Si algo sobra en la provincia es maíz. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos de Córdoba, Julián López, autorizó la compra de mil toneladas del cereal a una empresa de Rufino (Santa Fe) y a un precio considerablemente más elevado que el de mercado.

A través de una contratación directa, el titular de la cartera agropecuaria de la provincia autorizó en marzo pasado la compra de mil toneladas de maíz en condición cámara en bolsas de 50 kilos cada una para ganado bovino del sector lácteo a la empresa Agromae SRL, con domicilio fiscal en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe. El argumento de la compra fue paliar la crítica situación de la zona lechera a causa de las inundaciones del verano, que afectaron cultivos y redujeron las reservas para alimentar el ganado.

A través de una contratación directa, el ministro pagó $ 2.140 la tonelada de maíz a empresa santafesina, cuando en la Bolsa de Rosario cotizaba a menos de $ 1.000 y en las firmas cordobesas se conseguía a unos $ 700 la tonelada. 

Llama la atención que la cartera agropecuaria no haya realizado la adquisición del cereal a empresas cordobesas, que se ven perjudicadas por los costos logísticos para colocar el cereal en el puerto, quitándole así competitividad. 

Al hecho de haber contratado una empresa foránea, se suma la cifra que se abonó: $ 2.140.000 por mil toneladas; es decir, $ 2.140 la tonelada, según se desprende de la información a la que tuvo acceso este medio.

En esa época, el maíz cotizaba entre $ 920 y $ 970 la tonelada, dependiendo el día del mes, en la Bolsa de Comercio de Rosario y en empresas ubicadas en la zona de influencia de Jesús María se podía conseguir en alrededor de $ 700 la tonelada a raíz del menor monto del flete a abonar, de acuerdo a las consultas realizadas.

Es decir que la Provincia pagó casi tres veces más a una empresa santafesina, perjudicando a economías regionales locales. Y además, podría haber comprado por el monto pagado 3.000 toneladas en lugar de las mil abonadas.

Fondos nacionales

El tercer dato no menor de la operación es que esta compra se financió con fondos nacionales; lo cual implica un perjuicio también en el manejo de fondos de terceros; en este caso, la administración central.

A todas luces, esta decisión de López es cuestionable, ya que en principio no respeta el “Compre Córdoba”, tan defendido por la administración de Unión por Córdoba (UPC) a lo largo de sus distintas gestiones de gobierno y si bien no está vigente, es una norma implícita que debe privilegiarse a empresas cordobesas, que tributan en la provincia y generan empleo. 

El Ministerio hizo una contratación directa, lo cual está habilitado ante una situación de emergencia, que fue declarada a través del Decreto N° 127/2015.

No obstante, la decisión de López de contratar a una empresa santafesina, abonando un monto mayor a lo que podía conseguir en Córdoba, con fondos nacionales deja tela para cortar.