El frente judicial de Cristina, rumbo a la tormenta perfecta

A apenas poco más de ocho meses de haber "entregado" el poder -ceremonia de la que rehusó participar- la ex presidenta Cristina Fernández afronta un complicado panorama judicial que puede limitar sus eventuales intenciones electorales para el año que viene, cuando se elegirán nuevos legisladores nacionales.

 

Si bien aún falta ser aceptado por el juez federal Sebastián Casanello, el pedido de declaración indagatoria formulado ayer por el fiscal Guillermo Marijuán en la causa de la llamada "ruta del dinero K" se suma al procesamiento con el que ya cuenta ella en la causa por la venta de dólares a futuro al final de su segundo mandato.

Ratificada ya la sala II de la Cámara Federal penal porteña para intervenir en esa causa luego de la frustrada recusación planteada contra sus miembros por la defensa de la ex presidenta, la próxima semana se hará la audiencia ante ese tribunal, lo que será el paso previo a su pronunciamiento. 

En caso de ser confirmado el procesamiento que le impuso el juez federal Claudio Bonadio por la presunta comisión del delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública", la ex pŕesidenta quedará encaminada a lo que podría ser el primer juicio oral en su contra.

En esa causa se investiga si hubo un delito en perjuicio de las arcas públicas por un monto cercano a los 77 mil millones de pesos y por ello también están procesados el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli y el ex ministro de Economia Axel Kicillof, actual diputado nacional y también apuntado por Marijuán en la causa por los movimientos de dinero descubiertos en los Estados Unidos relacionados con la familia Kirchner.

Pero la viuda del fallecido presidente Néstor Kirchner afronta otros procesos penales más complicados que pueden llegar a agravar su situación judicial. Ellos son, básicamente, las llamadas causas "Hotesur" y "Los Sauces", que engloban otros casos.

En la causa Hotesur, la ex presidenta fue denunciada en 2008 por un grupo de diputados liderado por Elisa Carrió por su presunta pertenencia a una asociación ilícita junto con su fallecido esposo, empresarios ligados a la obra pública como el detenido Lázaro Báez y el cuestionado Cristóbal López, y funcionarios que integraron su gobierno como el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex administrador federal de ingresos públicos Ricardo Echegaray. 

Esa vieja causa -que debe su nombre a la sociedad familiar que compró hoteles en El Calafate- está a cargo del juez Julián Ercolini y resurgió en los últimos meses con una denuncia formulada por el nuevo titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por presuntos delitos varios en el otorgamiento de obra pública a empresas del Grupo Austral, del detenido Báez.

En esa causa también se inhibieron los bienes de las firmas vinculadas a Cristóbal López. Tanto él como Báez fueron señalados históricamente por diversas fuentes como los empresarios favoritos de Néstor Kirchner y con sospechas de haber sido sus testaferros. La ex presidenta también está imputada en la causa "Los Sauces", que hace referencia no al hotel familiar calafatense sino a una sociedad que alquila propiedades a Báez y López.

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