Fracasó la teoría K del derrame

Por: Maximiliano Montenegro.

Por fin, el kirchnerismo aceptó evaluar en el Congreso un amplio plan de subsidios a los menores en situación de pobreza. Es un paso trascendente. Más allá de la retórica, hasta ahora, el matrimonio presidencial había confiado en una nueva versión de la "teoría del derrame". La idea de que el crecimiento, a tasas chinas durante más de seis años, resolvería por sí solo el drama de la pobreza y la regresiva distribución del ingreso fracasó, una vez más.

La administración K apostó a esa fórmula, aunque la disfrazó con un discurso de época. Se suponía que "el modelo productivo de matriz diversificada" –léase tipo de cambio alto con superávit gemelos– quebraría el sistema de excusión social que se instauró desde mediados de los setenta y se profundizó en los noventa. ¿Cómo? Con la creación de millones de puestos de trabajo, es decir, gracias a las fuerzas del mercado… laboral.

(Antes de seguir, una aclaración: si se toman por válidos los últimos números del INDEC de Moreno –15% de pobreza y 4% de indigencia–, el "modelo" fue un éxito rotundo, el hambre en Argentina está en vías de extinción y la discusión sobre el subsidio a los chicos pobres debe interpretarse como una concesión de Cristina al "relato" mediático en un país con mejores indicadores sociales que muchos países desarrollados. Si, en cambio, se admite que la pobreza ronda el 30% y la indigencia supera el 10% se entiende por qué es perentorio que el tema sea prioridad de Estado).

Volvamos. Se crearon, sí, millones de empleos, la desocupación cayó a un dígito, pero la pobreza se mantuvo en niveles en promedio superiores a los de la década menemista. Trabajos precarios, informales (casi cuatro de cada 10 trabajadores), con bajas remuneraciones, en un contexto inflacionario, explican por qué, desde 2007, la pobreza volvió a expandirse.

La nueva versión del teoría del derrame no sólo fue la jugada a que el "modelo" terminara con la marginación social. La propia política oficial privilegió a los asalariados formales, que en promedio cobran el doble que sus pares en negro, brecha que –no casualmente– se agrandó en los últimos años. El Gobierno distribuyó fondos "por arriba" de la pirámide, destinando recursos a trabajadores en blanco de ingresos medios altos, medios y medios bajos, con la esperanza de que derramaran –vía consumo o mayor actividad– al resto de la sociedad.

Un ejemplo, tal vez el más grosero: este año, el Estado dejará de recaudar $ 3.500 millones de pesos del Impuesto a las Ganancias por la eliminación de la tablita de Machinea, que beneficia a menos de 300 mil empleados con sueldos de bolsillo superiores a $ 7.000 pesos. (Es un cálculo conservador: días atrás, el titular de la AFIP me dijo que esa cifra de pérdida de recaudación era un piso).

Por tener una idea de magnitud, el único plan social "nuevo" de la era K, el plan Familias del Ministerio de Desarrollo Social –600 mil beneficiarios–, cuesta 2.400 millones de pesos. Al resto de los planes se dejó que los licuara la inflación. Allí fueron a parar una parte de los beneficiarios del Plan Jefes de Hogar, con el mismo haber de 150 pesos desde abril de 2002, y un presupuesto acotado a unos 1.200 millones de pesos. También se congeló el monto del seguro de desempleo, en 225 pesos desde 2006.

Otro ejemplo: las asignaciones familiares, que esta semana el Gobierno decidió aumentar, sólo están dirigidas a los incluidos del sistema: 4,5 millones de trabajadores registrados, con salarios de hasta 4.800 pesos. Antes del último anuncio, el costo anual de las asignaciones ascendía a 9.000 millones de pesos. En contraste, otros 4 millones de empleados en negro no perciben asignación por hijo alguna.

Otro más: desde que estalló la crisis internacional, el Gobierno priorizó las políticas destinadas a estimular el consumo de los sectores medios (créditos para la compra de 0 km, electrodomésticos, paquetes turísticos, etc), de nuevo, con la expectativa de que la prosperidad goteara sobre los excluidos. Recién después de las elecciones del 28 de junio se anunció el plan social con trabajo en cooperativas, que apunta a la creación de 100.000 puestos de trabajo, con una partida de $ 1500 millones en 2010.

¿Universal o focalizado? Según un estudio de Claudio Lozano y Tomás Raffo, "Geografía de infantilización de la pobreza, IDEF-CTA, diciembre 2008, viven en el país 13,3 millones de menores de 18 años. De ellos, 6,3 millones (el 47%) son pobres, de los cuales 3,1 millones son indigentes. Todos los datos son estimados, porque el INDEC oculta, desde principios de 2007, la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, insumo esencial de cualquier política social. Por su parte, Cristina Fernández admitió que hay "2.808.713 menores de 18 años" sin ninguna cobertura estatal.

A la luz de los datos anteriores, es evidente que el plan de crear 100.000 puestos de trabajo vía cooperativas en el GBA no aspira a resolver sino un mínima fracción del drama. Las disputas de las últimas semanas por el control del programa, además, ratifican la vigencia de las peores prácticas del clientelismo: Kirchner privilegió en el reparto a los intendentes del PJ, que arman cooperativas ad hoc y fijan los cupos con el dedo de los punteros, mientras las organizaciones sociales denuncian haber sido relegadas.

El oficialismo, la oposición y la Iglesia empezaron a discutir en los últimos días cuál debe ser la población objetivo de un subsidio a la niñez. El kirchnerismo hace cálculos sobre los casi 3 millones de menores sin asistencia estatal. La Iglesia sugiere reasignar todos los programas sociales y concentrar los fondos –a razón de 180 por hijo vía tarjeta de la ANSES– en los 6 millones de chicos pobres. Los que defienden un subsidio universal –desde la CTA a la Coalición Cívica– proponen reformular el sistema de asignaciones familiares para la totalidad de los menores, con el propósito de acabar con el clientelismo en la adjudicación.

Por caminos diferentes, Ernesto Kritz, del SEL, y el diputado Claudio Lozano, en un dictamen en minoría sobre el Presupuesto 2010, aportan argumentos muy interesantes a favor de la universalización. Y dejan en evidencia la regresividad del actual reparto estatal: las familias pobres son las de más hijos a cargo, pero también son las que menos ayuda por hijo reciben.

Kritz revela que la mitad de los niños del 30% más pobre de la población (el 80% menores de 14 años) no cobra ninguna subvención. En cambio, sólo el 3% de de los hijos de las familias de mayores ingresos (el 10% mas "rico") se encuentra desprovisto de beneficio estatal. En este segmento, casi todos los hijos están alcanzados por asignaciones familiares y, fundamentalmente, por la deducción de carga de familia en el Impuesto a las Ganancias ($ 5.000 por año por hijo).

La segunda injusticia se refiere al monto de la asistencia pública: por ejemplo, quien gana más de 5.500 pesos mensuales, si es casado, embolsa una asignación implícita por hijo de $ 146 mensuales por la deducción en el Impuesto a las Ganancias. Los asalariados registrados (hasta 2.400 mensuales) perciben 135 por hijo ($ 180 con el aumento). En tanto, "la mayoría de los menores cuyos padres transitan la precariedad laboral no son beneficiarios de ninguna asistencia, salvo que accedan algún plan", como el Familias, que transfieren entre 50 y 90 pesos por hijo.

"El régimen de asignaciones familiares, en un mercado laboral en que prevalece el empleo no registrado, es actualmente incapaz de otorgar alguna ayuda monetaria a por lo menos el 70% de los menores, de los cuales la gran mayoría vive en hogares pobres", dice Lozano. "Las transferencias desde el Estado hacia los menores (vía asignaciones familiares o desgravaciones impositivas) no tienen el efecto redistributivo esperado, al contrario, hoy acentúan la desigualdad", agrega Kritz.

La propuesta de "universalizar" el subsidio a la niñez suele ser denostada a izquierda y derecha del arco político con el argumento de que se derrocharían recursos, porque cobrarían la ayuda estatal los hijos de familias de clase media o media alta. Los estudios de Lozano y Kritz demuestran que hoy, justamente, son los principales beneficiados por el Estado mientras quedan marginados quienes más los necesitan, los chicos en hogares pobres. Al revés de lo que indica el sentido común.

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