Francia: guerra al lujo en el sector público

El gobierno decidió aumentar alquileres y vender costosos autos de funcionarios para evitar abusos
PARIS.- El gobierno francés decidió lanzar una guerra implacable contra los lujos y los abusos de los altos funcionarios públicos, que pagan alquileres irrisorios por suntuosas "viviendas oficiales" y se desplazan en costosos automóviles que le salen fortunas al Estado.

En el marco de esa política de austeridad adoptada para hacer frente a la crisis, el ministro de Presupuesto, Eric Woerth, decidió aumentar los alquileres y limitar el acceso a las viviendas oficiales. El Estado sólo percibe actualmente 30 millones de euros por un parque inmobiliario que tiene un valor locativo total de 1400 millones de euros anuales, según las estimaciones de los especialistas.

Al mismo tiempo, proyecta vender un tercio de los 72.000 vehículos, reemplazar una parte por modelos menos contaminantes y entregar la gestión de la flota automotriz oficial al sector privado, a fin de reducir costos y evitar abusos.

El último informe de la Inspección de Finanzas sobre ese tema, que data de 2003, estimaba que habría entre 94.000 y 137.000 alojamientos ocupados por funcionarios públicos. Los autores de ese estudio estimaban que el 60% de esas viviendas eran ocupadas por militares; el 28%, por empleados de la educación nacional, y el 12%, por los otros ministerios.

El ministro Woerth argumentó que esas viviendas deben ser otorgadas en "caso de necesidad absoluta de servicio [pero] no pueden servir para alojar a funcionarios que ocupan puestos en forma permanente" en una ciudad. Los departamentos y casas ocupados en forma indebida serán vendidos, agregó. También se venderán unos 25.000 alojamientos que están desocupados. En los casos de viviendas utilizadas para responder a los casos excepcionales, se "aumentarán los alquileres para acercarlos a la realidad del mercado".

Con esa reestructuración del patrimonio inmobiliario, el Estado espera recuperar unos 10.000 millones de euros por la venta de un tercio de las viviendas más una renta cercana a 1000 millones de euros que se obtendrá mediante el reajuste de alquileres.

Otro esfuerzo de austeridad consistirá en reducir el parque automotor del Estado para evitar el despilfarro y los actuales abusos. La flota del Estado cuenta en la actualidad con 72.000 vehículos que fueron asignados a las categorías de servicio o de función, a los cuales hay que agregar otros 17.000 rodados otorgados a establecimientos de la administración pública para el cumplimiento de sus funciones específicas.

Esas cifras, sin embargo, no incluyen los "rodados operacionales" de la policía, gendarmería nacional, aduana y otros servicios esenciales.

En una etapa inicial, se venderán o serán destruidos los 21.000 vehículos que tienen más de siete años de antigüedad. Sólo dos tercios de ese parque será reemplazado. Esa reducción afectará, en particular, los automóviles oficiales, que son generalmente subutilizados, según indicó el ministerio.

El gobierno aprovechará esa modernización para adquirir vehículos más ecológicos, que emitan menos de 130 gramos de CO2 por kilómetro. Se trata, por lo general, de modelos de baja cilindrada, más baratos y con menos costo de mantenimiento.

Pero el aspecto verdaderamente revolucionario de ese proyecto será "externalizar la gestión de esa flota", según anunció el ministro.

En la práctica, se trata de confiar a una empresa privada las tareas de mantenimiento mecánico y lavado. La mayoría de los ministerios poseen garajes y empleados encargados de ese tipo de tareas y de las reparaciones.

El ministerio de Presupuesto también estudia la conveniencia de adoptar un sistema de "compra de prestaciones", que incluiría el lavado y la carga de combustible. Por ahora, sólo el 50% de las prestaciones se realizan a través de cadenas de estaciones de servicio que ofrecen reducciones en el precio del combustible y de los lavados.

Un reciente informe del Tribunal de Cuentas del Estado señaló algunas irregularidades en ese sistema. En particular, menciona "un ritmo de lavados más frecuente de lo necesario" a fin de obtener puntos que permiten acceder a los regalos por "fidelidad" que ofrecen las estaciones de servicio de las grandes empresas petroleras.

Esa política de austeridad tratará de poner en práctica las recomendaciones de un proverbio francés, poco aplicado por el Estado, según el cual "quien no ahorra un centavo nunca tendrá dos".

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