En la pasada sesión se vivió un momento de arduo debate en el Concejo Deliberante de San Isidro durante la exposición para aprobar un pedido de informes por la construcción de viviendas en el barrio Martín y Omar. El expediente se elaboró en la comisión de Planeamiento Urbano que preside Jorge Álvarez, donde la oposición tuvo la posibilidad de volcar todas sus dudas a partir de un pedido de un grupo de vecinos que solicitaban urbanizar la zona.

“Un grupo de vecinos firmaron una nota, de una carilla, donde piden que se hagan gestiones para urbanizar el barrio Martin y Omar, atrás del Tren de la Costa. Invité a todos los concejales de la oposición a elaborar el Pedido de Informes para saber todo lo que se hizo y lo que el Municipio piensa hacer. Y adelanté que la bancada oficialista iba a acompañar esta consulta de la oposición”, explicó el concejal radical Jorge Álvarez a LaNoticiaWeb. 

Sin embargo el concejal afirma que la postura de la oposición no es correcta. “Quieren que las casas las pague el Municipio porque lo único que les preocupa es herir a la administración Municipal. Si queres soluciones, pensá en defender el bolsillo de los vecinos de San Isidro y saca de donde más dinero hay. De cada 100 pesos el Estado Nacional se queda con 21, el Estado Provincial con 3,5 y el Municipal con 1,36. La pregunta es obvia: ¿A qué sector del estado le debemos reclamar el dinero? Por otro lado, la vivienda es un derecho constitucional en nuestro país y una responsabilidad del estado nacional. Que le digan la verdad al electorado sobre cuáles son las posibilidades reales de darle vivienda a los sanisidrenses y le digan a los más de 30 mil habitantes que alquilan y no son propietarios en San Isidro que por ellos no piden nada ¿O acaso piensan que hay ciudadanos de primera y de segunda?”.

En la sesión se produjo un fuerte intercambio cuando la concejal massista Marcela Durrieu recordó que se hizo una denuncia penal contra el Municipio por la ejecución del Plan Federal de Viviendas en la comuna. Y aprovechó la oportunidad para lanzar nuevas críticas y recordar que la página web de la empresa constructora dice que se hicieron 250 viviendas en Martín y Omar, “pero solo se construyeron 42”.

En un comunicado de prensa, Durrieu afirma que "esto ratifica lo que venimos denunciando públicamente desde hace años: la plata estuvo pero las viviendas no se terminaron, y ahora no están ni las viviendas ni el dinero". 

Sin embargo, Álvarez responde que “el Plan Federal de Viviendas estipuló 1800 casas para San isidro. Durrieu denuncia algo que sabe no puede comprobar. Cita la página web de la empresa, y la empresa puede decir lo que quiera. Es un tema de la empresa. Denuncio penalmente la ejecución del plan en San Isidro, y en realidad es un ataque para defenderse. El Plan Federal de Viviendas se realizó con dos modalidades. Una se hizo en casi todo el país, con la Nación que entregaba el dinero a la Provincia, y la Provincia a los Municipios cuando se certificaba la construcción de las casas a través de los funcionarios de cada área. Esa fue la metodología para San Isidro. Las viviendas que se construyeron y que se pagaron están todas certificadas”.

Álvarez continúa con la explicación y elabora la hipótesis sobre las acusaciones de Durrieu: “Hubo otra modalidad, menor, para unas pocas provincias y distritos, que funcionaba con cooperativas como la de Milagro Sala en Jujuy o con la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de la ONG Sueños Compartidos. Dijeron que iban a hacer 4.800 viviendas pero se hicieron solamente 800. Hay una causa judicial sobre esto. La Nación transfería el dinero directamente a los Municipios y este pagaba a Sueños Compartidos cuando certificaba el funcionamiento de la obra y le libraba un cheque al representante legal de la fundación. En Tigre fue el entonces intendente Massa quien suscribió a ese convenio. Y fue la entonces Secretaria de Desarrollo Humano quien firmaba los cheques. Luego Massa tomó licencia y asumió la Jefatura de Gabinete de la Nación y sacó a Sueños Compartidos de la órbita administrativa de Habitat y Vivienda para trasladarla a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Un informe de la Auditoría General de la Nación de febrero de 2014 dice que se hizo esto para que no haya rastros de la ejecución y rendición irregular de los fondos. Hay diferencias en la contratación y menos controles. No lo invento yo, lo dice el informe de la Auditoría y yo solo lo digo en voz alta. Hubo irregularidad y hoy hay un juicio. Por eso buscan atacar para distraer de la relación de Massa con Schoklender”.

“Durrieu ataca para defenderse. Nos quieren ensuciar por tienen muchas cosas que explicar”, acusó Álvarez.