La relación entre los gobernadores y la Casa Rosada ha sido menos tortuosa que otros momentos de la historia, pese a que el presidente Mauricio Macri es de un signo político diferente al de la mayoría de los mandatarios de los distritos del interior argentino. La clave, según el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es que la actual gestión “tiene una concepción de país federal completamente distinto que las anteriores administraciones”. Y, por esa razón, esgrime que, este año, se ha avanzado en un acuerdo fiscal que hace más de 20 años que no se puede resolver y que está relacionada con la manera de redistribuir el dinero federal. Pero esa es una parte de la historia; la otra comenzará a escribirse a fines de mes, en Puerto Madryn (Chubut), cuando el Gobierno nacional le pida a las provincias que asuman el compromiso de controlar el gasto y el endeudamiento, tal como se había dispuesto en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuya vigencia aún está suspendida. Lo anticipó el propio Frigerio en una entrevista concedida a LA GACETA. 

-¿Cree que es un buen gesto que la mayoría de los gobernadores hayan firmado, en la Casa Histórica, el “Compromiso para el Tercer Siglo de los Argentinos”?

-Me parece que es el resultado de lo que la sociedad demanda desde hace tiempo a los dirigentes: ocupar la energía y el tiempo en trabajar en las cosas que nos unen y en las que coincidimos y no, como ocurría antes, que terminaba privilegiando sólo las diferencias, las cosas que nos separaban. Me parece que este compromiso es de gran responsabilidad y madurez de la mayoría de la clase dirigente argentina. Como suelo repetirlo, y no dejaré de hacerlo, hay que terminar de entender de una buena vez que, para que a todos los argentinos les vaya bien, para que a las provincias les vaya bien, le tiene que ir bien al presidente de la Nación. Claro que después hay un sector minoritario, por suerte cada vez más minoritario, que no entiende que este reclamo de la gente para con nosotros -políticos y funcionarios- hay que escucharlo; ese mismo sector, de manera irresponsable y egoísta, supone que, cuanto peor le vaya al Gobierno, mejor le irá a ellos. Entonces se opone a todo y ponen palos en la rueda y, así, no contribuyen en nada a esta nueva Argentina que estamos todos intentando, juntos, construir. 

-En relaciones políticas anteriores se vislumbró una liga de gobernadores, bajo la estructura peronista. ¿El Gobierno considera que hoy puede ser un factor de poder dentro de la gestión pública?

-Evidentemente, a partir del 10 de diciembre pasado, muchas cosas han cambiado en la vida política argentina. Y, entre otros cambios, uno de los más llamativos a mi juicio es el de la concepción de país federal que tiene este Presidente (Mauricio Macri) respecto de gobiernos anteriores. No es casualidad que, a pocas semanas de asumir el Gobierno, pudimos alcanzar un acuerdo federal inédito que resuelve un problema que llevaba más de dos décadas y que, por primera vez en 200 años de la historia argentina independiente ese acuerdo termina favoreciendo a las provincias. Todos los pactos pasados sólo hacían que las transferencias de recursos subnacionales, el de las provincias, se volcaran hacia el poder central. Y este fenómeno se exacerbó, como nunca antes, en los últimos 12 años, con el fin de concentrar recursos y poder y, así, someter luego, políticamente, a los gobernadores y a los intendentes. Esa forma de hacer política se acabó el 10 de diciembre y empezó otra distinta. 

¿Qué idea tiene Macri respecto de su relación con los gobernadores y con los intendentes?

-El Presidente considera que los gobernadores y los intendentes son como socios, como parte de un equipo que tiene que resolver los problemas concretos de la gente, que no revisten colores partidarios. La cloacas que no existen, el agua potable que no llega y las rutas que no se hicieron y que causaron miles de muertes por accidentes de tránsito, no son problemas de un color político, sino de los argentinos, que nos demandan solucionarlos todos juntos. 

-Buenos Aires está demandando ahora una mayor participación en el reparto del dinero federal, particularmente con el Fondo del Conurbano Bonaerense. ¿Cuál es el trato que se le dará a este distrito en medio de la puja del resto de las provincias por acceder a una mayor porción de coparticipación?

-Estamos frente a una actitud muy valiente de la gobernadora María Eugenia Vidal, que está reclamando por su gente, por los bonaerenses, a diferencia de otros mandatarios anteriores que, de alguna manera por complicidad y por falta de coraje, permitieron que los bonaerenses fueran perjudicándose día a día. Es paradójico que la provincia de Buenos Aires sea el distrito que menos reciba por un fondo que se hizo, precisamente, para esa provincia. Y en estas más de dos décadas de vigencia del fondo, ningún gobernador hasta Vidal salió a reclamar por este despojo hacia los bonaerenses. Está bien que ella lo haga; lo hizo primero enviando una ley al Congreso y después pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie. Creemos que es un reclamo justo y ahora hay que ver cómo lo resolvemos. Y esperamos que lo podamos hacer desde la política, siempre privilegiando que sea la política la que resuelva los problemas que genera la política, como ocurre en estos casos. 

-¿Y el planteo que realizó el resto de los gobernadores por mayores porcentajes de reparto?

-En todas las reuniones que mantuvimos con ellos, venimos charlando y dando respuestas a los reclamos. Y, en este proceso, veo que esta es una situación inédita en la Argentina, que en estos seis o siete meses de gestión nos juntamos Nación y provincias muchas veces más que en los gobiernos de los últimos 12 años. Una de las soluciones llegó en la cumbre de Córdoba, donde se acordó el esquema de devolución del 15% de coparticipación. Y probablemente volvamos a tratar el asunto en Chubut, en una reunió prevista para fines de mes.

-¿Qué sucederá con la vigencia de la Responsabilidad Fiscal, en el esquema en el que las provincias habían asumido el compromiso de no endeudarse más y de controlar los gastos?

- Lo que vamos a firmar, o intentaremos hacerlo, en Puerto Madryn es un compromiso mayor respecto de determinadas pautas fiscales que todos debemos seguir. Y cuando digo todos me refiero al Gobierno nacional, a las provincias y a los municipios. El manejo fiscal es parte de la responsabilidad de la clase dirigente, que pasa por el manejo de los dineros públicos. Todos tenemos que ir hacia un compromiso que termine en un equilibrio fiscal, para que los ingresos del Estado nos alcance para pagar los gastos y las inversiones. Y planteamos que ese equilibrio debe lograrse hasta el final del mandato, en 2019. Lo que queremos es que las provincias y los municipios acompañen ese esfuerzo. Eso nos dará previsibilidad y permitirá que la tasa de interés de los préstamos bajen; así, la gente podrá acceder a un financiamiento menos oneroso, lo que facilitará los proyectos de inversión, la compra de maquinarias por parte de las PyME, el acceso a la vivienda propia para los argentinos. En suma, este esfuerzo fiscal debe hacerse en pos de mejorar la productividad y la competitividad de la Argentina. 

Tarifas 

-¿Qué respuesta le da al usuario que recibió una factura de los servicios como el gas con una suba del 1.000%? 

Frigerio: es un tema muy complejo y difícil y que genera angustia y malestar en mucha gente. Pero también tenemos que ver de dónde veníamos. La Argentina estaba a punto de quedarse sin energía, como ocurre en Venezuela. Ese ejemplo es claro. La Argentina venía calcando esas políticas y, por decisión de la gente, se decidió cambiar el rumbo el 10 de diciembre pasado. Este cambio, evidentemente, no es fácil. Tuvimos que transparentar una realidad que el anterior gobierno venía ocultando bajo la alfombra. El nuevo presidente asumió diciéndole la verdad a la gente. En estos 180 días de gestión se han tomado una cantidad inédita de políticas públicas y algún error cometimos; no somos infalibles. Lo importante es que, cuando eso sucede, aceptamos el error y lo modificamos.

-¿Fue un error aumentar, sin gradualismo, la tarifa de los servicios? 

Frigerio: en su momento, planteamos a gobernadores los problemas que tienen que ver con todos los argentinos. Así llegamos a una solución y a un acuerdo, no ideal, pero mejor que el anterior, para ponerle un tope de 400% a la suba a usuarios residenciales y de 500% para las PyME en la tarifa del gas. Además, dimos una tarifa social que llega a más de 12 millones de argentinos. Estamos viendo el tema. La implementación de los topes también generan algunas dudas respecto de cómo termina definiéndose en los hechos y cómo, definitivamente, llega a las boletas del gas o de cualquier otro servicio. En consecuencia, estamos dispuestos a discutir y debatir la mejor forma de solucionar el problema real que tiene la Argentina y que tiene que ver con la posibilidad cierta de que nos quedemos sin energía. Esa es la principal acción que debemos atender en estos momentos. 

-¿Cree que la gente tolera este tipo de medidas y que entiende el problema? 

Frigerio: creo que la mayoría de los argentinos entiende que tuvimos que desarmar una bomba en los primeros seis meses de gestión. Y que estábamos obligados a cambiar el rumbo porque, sino, nos estrellábamos. Creo que la mayoría de la sociedad argentina sigue confiando en el Presidente y en su capacidad para resolver los problemas que se acumularon a lo largo de tantos años. 

Ganancias y jubilados 

-Los asalariados creen que la postura de la AFiP, de no hacer automática la devolución del impuesto retenido en el aguinaldo, es una traba más. ¿Se cumplirá ese compromiso? 

Frigerio: La decisión política es avanzar en ese tema, claro que habrá que cumplir con ciertos requisitos, como establece la norma, para acceder al beneficio. Eso está planteado en el proyecto, pero la decisión política es facilitar esa excepción o devolución. El Gobierno nacional ha tomado muchas medidas para amortiguar el impacto de los cambios que tuvimos que realizar para llevar adelante la economía argentina. Hablamos desde la tarifa social, la incorporación de un millón y medio de argentinos a la asignación universal por hijo, hasta multiplicar por ocho el seguro de desempleo. Esto último estuvo congelado durante muchos años. Hemos tomado en los últimos meses una de las decisiones más importantes de la última década, que es honrar la tremenda deuda que teníamos con nuestros jubilados. Y así terminar con la estafa que el Estado hacía a nuestros abuelos. Hemos decidido cumplir con la ley, pagarle a ellos lo que les corresponde. Por supuesto, nos queda muchas otras medidas, como avanzar en una profunda e integral reforma tributaria en la Argentina, incluyendo al impuesto a las Ganancias. Debemos que generar políticas que tiendan a favorecer la generación de empleos; esa es la prioridad. En los tres años y medio que nos queda de gestión tenemos que sentar las bases para el desarrollo económico y social de la Argentina. Y todos lo días damos un paso hacia esa dirección.