El funcionario nacional consideró que éste fue un juicio con valor político porque “provoca que la sociedad en general asuma este tipo de problemáticas y también busque y exija una determinada respuesta”.

Además, consideró que la sentencia “es un límite que el Estado le está poniendo a determinados sectores privados que no pueden avasallar los derechos de un colectivo”.

Respecto de los crecientes reclamos de la población por las consecuencias ambientales y sanitarias de la mega minería y el monocultivo de soja en el país, Fresneda expresó: “Desde el gobierno nacional jamás vamos a permitir ni consentir que se afecte la salud pública, dejando de lado todos los derechos que hacen a la comunidad por una actividad en particular y mucho menos cuando se trata de una actividad privada. En consecuencia para nosotros es muy importante que la sociedad se organice, reclame por sus derechos y el Estado tiene actuar”.

De cualquier manera, aclaró: “Los funcionarios tienen que dar respuesta en la medida que exista un marco normativo que así lo determinen, o sino hay que diseñarlo”.

En cuanto al reclamo por una ley nacional de agroquímicos y el rechazo expresado por distintos sectores ante la instalación de Monsanto en Argentina, el funcionario afirmó:

“Es un debate que la sociedad tiene que dar y lo tiene que dar a través de sus representantes”, dijo. Pero añadió: “No soy quién para poder posicionar en este momento al Estado nacional y a la Presidenta”.