Sin fondos para erradicar basurales

Sin fondos para erradicar basurales
La Nación no envía el dinero prometido para los programas de saneamiento. Hace 10 años había 600 depósitos a cielo abierto en la provincia. Ahora hay 700. En 1999 los cordobeses generaban 1,25 millón de toneladas de desechos. En la actualidad, 3,5 millones.
La gestión deficitaria de los residuos sólidos urbanos, asociada al alto impacto ambiental de los basurales a cielo abierto, constituye uno de los pasivos ambientales de Córdoba más difíciles de remediar.

Y todo parece indicar que el problema continuará agudizándose debido a la improvisación y la falta de fondos para financiar proyectos de saneamiento. Ahora, por caso, la Nación demora el envío de remesas comprometidas el año pasado para erradicar basurales a cielo abierto.

Para tener una idea más acabada de la magnitud de esta dificultad sanitaria, vale tomar en cuenta un par de referencias objetivas: en 1999, el diagnóstico provincial de los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) determinó que los 427 conglomerados urbanos cordobeses generaban, en conjunto, 1,25 millón de toneladas de basura por año. Entonces había alrededor de 600 basurales a cielo abierto, donde se acumulaban montañas de desperdicios sin tratamiento alguno.

En la actualidad el volumen de basura producido al año en la provincia es de aproximadamente 3,5 millones de toneladas y los sitios donde se acumulan los residuos a la intemperie son más de 700, según la Secretaría de Ambiente de Córdoba.

Obra inconclusa. En el medio, la entonces Agencia Córdoba Ambiente diseñó el Programa Córdoba Limpia, con el objeto de gestionar la totalidad de los RSU que se generan en la provincia y erradicar los basurales a cielo abierto.

La estrategia contemplaba la regionalización de la provincia en 12 áreas, tomando como referencia los puntos de mayor generación de desperdicios.

También introdujo un concepto inapelable desde el sentido común: resulta inviable cualquier proyecto para abordar la problemática si asigna la gestión exclusivamente al municipio.

Sobre esas premisas, planteaba la construcción de una red sanitaria provincial de 12 vertederos controlados y 21 estaciones de transferencia.

En términos generales, el plan fue resistido por organizaciones no gubernamentales, pero respaldado por técnicos en higiene ambiental.

De todos modos, en 2003, la Legislatura cordobesa sancionó la ley para la regulación del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, y Córdoba Limpia se puso en marcha.

Pero no llegó muy lejos. De la docena de vertederos regionales previstos sólo se concretó el de Traslasierra, que se construyó en las afueras de Villa Dolores. Paradójicamente, esta ciudad –la que más basura genera en el valle–, se abrió del sistema y proyecta construir un establecimiento propio para la disposición final de sus residuos.

También se construyó el vertedero de Cruz del Eje, pero recién en el segundo semestre de este año empezaría a recibir la basura de ese departamento y de algunas poblaciones del norte de Punilla (ver Vertedero dormido).

Conspiró contra el Córdoba Limpia la imposibilidad de lograr que el Banco Interamericano de Desarrollo lo financiera en forma completa, ya que la Provincia carecía de los fondos propios necesarios.

A falta de pan... Las actuales autoridades de la Secretaría de Ambiente decidieron reformular el Córdoba Limpia. Así surgió el Programa Integral de Tratamiento de los RSU. Este redujo las denominadas "Regiones limpias" de 12 a cinco: Colón, Calamuchita, Punilla, San Justo y Río Cuarto.

El 19 de diciembre último la propuesta se puso a consideración de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Este organismo lo aprobó técnicamente y se comprometió a aportar unos 45 millones de pesos al año para llevar adelante el plan. Por su parte, la Provincia resolvió, por ley, asignarle 15 millones de pesos provenientes del Impuesto al Fuego. De este monto, el gobernador Juan Schiaretti prometió cinco millones al año al intendente de Córdoba, Daniel Giacomino.

Pero la Nación demora el envío de esos fondos, lo que mantiene prácticamente paralizadas las acciones en el interior.

"Vamos a esperar que pasen las elecciones (legislativas de junio) para ver cómo sigue esta historia", se sinceró el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa.

"Si la plata de la Nación no llega tendremos que poner en marcha el plan B, que contempla, al menos, dos alternativas: distribuir equitativamente los 10 millones propios entre los municipios con problemas de RSU más graves o destinar ese monto a la solución integral de una región por vez", adelantó el funcionario.

Una vez más la falta de fondos obliga a seguir improvisando. Y van...

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