Fondos del PAF y la Caja: Accastello confirmó que Economía los destraba

Como vocero K, el intendente de Villa María, anticipó que Juan Carlos Pezzoa le ratificó la llegada de los fondos.

Pese a la tensión política existente entre Córdoba y la Nación, las autoridades provinciales confían en que las cuotas correspondientes al Programa de Asistencia Financiera (PAF) no se podrán demorar demasiado tiempo. Sobre el tema, Eduardo Accastello aseguró anoche en declaraciones a Canal 10 que Juan Carlos Pezzoa, secretario de Hacienda de la Nación, le confirmó que están los fondos para Córdoba, aunque no especificó si hablaba del PAF y la Caja o de uno de ellos.

Es que desde su creación hasta la actualidad, ninguno de los convenios de refinanciación firmados entre la Nación y las provincias ha sido violado expresamente. Con ese convencimiento, Córdoba aguarda no tener que elevar sus reclamos de la sede administrativa a la judicial para que se desembolsen las cuotas atrasadas; por ahora la Nación dejó de enviar los montos de marzo y abril, por lo que ya acumuló una mora de 120 millones de pesos y si la situación persiste hasta las elecciones, ese pasivo crecerá al doble. Vale recordar que el acuerdo firmado implicó el refinanciamiento de 600 millones de pesos, el equivalente a 2/3 de los vencimientos de la deuda provincial en 2009.

Schiaretti dijo días atrás que "la Nación tiene que cumplir el pago porque es una ley y además porque el sistema por el cual se distribuyen los fondos del PAF es un Fondo Fiduciario y si no se cumple con el pago de los que conforman ese fondo quienes lo administran tienen responsabilidad penal". Desde la consultora especializada en finanzas públicas, Economía & Regiones, afirmaron que los acuerdos como el PAF no contemplan ningún tipo de sanciones ante el incumplimiento de lo pactado, por lo que a priori el reclamo no podría trascender la esfera administrativa; sin embargo existiría la posibilidad de que, ante una denuncia, la Justicia pudiera perseguir penalmente a las autoridades que administran el Fondo Fiduciario una vez que se presumiera que cometieron algún delito, esto es, administración fraudulenta, malversación de fondos o alguna otra figura jurídica que no parece demasiado fácil de encuadrar legalmente y menos aún de probar ante un juez federal.

En realidad, la mayor garantía de la que Nación finalmente normalizará los envíos de los fondos es el estricto cumplimiento que ha tenido de este tipo de convenios, tanto a través del original Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) como de su sucesor, el actual PAF. "Más allá de que pudiera haber algún retraso en las cuotas, no conocemos ningún antecedente de que la Nación simplemente haya desconocido lo que se firmó", agregaron desde E&R.

Constituido por el Decreto 286/1995 para financiar la privatización de los bancos oficiales de las provincias, en la actualidad este fideicomiso auxilia a aquellas jurisdicciones que lo soliciten, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 25.917. Allí se lee: "El gobierno nacional... podrá implementar programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento correspondiente, en tanto observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con esta ley. Los programas se instrumentarán a través de acuerdos bilaterales, en la medida de las posibilidades financieras del gobierno nacional y garantizando la sustentabilidad de su esquema fiscal y financiero, y el cumplimiento de sus compromisos suscriptos con Organismos Multilaterales de Crédito". El problema es justamente que las posibilidades financieras del gobierno nacional hoy son bastante más acotadas que las de un año atrás.

Distinto es el acuerdo con la Caja de Jubilaciones, donde la Nación sí tiene mayor poder de discrecionalidad. Y este flanco es para la Provincia mucho más débil: con un déficit real proyectado en torno a los mil millones de pesos, el organismo previsional supone el mayor dolor de cabeza.

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