La Fuchad y Alihuén dicen que Mendoza sigue "mintiendo" y piden a Jorge que le haga juicio

La Fundación Chadileuvú (Fuchad) y la Asociación Alihuén instaron, a través de un documento en conjunto, que el Estado provincial denuncie nuevamente en la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (CSJN) a la provincia de Mendoza por el río Atuel y adelantaron que, también, presentarán próximamente un amparo ambiental.

La pronunciación se produjo un día después de que el secretario de Recursos Hídricos y ex integrante de la Fundación Chadileuvú, Juan Pablo Morisoli, reiterara, con motivo de la visita de un funcionario nacional, que no están pensando en hacer juicio a Mendoza.

"El convenio entre La Pampa y Mendoza está muerto, los mendocinos no lo aprobarán, y cuando no tengan excusas utilizarán la dilación y la mentira. Si algo sabemos los pampeanos de la actitud mendocina es que en el tema del Atuel solamente van a aflojar en la medida que se los presione a través de recursos judiciales", dijeron.

El convenio, que establece un mínimo de caudal que llegará a La Pampa y una serie de obras en el sur mendocino, fue firmado en 2008 entre Mendoza y La Pampa, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández. En la provincia mendocina, no recibió aún el respaldo legislativo.

"Podemos decir que el acuerdo está muerto o, si preferimos ser indulgentes, podemos decir que entró en una vía muerta sin posibilidad de reencausarse por mucho tiempo", manifestaron. "Si algo podemos decir de la actitud mendocina es que es coherente en la defensa de lo que consideran su exclusivo patrimonio hídrico. Podrán cambiar gobiernos pero la política de Estado es siempre la misma: defender a rajatabla los recursos hídricos que consideran son de su exclusiva propiedad".

Las denuncias

Los directivos de Chadileuvú y Alihuén ya se presentaron en 2007 en la CSJN para que Mendoza no corte el río Atuel. La Corte, al rechazar la pretensión por una cuestión de forma más que de fondo, dijo que las ONGs no pueden invocar el fallo del año 1987 porque en ese juicio no se discutieron temas ambientales sino la posesión de las aguas. Por eso, buscaron otras vías de acción: ahora irán por un amparo ambiental que, independiente del fallo del año 1987, obligue a Mendoza a cesar el daño ecológico.

Los directivos de ambas ONG's expresaron hoy que se está por cumplir un año de la firma del acuerdo entre las provincias de La Pampa, Mendoza y el gobierno nacional por el uso del Atuel. "La ratificación parlamentaria es indispensable para ejecutar el convenio, mientras en La Pampa la ratificación se produjo en poco tiempo en Mendoza el gobernador Jaque aún ni siquiera lo elevó a la instancia parlamentaria, solo lo envió después de muchos meses para su estudio...al Departamento de Irrigación", recordaron.

Expresaron que los mendocinos negaron la interprovincialidad del Atuel hasta que el fallo de la CSJ dictaminó lo que la geografía y la historia evidenciaban desde siempre. "Ganamos el histórico juicio del Atuel y también lo perdimos, el río es interprovincial pero el agua en los hechos no es compartida, ¿acaso el río solo es un cauce seco en nuestra provincia?", se preguntaron.

El primer incumplimiento del convenio

Desde las asociaciones expresaron Mendoza ya viene incumpliendo el compromiso que establece la cláusula 10 inciso k, que afirma "que a partir de la fecha de suscripción del acuerdo se tomen recaudos para asegurar un mínimo de escorrentía permanente sobre el Río Atuel en el límite interprovincial hasta la concreción y puesta en marcha de las obras previstas en las Cláusulas cuarta y sexta".

Cambiar la política provincial por el Atuel

Los dirigentes expresaron que, a un año del convenio, se debería replantear la política provincial en el tema Atuel. "Es virtualmente imposible llegar a acuerdos con quien no quiere hacerlos. Y si algo está probado hasta el hartazgo es que Mendoza sigue y seguirá con su política de hechos consumados que determina negarse a compartir los recursos hídricos interprovinciales", dijeron.

"Solamente acciones diferentes al acuerdo podrán lograr resultados", manifestaron. "Estratégicamente La Pampa debería emplazar a Mendoza a que en un plazo perentorio apruebe el acuerdo so pena de denunciar el mismo. El gobierno provincial debería iniciar posteriormente una acción ante la Corte Suprema de Justicia por la rebeldía de Mendoza a llegar a una solución e incumplir el fallo que expresa que las dos provincias deben llegar a acuerdos sobre un uso razonable y consensuado de los recursos", manifestaron.

"Las ONG deberemos impulsar un amparo ambiental también ante la Corte para que cese el daño a los ecosistemas de nuestro oeste", finalizaron.

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