No fueron allanadas cinco propiedades clave de Lázaro Báez

No fueron allanadas cinco propiedades clave de Lázaro Báez

En los más de 500 mil metros cuadrados que Lázaro Báez adquirió en Santa Cruz, se allanaron 50 propiedades en una semana. 

 Sin embargo, quedaron afuera de los operativos judiciales cinco inmuebles que son claves en la investigación conocida como “la Ruta del Dinero K”, que no se incluyeron en la lista con la que el fiscal Guillermo Marijuán llegó a Río Gallegos. Se trata del chalet de la calle 25 de Mayo que Néstor Kirchner vendió al empresario K, las oficinas de dos empresas Austral Agro (utilizada para la compra de estancias), Kank & Costilla, la casa de Luciana la mayor de las hijas de Báez y la estancia Alquinta denunciada por Elisa Carrió de ser el destino del dinero que presuntamente se retiró de la bóveda de la chacra en 2013.

Casas, departamentos, chacras, terrenos, estancias, oficinas comerciales, el imperio inmobiliario de Báez se expandió a lo largo y a lo ancho del suelo santacruceño. La Justicia se encuentra tasando 50 de 150 propiedades que están a nombre del empresario K o vinculadas a él por medio de sus empresas. Pero cinco propiedades no fueron incluidas en esta primera etapa de allanamientos. Llamativamente, se tratan de direcciones importantes en la investigación por lavado de dinero en el marco de la cual, Lázaro Báez lleva detenido tres semanas.

Es una esquina emblemática, símbolo de los negocios inmobiliarios entre la familia Kirchner y su socio favorito. En la calle 25 de mayo y Maipú en Río Gallegos, se observa el gran chalet de 625 mt 2, con ladrillos a la vista y rejas negras. La vivienda perteneció a la familia Gotti –titular de la constructora que terminó absorbiendo Austral Construcciones- y después integró el patrimonio de Néstor Kirchner hasta que en 2008 se la vendió a Báez, quien la adquirió por medio de una empresa que le pertenecía, Epelco S.A.

El matrimonio Kirchner declaró percibir $ 3.170.000 por la casa; la operación, sin embargo, se había concretado en unos 700 mil pesos, según se desprende de las porcentajes pagados en concepto de escrituración.

Al igual que otras casas del empresario K, nunca se habitó y en la última semana se observaron vehículos custodiando la propiedad que permanece día y noche con sus persianas bajas.

Recorriendo la Ruta 3, pavimentada por Austral Construcciones, al norte de la capital santacruceña, se encuentra la estancia Alquinta. Fue denunciada por la diputada Carrió como el lugar donde se ocultó dinero, documentación y armas que se habrían retirado una bóveda instalada en el sótano de la chacra 39, ubicada en Río Gallegos.

Este importante campo escriturado a nombre de Austral y adquirida en 2008, cuenta con siete tranqueras y un camino completamente de ripio. Fuentes judiciales argumentaron a Clarín que debían librarse órdenes de allanamientos por cada acceso que se debía atravesar para acceder al casco de la sospechada estancia. Se especuló que sería uno de los primeros lugares donde irían los efectivos federales, pero esto no ocurrió.

Sorprendió, incluso a la propia familia Báez, que el operativo judicial nunca llegó a Alcorta 741. Se trata de la casa de Luciana, la hija mayor del empresario K y responsable de Austral desde que su padre quedó detenido. La propiedad a nombre de la constructora quedó al margen de los allanamientos realizados en las viviendas familiares: En una tarde se allanaron las casas de sus tres hermanos Martín, Leandro y Melina, incluso la de su madre Norma Calismonte.

Vinculada a la compra de estancias, está Austral Agro, manejada por Leandro Báez, según indicó Leonardo Fariña en la ampliación de su declaración. Esta empresa manejó millones de dólares y a su nombre se escrituraron una docena de campos. Dichas oficinas ubicadas en la capital santacruceña y en el edificio de Pasaje Carabelas en Buenos Aires, no fueron allanadas, pero a que una de las búsquedas más intensas se realizaron en las héctareas que compró Lázaro estos doce años.

Kank & Costilla, empresa inquilina de inmuebles de Los Sauces S.A. propiedad de Cristina Kirchner, tiene su principal domicilio sobre la avenida Gregores en Río Gallegos. Manejó millonarias licitaciones del Gobierno nacional, se encuentra entre las empresas del Grupo denunciadas por el manejo discrecional de fondos y obras inconclusas. El domicilio no integró el listado de los operativos judiciales.

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