Fondos: Oportunidad de las provincias

Es dudoso que Néstor y Cristina Kirchner logren preservar la viabilidad política del "kirchnerismo", pero hay que reconocer que bajo su influjo la política argentina se resignó a la táctica como ejercicio permanente.
Así, por caso, Julio Cobos sopesa qué hacer en el caso del antes removido y ahora renunciado ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, a la luz de un doble desafío: despegarse de él y, a la vez, no convalidar los manejos del gobierno del que institucionalmente es parte, para no debilitar su rol de contracara del kirchnerismo, sobre el que edifica su candidatura presidencial.

A Alfonso Prat-Gay, ex titular del Central y hoy diputado de la Coalición Cívica, la renuncia le alivió el difícil equilibrio entre la demanda de su partido y de su líder, Elisa Carrió, de no dar más letra a la decisión del gobierno, y su convicción de que el golden boy fue un funcionario acomodaticio y fracasó en su principal misión: combatir la inflación.

Más sencilla es la situación de Gustavo Marconato, el representante del oficialismo, su "dictamen" estaba pre-escrito, y lo mantendrá.

A la especulación de los miembros de una comisión que debía pronunciarse sobre algo ya decidido el gobierno agregó, tras la renuncia de Redrado, la decisión de no aceptársela, aunque, de otro lado, no lo reconocía como tal. En suma, una perfecta farsa.

Reparto entre provincias

Y así fue desde el principio, como muestran los argumentos oficiales respecto del origen del conflicto: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2010, por el cual el gobierno ordenó al Banco Central constituir el "Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad (Fobide)" con 6.569 millones de dólares de sus reservas. Primero, el dinero era una "garantía", luego era para pagar deuda, más tarde para sostener el gasto público corriente, y ya se dice que servirá para repartir entre las provincias.

Según la presidenta, quienes se oponen al Fobide son socios de los "buitres" y quieren endeudar al país. Pero el DNU 2010 es parte de un plan para que el gobierno se endeude a lo grande (otro decreto autoriza la emisión de bonos por 15.000 millones de dólares, sólo en Estados Unidos) y dio a los buitres el mejor argumento que tuvieron en años para litigar contra el país. Otro paso es el canje al que apuesta el ministro de Economía, Amado Boudou.

Un talibán kirchnerista

En sus denuncias sobre buitres y conjuras, la presidenta omite señalar una conexión directa en sus propias filas: Sergio Chodos, el nuevo hombre fuerte del kirchnerismo en el Banco Central.

Chodos asesoró a Boudou en su paso por la Anses y fue uno de los autores intelectuales y jurídicos de la reestatización del sistema previsional y del DNU 2010.

En un paréntesis de sus faenas en los gobiernos K (antes de director del Central, fue asesor en Economía, secretario de Finanzas, funcionario de Medio Ambiente y, tras la reestatización jubilatoria, titular del Fondo de Garantía de la Anses) Chodos trabajó en el estudio Bruchou, Fernández Madero, Lombardi & Mitrani, desde el cual participó como asesor jurídico en la última gran emisión externa de bonos de Buenos Aires, por 475 millones de dólares.

Canje y Bicentenario

El titular de ese estudio es Enrique Bruchou, hermano de Juan Bruchou, presidente en la Argentina de Citibank, una de las tres entidades –las otras son Deutsche Bank y Barclays Capital- que propusieron al gobierno el canje de deuda y tienen mucho para ganar en el mismo, pues compraron a precio de remate gran parte de los bonos en default.

Si el canje y el Fondo del Bicentenario prosperan, esos bancos embolsarán cientos, tal vez miles, de millones de dólares de ganancia. No habría, en principio, nada ilegal en ello, del mismo modo que el juez Norberto Oyarbide no encontró nada ilegal en el astronómico enriquecimiento de los Kirchner, entre cuyos ítems destacados figuran rendimientos bancarios en dólares que envidiaría un buitre.

Hechos vs. palabras

Con Redrado fuera de escena, la desesperación oficial por hacerse de fondos será más y más evidente y el discurso deberá confrontarse con los hechos. Valgan, para empezar, un par de datos sobre el "desendeudamiento": tras la reestructuración de 2005, la deuda pública se redujo en 67.000 millones de dólares, a 126.000 millones. Después del pago al FMI, de siete años de superávits, del Fobide, del nuevo canje y de la "reinserción financiera", superará los 160.000 millones.

¿Cómo entender tanta disonancia entre hechos y palabras?

La hora del "federalismo"

Mientras apura el fin del "caso Redrado", el gobierno piensa en cómo hacerse de los 6.569 millones de dólares de reservas del Banco Central que había ordenado depositar en el "Fondo del Bicentenario" a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2010.

El operativo de seducir a los gobernadores ya comenzó, igual que la cuenta de votos legislativos, luego de que un fallo de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo dispuso, hace una semana, que el gobierno no puede tocar las reservas del Central sin aprobación del Congreso.

Es la oportunidad de que los actuales administradores de las 24 provincias, hagan pesar su importancia en la distribución de los fondos federales, que salvo excepciones, es una tarea de "mendigantes", principalmente para aquellos gobernadores que no gozan de la "simpatías" del matrimonio gobernante.

Tiempos y formas

Pero no están claro ni los tiempos ni la forma en que el Ejecutivo echará mano a las reservas. Ayer, consultado sobre cuándo se constituiría el "Fondo del Bicentenario", Amado Boudou, dijo: "esperemos que sea muy rápido, que la Justicia dé vuelta esta medida o que lo trate el Congreso".

El ministro de Economía no descartó así que el gobierno destrabe el DNU por vía judicial, pero admitió que el tema "eventualmente tendrá tratamiento en el Congreso". El primer intento correrá por cuenta del nuevo Procurador del Tesoro, Joaquín Pedro da Rocha, quien desde ayer remplaza a Osvaldo Guglielmino, a quien el gobierno culpó de los reveses judiciales.

En cualquier caso, Boudou afirmó, reiterando una reciente metáfora avícola de uso presidencial, que el gobierno no va a aflojar "ni un tranco de pollo" para hacerse del dinero.

La Anses, el chanchito que no da más

Es que la necesidad oficial, si bien no era urgente, es muy real. A punto que se barajan alternativas por si el Fondo se demora más de la cuenta. Por caso, Benigno Vélez, secretario Legal y Técnico de Economía, recibió propuestas de operadores del mercado de capitales para que el gobierno se haga de liquidez mediante la venta de participaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social, (Anses), en empresas interesadas en recomprar sus acciones. A través del llamado "Fondo de Garantía de Sustentabilidad", la Anses detenta cerca de 20.000 millones de pesos en una treintena de empresas que cotizan en bolsa.

Pero convertir esos activos en dinero no es sencillo.

El FGS debe ser muy prudente para vender sin deprimir los precios. Además, su principal activo bursátil es la participación en Telecom, empresa que el propio ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dijo podría volver a la órbita estatal si Telecom Italia no vende su parte en Sofora, la sociedad controlante.

Facilitando liquidez

Otro modo de hacerse de dinero de la Anses (que anteayer renovó un crédito de 400 millones de dólares al Tesoro) es que el FGS vaya traspasando sus depósitos a plazo fijo de bancos privados al Banco Nación y amplie la capacidad de éste de prestar al gobierno. Pero esta operatoria no es tan rápida, porque el plazo medio de los depósitos del FGS es de tres meses.

El Banco Central, en tanto, facilitará liquidez con una medida que el presidente interino, Miguel Pesce, ya acordó con el directorio: absorber menos pesos de los que se emiten al comprar dólares (que a su vez aumentan las reservas). Esto, claro, podría alimentar la inflación, riesgo que, a juzgar por el primer informe "post-Redrado", difundido ayer, no parece preocupar al "nuevo" Central, como tampoco, en verdad, preocupaba al de la era Redrado.

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