Los dos jóvenes bolivianos detenidos el martes en el marco de la investigación por el homicidio de la joven trans Marcela Chocobar (26) fueron excarcelados horas después de su arresto. La Justicia no obtuvo pruebas contundentes para ordenar que continuaran detenidos. La Opinión Austral habló con los sospechosos, quienes denunciaron abusos de autoridad, negligencias en la investigación y discriminación por su condición de extranjeros. 

Los jóvenes de 23 y 28 años son primos y nacieron en la ciudad de La Paz, hace casi una década que residen en el país, y tienen hijos que nacieron en Santa Cruz. El menor es albañil y el mayor trabaja en una empresa que presta servicios de limpieza. Aseguran que del caso de la desaparición de Chocobar no tenían mucho conocimiento, y a pesar de ser involucrados, en ningún momento de la detención y los allanamientos se les informó sobre la causa judicial.

Fueron detenidos cerca del mediodía, cuando circulaban en un Renault 9 (color rojo) de la novia del muchacho de 23 años, una joven peruana que reside hace unos años en el país, y que adquirió el automóvil a una comadre, el pasado 8 de septiembre, dos días después de la desaparición de Chocobar. Aseguran que ese día se inició la transferencia del vehículo, en una escribanía. 

El arresto se concretó por parte de los efectivos de la Dirección de Investigaciones en la esquina de las calles Tucumán y Buenos Aires, y en el vehículo viajaban la madre del albañil de 54 años, un niño de 4 y un bebé de 11 meses (hijo de la mujer peruana). Se trasladaban al Hospital Regional donde la mujer iba a ser asistida por una enfermedad. 

Los hombres afirmaron que fueron víctimas de malos tratos durante el momento que permanecieron demorados, y que varios policías los trataban de interrogar, involucrando en la desaparición y muerte de la joven trans salteña. 

Aseguran que cuando estuvieron bajo arresto los alojaron en distintos sitios, y que en medio de los malos tratos les advertían que “los tenían grabados” y que debían confesar, o que el primo lo había involucrado en el hecho que se investiga. También se mostraron molestos porque fueron discriminados por su origen: ‘Los bolitas del orto deben irse’. Consideran que los implicaron por su procedencia y el sitio donde residen, el asentamiento “Madres a la lucha”. Son conscientes que en donde viven hay personas de bien y trabajadoras, pero que también hay otras que delinquen, pero son pocas como en cualquier otro barrio de la ciudad. Sin embargo se sienten “estigmatizados”, y no quisieron que se publiquen sus nombres ni fotografías, porque se sumará la discriminación a su nacionalidad esta causa judicial en la que se los involucra. 

Sin garantías 

Los jóvenes se quejaron no sólo el proceder en la detención, sino cómo se llevaron a cabo los allanamientos. Indicaron que se allanaron sus precarias viviendas, sin tener en cuenta los niños que se encontraban allí. Que en uno de los casos se llevaron prendas de la hermana de uno de ellos, y en otras, cuchillos, herramientas de trabajo, como una pala oxidada, un serrucho y hasta un destornillador. 

Ante la consulta sobre qué hicieron la madrugada del 6 de septiembre, los primos indicaron que se encontraban en su domicilio, ya que el joven que convive con su novia, ella se encontraba en reposo por una intervención quirúrgica a fines de agosto, mientras que su primo debía cuidar sus hijos, ya que su esposa había viajado a Bolivia. 

Consideran que la Policía actuó sin tener pistas concretas contra ellos, sólo por tener un vehículo similar al que fue registrado por una cámara del pub “Russia” donde fue vista por última vez Chocobar. “Hay cientos de Renault 9 rojos en Río Gallegos, y justo a nosotros. Acá hubo un abuso por parte de las autoridades y nosotros terminamos ‘escrachados’”, afirmaron. 

Remarcan que los investigadores aparentemente no cuentan con los datos de la patente de ese automóvil sospechoso, porque días después de la desaparición de la joven los tenían que haber ido a buscar a ellos y a la comadre de la dueña del vehículo, quien se los vendió.

Ahora se sienten “perejiles” de una de las causas policiales con mayor repercusión en la sociedad santacruceña, y que ninguna autoridad ha emitido información u opinión alguna ante la desaparición y luego que se confirmó el crimen de la joven trans. 

Advierten que “no tienen garantías” y que en cualquier momento pueden ser demorados, y los preocupa que no cuentan con recursos para que un abogado los defienda ante tan complicada causa. 

Ayer recurrieron a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, por los malos tratos de los que fueron víctimas, y desde allí los mandaron a realizar una presentación en la Fiscalía de turno, donde no terminaron el trámite porque no se encontraba el médico legista. Esperan poder mantener una entrevista con el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Humberto Quiñones. También recurrirán a los consulados de Bolivia y Perú, porque consideran que sus derechos han sido vulnerados. 

Pericias sobre el Renault 9 

El Renault 9 fue sometido a pericias en la noche del martes, y los investigadores secuestraron algunas muestras de pelos y un trozo de tela de la funda del asiento trasero, que serán sometidas a análisis. Las fuentes confirmaron que la prueba de Luminol, tanto en la parte interna como externa del rodado, fueron negativas, por lo que no había muestras de sangre. La propietaria aseguró que no lo había lavado al vehículo desde que lo adquirió.