Frontera entre conveniencia política y buena fe

En Buenos Aires, Scioli y Massa renunciaron a asumir como diputados para seguir en sus cargos ejecutivos, al igual que Jaldo en Tucumán. En 1890 se presentó un proyecto que tendía a impedir estas estrategias electorales: no prosperó. La jurisprudencia actual.
"La aceptación de la candidatura a un cargo representativo no es una mera formalidad; es el compromiso de quien la presta ante el electorado respecto de su ulterior comportamiento. El principio de buena fe debe primar; si fuese traicionado por acciones futuras por candidatos que no fueron 'honestos', importaría una inaceptable manipulación de las instituciones de la República y una grave lesión al proyecto de Nación al que todos, electores y candidatos, deben tributar".

El extracto pertenece al fallo firmado el 1 de junio pasado por los vocales de la Cámara Electoral Nacional (CEN), Santiago Corcuera y Rodolfo Munné, en la causa impulsada por opositores contra las candidaturas a diputado de Daniel Scioli y de Sergio Massa, quienes luego de ser electos renunciaron a su bancas para seguir como gobernador de Buenos Aires y como intendente de Tigre, respectivamente.

El origen de la acusación fue que las postulaciones tenían carácter testimonial, ya que no había voluntad efectiva de ocupar el escaño, como quedó demostrado luego. El pronunciamiento tiene plena vigencia hoy, cuando se actualiza el debate a partir de la decisión del ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, de no asumir como diputado, tras encabezar la lista del Frente para la Victoria el 28 de junio pasado.

Pese a la contundencia de los conceptos vertidos, Corcuera y Munné consideraron que las candidaturas no podían ser invalidadas aunque fuesen testimoniales: lo contrario implicaría avanzar sobre "las intenciones, propósitos o planes íntimos de quienes se presentan al electorado, en una especie de 'control preventivo' de conductas futuras, inimaginable en un Estado de Derecho".

La cuestión está abierta a interpretaciones jurídicas. Las distintas lecturas se evidenciaron en la propia CEN, ya que el tercer vocal, Alberto Dalla Vía, se pronunció por vetar a quienes no tienen interés real en ejercer la diputación. Los camaristas que votaron a favor de los políticos enfrentan un pedido de destitución, junto con el juez federal electoral de La Plata, Manuel Blanco, aunque ya hay dictamen de la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación que avala su accionar.

A criterio de Dalla Vía, las candidaturas testimoniales, eventuales o condicionales vulneran preceptos de la Constitución Nacional. "Si resulta reprochable el incumplimiento de una plataforma electoral tanto más una postulación que no se está dispuesto a asumir. Ese comportamiento se enmarca en la figura del abuso del derecho, incorporada al Código Civil, y responde a una idea contraria al vínculo de la representación política, que queda disuelto por ser una proposición vacía de contenido", sostuvo.

El camarista advirtió sobre el efecto negativo que tienen las postulaciones testimoniales en el ánimo de los ciudadanos ya que debilitan la confianza en el sistema republicano y representativo, e instó a que se modifiquen las normas para que se fortalezcan los procesos electorales y la democracia.

Propuestas y opiniones

En la sentencia se recuerda que en 1890 se presentó un proyecto de ley para que se presuma fraudulenta y nula toda elección a legislador nacional que recayese en gobernadores o ex gobernadores hasta un año luego de terminado su mandato. Esta iniciativa nunca prosperó; por el contrario, fueron elegidos diputados o senadores unos 40 mandatarios todavía en ejercicio, entre los que figuran los tucumanos Fernando Pedro Riera (1952) y Julio Miranda (2003).

El fallo (en sus dos votos) contiene numerosas opiniones de destacados juristas. La reflexión de Gregorio Badeni indica que, llevando la cuestión al extremo ético, se debería imponer una cláusula de no elegibilidad a todos los funcionarios públicos pero que ella privaría al país de contar con ciudadanos con experiencia en los cargos estatales.

Del francés André Hauriou se rescata la idea de que el candidato se compromete a realizar el programa que presenta; de William Mackenzie, la calificación de que es razonable que se pida a los postulantes una declaración de que asumirán sus bancas en caso de que resulten electos.

"La democracia es asumir mi posibilidad de participación consciente de lo que hago, tener claridad frente a lo que deseo hacer y estar dispuesto a asumir las consecuencias de mi participación", se reproduce de la colombiana María Teresa Muñoz Losada.

El politólogo italiano Giovanni Sartori advirtió: "no puede existir representación mientras que el representante no sienta la expectativa de aquellos a los que representa, y no la sienta como vinculante. La representación no es sólo una idea, sino también un deber".

La discusión excede el ámbito de lo legal y se inmiscuye en lo estrictamente político, ya que lo que está en juego es el vínculo entre la sociedad y sus representantes formales, únicos reconocidos por la Constitución Nacional para poder ejercer el Gobierno.

Etimología de la palabra "candidato"

"La expresión candidato proviene del latín, 'candidatus'. En Roma, el aspirante a un cargo blanqueaba su toga con cal antes de la inspección de los electores. De lo cándido de la toga deriva, entonces, la palabra; y su significado alude a la persona que pretende o es propuesta para ostentar una dignidad, honor o cargo", explica Raúl Arlotti en su libro "Vocabulario Técnico y Científico de la Política" (editorial Dunken).

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