El fraude de los Vale Más va de 2000 a 2006

Para Fiscalía de Estado hubo irregularidades administrativas en las gestiones de Iglesias y Cobos. El desfalco llegaría a $ 90 millones.
La Fiscalía de Estado está a punto de cerrar finalmente la investigación que venía llevando a cabo sobre el caso de fraude al Estado, durante los seis años de entrega de tickets Vale Más de ayuda a los sectores carenciados. "Se han detectado irregularidades desde que comenzó el sistema (en 2000) hasta que fue corregido su funcionamiento" (en 2006), dijo a Los Andes una fuente inobjetable cercana a la investigación.

Por lo tanto, el dictamen de la Fiscalía involucrará a tres de los cuatro años de gestión del gobernador radical Roberto Iglesias y a los tres primeros años de su sucesor, Julio Cobos. La expresión "hasta que fue corregido su funcionamiento" podría implicar que el último ministro de Desarrollo Social de Cobos, Sergio Pinto, quedaría exento de sospechas.

Pinto y el funcionario encargado del programa, Alberto Monetti, fueron precisamente quienes detectaron las irregularidades y las denunciaron a la Justicia hace tres años. El caso se convirtió en el mayor escándalo del gobierno del hoy Vicepresidente.

No obstante, ningún dictamen de la Fiscalía tiene pertinencia para atribuir responsabilidades políticas ni judiciales y -por lo tanto- el texto se limitará a la detección de irregularidades administrativas.

El escrito apunta a la continuidad en la marcha de un sumario que involucra a ex funcionarios y empleados del Fides, el organismo encargado de administrar el dinero de la ayuda social del Estado, incluido el Vale Más.

Trascendió que el fiscal de Estado a cargo, Joaquín de Rosas, pedirá el inicio de nuevos sumarios en otras áreas del Estado, entre las cuales se encuentran Contaduría y Tesorería de la Provincia.

El texto oficial será dado a conocer en los próximos días por la Fiscalía de Estado, y todo indica que contendrá un pronunciamiento expreso en favor de la agilidad de las investigaciones administrativas (ver aparte).

"En su momento (hace dos años) yo aconsejé que se diera por finalizada la investigación y se mandara todo a la Justicia", dijo hace un mes De Rosas a Los Andes. Desnudaba así el contenido del dictamen que elevó en ese momento al entonces fiscal Pedro Sin, quien -no obstante- decidió iniciar nuevas investigaciones que dejaron abierta la causa y demoraron el cierre que se producirá en las próximas horas.

En el dictamen final de la Fiscalía de Estado no habrá precisiones sobre los montos totales del fraude al Estado con los Vale Más, ya que esto aún debe ser determinado por la Justicia. Precisamente en Tribunales, la Fiscalía es denunciante como parte afectada.

En setiembre de 2007, el fiscal Daniel Carniello imputó a Paula Einsenchlas y Liliana Mirábile, ex subsecretarias de Desarrollo Social, a Luis Carretero, ex director ejecutivo del Fides, y a Carlos Marziali, auditor interno del organismo, todos de la administración Cobos.

Enfrentan cargos por "malversación culposa de caudales públicos en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público en el período 2004/2006", es decir por falta de control y no por ser parte de la estafa, y ya fueron elevados a juicio.

Este delito prevé sanciones económicas que varían entre 20% y 50% del monto total del perjuicio al Estado, aún una cifra incierta que oscila entre $ 5 y $ 90 millones, según sea quien la estime.

Otros casos

Una segunda investigación que volverá a moverse es la referida al caso de las conserveras de San Rafael. El expediente fue solicitado hace más de diez días por la Justicia y todo indica que esta semana el fiscal de investigaciones administrativas, Daniel Carniello lo devolverá a la Fiscalía de Estado.

Si esto se produce y se respetan los tiempos de actuación que se ha fijado la Fiscalía de Estado, se estima que antes de que finalice setiembre De Rosas podrá cerrar la investigación emitiendo un dictamen final que definirá si hubo o no irregularidades administrativas en la tramitación de créditos productivos para la actividad conservera en la época del ex intendente radical Ernesto Sanz.

De Rosas también tiene en su escritorio los antecedentes y los testimonios del Caso Cadillacs, enviados por la comisión investigadora de la Legislatura. También aquí deberá pronunciarse sobre si hubo o no actos irregulares y podrá pedir la aclaración de conductas mediante sumarios. Se estima que este dictamen podrá estar listo en los primeros días de octubre.

El Caso Cadillacs -a diferencia de los otros dos- afecta a la actual administración justicialista de Celso Jaque.

Desde la Justicia interviene el fiscal de investigaciones Eduardo Martearena quien ya ha imputado al subsecretario de Turismo, Luis Bohm, y al jefe de asesores de Gobierno, Raúl Leiva, por posible fraude al Estado en el otorgamiento del subsidio de $ 315 mil para la presentación de los Fabulosos Cadillacs en Mendoza.

Causa en la que, además, hay otros seis imputados: Mariana Infante y su padre Pedro Carlos Infante; José Battía, Diego Villafañe, Marcelo Cossuto y Belisario Albarracín.

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