La frazada queda corta.

Por Maximiliano Montenegro.

El Gobierno no tiene margen para eliminar retenciones, pero el diálogo con el campo es un cambio importante. Ordenan a los ministerios un recorte de gastos del 20%. La versión K de la distribución del ingreso.

Cuando la economía se enfría, la frazada empieza a quedar corta. En los últimos días, la Secretaría de Hacienda giró una nota a todos los ministerios exigiéndoles una subejecución de partida del 20 por ciento, esto es un porcentaje equivalente al aumento nominal de gastos previsto en el Presupuesto 2009, respecto del ejecutado en 2008. Dicho de otra manera: de cumplirse la directiva, habrá reparticiones que deberán ajustar, en terminos reales (descontada la inflación), sus erogaciones. La orden, impartida desde la secretaría de Juan Carlos Pezoa, un funcionario con línea directa con Néstor Kirchner, es una señal de alarma como no había sonado en los últimos años en Olivos.

Sólo dos áreas no serían alcanzadas por el ajuste: las obras públicas y los programas de gasto social focalizados en los sectores más vulnerables. ¿Qué pasará con los planes de ministerios como Salud, Educación y Ciencia y Tecnología? La instrucción es pareja para todos, responden en Presidencia. A manera de consuelo, deslizan un vitriólico reproche. Argumentan que las dificultades de gestión en esos ministerios disimularán el recorte exigido. Igualmente, en esas reparticiones siempre quedaban recursos sin ejecutar.

Las cuentas del fisco son las siguientes. Para este año, la meta presupuestaria establecía un superávit fiscal de U$S 10.000 millones, necesarios para cubrir la mitad de los vencimientos de deuda del año. Con las exportaciones en picada y el mercado interno frágil, ahora muchos creen que el superávit operativo se achicaría a 5.000 o 6.000 millones de dólares.

“¿Dónde estaríamos ahora si no hubiéramos avanzado con el proyecto de estatización de las AFJP de este señor?”, comentó días pasados Cristina, señalando frente a un grupo de colaboradores a Amado Boudou, titular de la ANSES y funcionario mimado en Olivos.

El matrimonio presidencial apuesta a que con los recursos o el financimiento de la ANSES se cumplan los planes de infraestructura pautados para el año electoral. Sin embargo, el ajuste podría llegar también hasta los fondos que reclaman los gobernadores para motorizar la obra pública si la recaudación se desmorona.

¿CHARLAMO' UN RATITO? El Gobierno no tiene hoy ningún margen para eliminar las retenciones a las exportaciones de soja, ni siquiera para rebajarlas sustancialmente. Pero los canales de comunicación abiertos con la dirigencia rural en las últimas horas marcan un cambio importante. Hace rato que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y también su predecesor en el cargo, Alberto Fernández, durante sus visitas recientes a la quinta presidencial, venían insistiendo con el tema. Ambos creen que ese diálogo es necesario para avanzar en un pacto social más amplio con empresarios y sindicalistas que ordene el escenario económico en los próximos meses. La propuesta de tender puentes con la Mesa de Enlace agropecuaria, sin embargo, había hasta ahora chocado con la negativa de Néstor Kirchner.

A diferencia del año pasado, cuando con las retenciones móviles se discutía cómo repartir la prosperidad, hoy lo que está en juego es cómo se distribuyen los costos del ajuste. Más allá de los desvaríos románticos de los intelectuales K, con todas las cartas en la mano, el Gobierno mostró el año pasado una gran impericia política para apropiarse de una tajada adicional del excedente agropecuario en tiempos de abundancia. El desafío actual es todavía más peliagudo. Los espacios de acción políticos y económicos del oficialismo son mucho más reducidos. A su vez, con la sequía y la deflación de precios internacionales, la incertidumbre que afrontan pequeños y medianos productores agropecuarios es admitida hasta por los propios funcionarios. A favor de un espacio de coincidencias juega el rechazo social, en medio de la crisis, a un posible regreso a las rutas de los productores.

¿Entenderá Néstor que sentarse a dialogar con una corporación no significa discutir quién fija las politicas públicas, función indelegable del Estado? “Eso es algo que Néstor entendió siempre durante su mandato”, recuerda Alberto Fernández.

AY, CRISTINA. Cristina Fernández estuvo esta semana donde había que estar: en Tartagal, con los zapatos embarrados, el pelo y la camisa empapados, dialogando con los argentinos que –como bien definió la Presidenta– sufren la tragedia de la pobreza. Los que critican ese contacto con la realidad como puro marketing están cegados en su rechazo al Gobierno; al igual que Elisa Carrió cuando descalifica cualquier medida oficial con el latiguillo de que “son todos ladrones”.

Sin embargo, Cristina –como Kirchner– padece esa manía de reescribir todo el tiempo la propia historia. “Me hierve la sangre cuando veo tanta pobreza, tanta avaricia y tanto egoísmo al mismo tiempo”, dijo, al día siguiente, ante un auditorio de militanes sociales en Olivos. Y les reclamó solidaridad a los sectores medios y altos. “Aquellos que pueden prender una ornalla, sin una garrafa o un tubo de gas, tal vez esto les parezca sin importancia”, aseguró, con su estilo aleccionador.

Es curioso. Es la misma administración K que benefició con más de $10.000 millones en subsidios estatales a las clases medias altas al mantener congeladas las tarifas del gas de red en los últimos años, mientras dejó que la garrafa (mercado en el que Repsol YPF detenta una posición dominante) aumentara más de 250% desde la devaluación. Desde esta columna contamos, hace un año, cómo proliferaron durante la era kirchnerista los climatizadores de piscinas en Nordelta y otros suntuosos barrios privados, o los reflectores de 1.000 watts gracias a las tarifas subsidadas de luz y gas.

¿Alguien puede creer ahora el discurso de Julio De Vido cuando justifica los actuales tarifazos por un criterio de equidad distributiva? La desesperación por recomponer la caja fiscal obligó al Gobierno a recortar subsidios y descongelar de golpe las tarifas, cuando debieron ajustarse gradualmente en los últimos años.

El anuncio oficial de esta semana supone un incremento del gasto (en el plan familias, el plan alimentario y las pensiones no contributivas) respecto de 2008 de unos $2.000 millones, de los cuales más de la mitad ya estaban contemplados en el Presupuesto 2009. Así, el aumento real de fondos, por sobre lo presupuestado para este año, no llegaría a los $800 millones. Según los funcionarios, ese dinero extra se distribuiría entre 6 millones de carenciados.

La cifra luce exigua a la luz del costo que significará la eliminación de la tablita de Machinea, que no estaba prevista en el Presupuesto 2009: como mínimo, 1.500 millones de pesos que resignará el Estado a favor de 160.000 empleados con ingresos superiores a los $7.000 mensuales de bolsillo.

Al margen de consideraciones obvias en términos de equidad distributiva, en la opinión de este periodista, la mejora ingresos de los sectores pobres e indigentes es, en el actual contexto, la mejor política para sostener los niveles de consumo y de actividad económica. En cambio, el dinero adicional destinado a los bolsillos con mayor capacidad de ahorro probablemente se traduzca en los próximos meses en más demanda de dólares.

Desde el segundo trimestre de 2007, el INDEC de Guillermo Moreno oculta la base de datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares), insumo clave para la medición de la pobreza, la indigencia y la distribución del ingreso. Artemio López estima que en 2008 la brecha de ingresos entre el decil más rico de la población y el más pobre fue de 30 veces. En tanto, calcula la pobreza en alza, en 24 por ciento. Otros economistas, como Ernesto Kritz, hablan de más de 30 por ciento.

Javier Lindenboim, investigador del Conicet que elaboró una medición de la “distribución funcional del ingreso” –cuánto de la torta se quedan los trabajadores y cuánto los empresarios–, sostiene que “la mejora en la participación salarial en el producto entre 2003 y 2006 estuvo más del lado del aumento del empleo que de la mejora en el poder adquisitivo salarial”. En 2008, se frenó la creación neta de empleos, y la inflación más que duplicó los índices oficiales. Por lo tanto, en el mejor de los casos, supone que la distribución se estancó en el 34% de participación de los salarios en el producto nacional.

Los datos actuales de pobreza y distribución son similares a las cifras promedio de la década menemisma. Sólo muestran mejoras si se los compara con los picos del estallido de la crisis de 2001-2002. Pero a ese mismo engaño recurría Carlos Menem cuando pretendía destacar los logros de su gestión contra el espejo de la hiperinflación.

Para redistribuir ingresos, antes que reclamar solidaridad a los más ricos, lo lógico sería aplicar políticas coherentes desde el Estado. Y no barrer las estadísticas sociales bajo la alfombra del despacho de Moreno.

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