Frenan la elección de abogados que había convocado Alperovich.

Un camarista en lo Contencioso Administrativo pidió un informe al PE y a la Junta Electoral.
Ayer, en forma provisoria, quedaron virtualmente suspendidos los polémicos comicios a los que había convocado el gobernador, José Alperovich, para que el 3 de julio los abogados eligieran a quienes los representarán (en el carácter de titular y de suplente) en el Jurado de Enjuiciamiento.

Salvador Ruiz, a cargo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, les requirió al Gobierno provincial y a la Junta Electoral que, en 96 horas, efectúen un informe circunstanciado sobre los antecedentes, motivos y fundamentos de este llamado. Al pedido lo realizó a raíz de la acción de amparo colectivo deducida por el Colegio de Abogados de esta capital con el afán de frenar la convocatoria, ya que, según los letrados, supone una intromisión en ese estamento.

Ruiz aclaró que todo debe ser cumplido con los efectos que establece el artículo 83 del Código Procesal Constitucional, cuya transcripción ordenó en los oficios que ha dirigido al presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, en su carácter de titular de la Junta Electoral, y al fiscal de Estado, Pedro Giúdice, que también forma parte de esta. A ambos, además de a la Provincia, les corrió traslado de la demanda de la entidad profesional.

Precisamente, la primera parte de esta disposición determina que, al recibir este pedido de informe, los órganos a los que se les efectuara el requerimiento "deben abstenerse de agravar la situación existente en este momento o, en su caso, deben suspender los efectos del acto impugnado". Se trata de una especie de medida cautelar que opera de pleno derecho y que, en este caso, imposibilita que la Junta Electoral siga avanzando con el proceso cuya dirección y fiscalización le había encomendado el Poder Ejecutivo por medio del decreto 925/14, del 16 de abril, a través del cual fijó el 3 de julio como fecha para la celebración de los comicios.

Efectos legales

Por imperio de la propia ley, el pedido de informe requerido por Ruiz conlleva automáticamente la suspensión de los actos que han sido impugnados por el Colegio de Abogados: el decreto 925/14 y la resolución Nº 11/09, a través de la cual la Junta Electoral aprobó el cronograma electoral. Por ende, en principio, la Junta no podrá oficializar a los candidatos hasta el viernes, como tenía previsto hacerlo.

Sólo se habían inscripto Silvia Peyracchia y Carlos Cattáneo, como postulantes titular y suplente ante el Jurado de Enjuiciamiento, respectivamente, pero sobre ellos pesa la impugnación planteada -a título personal- por Jorge Contrera, secretario del Colegio de Abogados. Como consecuencia, esto tampoco podrá ser resuelto, porque quedará a expensas de lo que decida la Justicia respecto de la acción de amparo colectivo en trámite.

La entidad profesional cuestiona que, en virtud de la Constitución de 2006, seis de los ocho miembros del Jurado (establecido para sustanciar eventuales procesos de remoción contra jueces inferiores) respondan al estamento político. Por eso, los letrados consideraron una injerencia que el PE los haya convocado a elecciones teniendo en cuenta que el gobernador cuenta con un representante en el Jurado (el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez) y que, además, la organización de tal proceso corra por cuenta de la Junta Electoral, que preside Gandur, que, además, fue designado para ser la voz de la Corte Suprema en el Jurado. A partir de estos argumentos, impulsaron la acción de amparo colectivo.

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