Formosa es una de las provincias menos devastadas por los desmontes

Con la reglamentación ayer de la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (conocida como "Ley de Bosques") finaliza un proceso con marchas y contramarchas que tiene años de historia con intereses económicos y ambientales de por medio, donde las provincias jugaron un rol fundamental.
La Ley de Bosques había sido sancionada el 28 de noviembre de 2007, establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.

Además, obliga a las autoridades a realizar un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte. En este sentido Formosa fue una de las primeras provincias en encarar acciones concretas al conformar un equipo integrado por expertos nacionales y locales, quienes desde octubre relevan los aspectos naturales, productivos y sociales de la provincia con el fin de efectuar un ordenamiento territorial.

La norma crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos de cerca de mil millones de pesos al año para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.

400 mil hectáreas deforestadas en la provincia

En octubre de 2008 se creó en la provincia el Ministerio de Producción y Ambiente con el objetivo de "compatibilizar ambos conceptos que históricamente se concibieron como contradictorios", según explicó el titular de esa cartera, Luis Basterra.

Esta decisión se plasmó con la idea fija de lograr que los sistemas productivos posibiliten que las áreas que son intervenidas generen renta, y pueda ser un recurso productivo a perpetuidad.

Como base de esta nueva concepción, el Ministerio avanzó en el proceso de ordenamiento territorial de la provincia, y tras una consulta integral con las entidades profesionales, las sociedades rurales y el movimiento agrario, se arribó a una versión final del programa de ordenamiento que será presentado a principios del año próximo a la cámara legislativa.

La superficie de bosques de Formosa es una de las menos afectadas por el proceso de deforestación, tanto de la Argentina como del resto de América Latina, ocupando una superficie, entre bosques fuertes, medios y bajos, de 5 millones de hectáreas, con unas 100 mil hectáreas bajo cultivo y unas 150 mil bajo pastura.

Según fuentes del Ministerio, en la provincia no se han superado las 400 mil hectáreas con intervención antrópica y hoy muchas de ellas están invadidas por leñosas, o sea que nunca se ha superado el 7 por ciento total de la masa boscosa.

El Programa de Ordenamiento Territorial

Jorge Adámoli, ecólogo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, es el responsable dentro de la cartera productiva formoseña de llevar adelante el "Programa de Ordenamiento Territorial".

Lo que hace este programa es ordenar el territorio, identificar las zonas donde se pueda ir avanzando en el cambio de uso de suelo que van a ser marco de la protección de los recursos naturales.

"Uno de los criterios principales de la propuesta es compartir, buscar el consenso, que es lo que estamos haciendo con toda la sociedad formoseña. Esta experiencia que estamos haciendo acá la vamos a realizar en todo el interior provincial para con el consenso ir viendo de qué manera aprovechamos mejor el territorio en forma ordenada, sustentable, equitativa y justa", afirmó el especialista en ambiente.

En el proyecto se consideran los intereses de los diferentes estratos de productores (pequeños, medianos y grandes), del sector forestal, de los pueblos originarios y de las distintas organizaciones, las no gubernamentales (por ejemplo, Vida Silvestre) y los organismos oficiales, como Parques Nacionales, que coordina la conservación.

"A los cuatro meses, vamos a tener listo un primer documento de ordenamiento territorial, que periódicamente deberá ser revisado para adecuarlo y actualizarlo, combinando políticas de Estado de largo plazo con correcciones de rumbo", señaló Adámoli a un medio nacional.

El documento incluirá mapas que permitan representar la localización de las reservas y de las distintas actividades productivas. El problema puede presentarse cuando un área determinada sea reclamada por diferentes sectores. Por ejemplo, una misma hectárea de bosque puede ser pedida ya sea por agricultores, por los que hacen ganadería, por los forestales, o por los aborígenes, que la querrán como reserva. "Por eso hay que hacer una política que contemple a todos los sectores de la sociedad", destaca el investigador.

Sin permiso para desmontar

El director de Recusrsos naturales y Gestión, Julio Soupet, había considerado en varias oportunidades la facilidad para adaptar al ámbito provincial la Ley de Bosques, ya que "la normativa nacional tiene varios puntos en común con la local".

"Esta ley –que tiene que aprobarse por decreto provincial- va a redundar en beneficios porque se van a establecer cuáles son las áreas que realmente tienen que quedar, que no se deben tocar", afirmó el funcionario, aclarando que "ya las teníamos establecidas por nuestra ley (las reservas, los parques, los bosques en galerías, etcétera), así que mucho no nos va a afectar tener que ‘pintar’ las distintas áreas".

A partir del 26 de diciembre del año pasado la provincia no otorga más permisos para desmontes porque la idea del gobierno provincial es tener aprobado el ordenamiento territorial en primera instancia.

"Con esta nueva ley vamos a tener mayor apoyo para encarar esta tarea con otro tipo de especies, lo cual habla del enriquecimiento de los bosques nativos", finalizó el funcionario.

Las consecuencias del desmonte

Argentina ya perdió el 70% de sus bosques nativos originales. Según datos oficiales citados por la organización ecologista en los últimos diez años se deforestaron más de 2.500.000 hectáreas, lo que representa la pérdida de una hectárea cada dos minutos.

El largo camino de la aplicación de la ley

Miguel Bonasso, en su carácter de diputado provincial, presentó en el año 2004 el proyecto de la Ley reglamentada ayer. Antes había sido sancionada con fuerza de Ley en noviembre del 2007 pero se había establecido un plazo de 90 días para reglamentarla, cosa que no se cumplió hasta catorce meses después.

El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado al Poder Ejecutivo, donde permaneció demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.

Las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación, encabezada por Homero Bibiloni, convocaron nuevamente al Consejo Federal del Medio Ambiente a revisar un nuevo borrador de reglamentación, elaborado el 23 de enero de este año por la misma Secretaría, pero no consultaron a las organizaciones que habían participado del anterior borrador.

Más de setenta organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas de todo el país, "alarmadas por el constante avance de la deforestación", presentaron una carta dirigida al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable y al Consejo Federal del Medio Ambiente, en la que advirtieron sobre "la excesiva demora en su reglamentación".

El alud apuró los tiempos políticos: la presidenta visitó Tartagal, puso en marcha el "Operativo Barro" y finalmente, sancionó la Ley.

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