Frenan en Estados Unidos el juicio de un fondo buitre contra YPF

Frenan en Estados Unidos el juicio de un fondo buitre contra YPF

Es una demanda heredada del Gobierno de Cristina Kirchner por la reestatización de la compañía en 2012. Podría costarle al país unos US$ 1.800 millones.

 

La jueza de Nueva York, Loretta Preska, aceptó frenar el juicio contra la Argentina por la polémica reestatización de YPF en 2012. Lo hizo hasta que la Corte de Apelaciones aclare si el juicio debe continuar o detenerse a la espera de que la Suprema Corte de EE.UU. decida sobre una presentación que hicieron los abogados argentinos. El máximo tribunal le pidió al procurador de ese país su opinión sobre si debe o no intervenir en la causa. El fondo buitre Burford plantea que el juicio debe realizarse en Estados Unidos y Argentina dice que por cuestión de soberanía debe llevarse a cabo acá.

Así Preska aguardará esta decisión antes de decidir si el Estado argentino debe indemnizar a ese fondo buitre en unos 1.800 millones de dólares por la reestatización.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York había remitido el expediente a un tribunal local de primera instancia para que resuelva la demanda millonaria contra YPF y el Estado argentino, tras la polémica reestatización de la petrolera en 2012 que impulsó la ex presidenta Cristina Kirchner.

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La causa se había iniciado por una demanda de la empresa Petersen, a la cual Cristina no le pagó ninguna indemnización por sus acciones en YPFy cuyo litigio luego fue comprado por el fondo buitre Burford Capital Limited.

"Es un proceso y hay que ir respetando los pasos. Y desde luego, acatarlos. Me refiero a que esto se apeló y no es el fin (de la causa), un rechazo, ni mucho menos: quedan recursos ante la propia Preska, la Cámara y la Corte Suprema de Estados Unidos", indicó una fuente del Gobierno argentino.

La decisión de la Corte de Apelaciones del país norteamericano se dio en el marco de una decisióntodavía pendiente de la Corte Suprema de dicho país sobre la jurisdicción en la cual se deberá llevar a cabo el proceso, competencia solicitada por Argentina para que se dirima en sus tribunales.

De esta manera, el máximo tribunal norteamericano deberá decidir sobre tal cuestión, por lo que en enero pidió al Procurador de EE.UU., que depende del gobierno del presidente Donald Trump, su opinión al respecto. 

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El pedido había sido presentado empresas españolas que pertenecían al grupo Petersen al quebrar. "El caso fue presentado en 2015. Son dos empresas españolas que eran propietarias del 25% de las acciones cuando se nacionalizó. En el prospecto de la privatización se estableció que si en algún momento se producía un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debe darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones, pero en el gobierno anterior decidieron no hacer eso", sostuvo un especialista.

"Al contrario, dijeron que iban a expropiar el 51% en manos de Repsol solamente. Eso es romper las leyes internacionales, por lo que Petersen perdió mucho dinero y defaulteó dos préstamos que había recibido la empresa de US$ 3.000 millones", agregó el experto.

Según los cálculos personales del especialista, el valor que Argentina tendría que pagar si pierde el juicio en EE.UU. asciende a "US$ 1.750 millones, más intereses".

Paralelamente, el juez federal argentino Ariel Lijo investiga una denuncia sobre la reestatización que hizo la diputada Elisa Carrió.

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