra reloj en la Cámara de Diputados para presentar mañana el dictamen de la reforma que pretende discutir en el recinto el día siguiente. Se incorporarán cambios con el fin de convencer a las fuerzas minoritarias de centroizquierda, que se sintieron agredidas con la primera versión del proyecto: denunciaban una intención de sacarlos de escena con las severas restricciones propuestas para participar de la contienda electoral. Aun así, esos bloques mantienen su rechazo a la reforma, al igual que la mayoría de los bloques de la oposición.

El dinero de las campañas

Otro aspecto que los funcionarios judiciales cuestionan en sus informes es la falta de mayor rigurosidad para regular el reparto de las pautas publicitarias entre los partidos políticos que competirán en elecciones internas. Se señala que la redacción es tan imprecisa que no explicita qué cantidad de publicidad asignará el Estado ni cómo será distribuida en esa instancia. En cuanto al tope de gastos para actividades proselitistas y la cantidad de recursos privados que podrán recibir los partidos, la iniciativa propone un cálculo atado a un "módulo electoral" cuya cuantificación deja en manos del Ejecutivo.

Como sugestivo contraste, el proyecto no contiene prácticamente limitaciones a la publicidad oficial. En efecto, en una redacción ambigua sólo establece que ésta "no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio" y le prohíbe al Gobierno efectuar actos de lanzamiento de obras públicas o de proyectos de alcance colectivo, pero sólo en los 15 días previos a la fecha electoral.

"En los países en los cuales la pauta publicitaria electoral es exclusivamente provista por el Estado, se adoptan medidas que tienden a morigerar la inequidad que resulta de la posición más ventajosa que tiene quien está a cargo del poder", advierte uno de los funcionarios judiciales en su escrito. Se cita el caso de México, donde se prohíbe todo tipo de propaganda gubernamental durante la campaña, salvo la relativa a servicios educativos y de salud.

La oposición se inclina por una prohibición total de la publicidad oficial durante las campañas. El oficialismo, que se dice magnánimo en la concesión de cambios a la oposición, aún es renuente a cambiar este punto. "Lo estamos evaluando; no lo tenemos cerrado", afirman en los despachos kirchneristas donde se pule la iniciativa oficial.

El proyecto de ley

ANTES

Reconocimiento del partido

En el proyecto original del Gobierno se requería tener un número de afiliados equivalente al 5 por mil del padrón nacional para ser aceptado como partido nacional y competir por la presidencia.

Elecciones internas

Se planteaba que los interesados en competir en las elecciones internas de un partido (obligatorias para pelear por la presidencia) debían tener como adherentes un mínimo del 1 por mil del padrón (alrededor de 25.000 personas).

Piso electoral

El candidato que no alcanzara el 3 por ciento de los votos nacionales en las elecciones internas de su partido (aun ganando) quedaría descalificado de los comicios generales.

Afiliaciones

No se plantea la revisión de los padrones partidarios ni se obliga a una reafiliación general, como pedían algunas ONG.

DESPUES

Reconocimiento del partido

El número de afiliados necesarios para ser aceptado en las elecciones presidenciales se bajará a 4 por mil del padrón (poco más de 100.000 personas).

Elecciones internas

Se elimina la obligación a presentar un piso de adherentes para anotarse en las elecciones internas de un partido.

Piso electoral

Se reducirá de 3 a 2 por ciento (algunas fuentes hablan del 1,5%) el mínimo de votos que debe sacar un candidato para no ser eliminado en las elecciones internas.

Afiliación

Se mantiene igual la decisión de no revisar los padrones de los partidos políticos. En otro orden, se podría incluir una prohibición expresa a las controvertidas listas espejo y a las colectoras.

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